Uno de los primeros objetivos que se planteó el nuevo superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, fue un plan de choque para avanzar en cerca de 2.500 procesos de insolvencia. Ambiciosa meta que, bien sea a través de la reorganización o un proceso de liquidación, busca sacar de la quiebra a miles de empresas del país. Sin embargo, en el interior de la Supersociedades no hay mucha esperanza. No solo se dice en los pasillos que aún no hay un camino claro sobre el funcionamiento de la entidad para los próximos cuatro años, sino que se habla con insistencia de que la superintendente delegada para procedimientos de insolvencia, Susana Hidvegi, ya tiene más de un impedimento para participar en varios casos delicados.
El 7 de noviembre de 2018 cambió la administración de la Supersociedades. Juan Pablo Liévano, junto a su grupo de asesores y delegados, llegó a dirigir la entidad. Uno de los pesos pesados del mundo del derecho financiero que llegó junto a Liévano fue la abogada Susana Hidvegi. Con más de 13 años de experiencia, Hidvegi llegó a la delegatura tras trabajar en la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, en calidad de asociada de Brigard Urrutia Abogados, y durante un año en la reconocida firma extranjera Dechert LLP. También ha sido profesora en distintas universidades y cuenta con una especialización en derecho financiero de la Universidad del Rosario y un máster en leyes de la Universidad de California.
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Sin embargo, a pesar de su amplia hoja de vida, Hidvegi llegó con una decena de impedimentos a su cargo como superintendente delegada para procedimientos de insolvencia. La razón: desde 2011 fue la directora del equipo de litigios, arbitraje e insolvencia de Brigard Urrutia Abogados y conoció de primera mano los principales procesos de reorganización y liquidación que se adelantaban en Supersociedades como asesora de varios acreedores, es decir, a quienes las empresas les debían plata. Hasta el momento, luego de indagar reiteradas veces a Supersociedades si tenían un listado de los impedimentos de Hidvegi, El Espectador encontró dos resoluciones en las que se declaró inhabilitada para conocer casos.
Se trata de los procesos por la masiva y multimillonaria estafa en los mercados de libranzas que han dejado miles de millones en pérdidas económicas. Tanto en el procedimiento de liquidación de Estraval S.A. como en el de la firma Elite International Américas S.A.S., Susana Hidvegi presentó su impedimento. “Antes de asumir el cargo de Superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia, conocí el proceso mencionado, como asesora de terceros interesados dentro del proceso”, se lee, por ejemplo, en el auto del pasado 16 de enero en el que declaró su impedimento en relación con Estraval. Ese día hizo lo mismo en el expediente de Elite, en el que explicó que ejerció como asesora de acreedores.
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Para evitar que los impedimentos ocasionaran traumatismos y demoras, en su reemplazo se designó a Francisco Hernando Ochoa, superintendente delegado para procedimientos mercantiles, para que conociera de estos últimos casos. Y fue precisamente él quien aprobó la fórmula para pagar a las víctimas de Elite una pequeña porción de sus millonarias pérdidas. De $413.000 millones. Las miles de personas que se acreditaron como acreedoras recibieron $41.000 millones, algo menos del 10 % de lo que se esfumó en la estafa provocada por José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Salgado y el español Francisco Javier Odriozola, los socios fundadores de la empresa Elite en 2011.
Hasta el momento se desconoce la cantidad de procesos en los que Susana Hidvegi deberá declararse impedida. Fuentes consultadas indicaron que tendría que aplicar la misma fórmula de Elite y Estraval en procesos como la reorganización de Masivo Capital, una de las empresas del Sistema Integrado de Transporte que busca salvar su operación, y de Conalvías, una de las grandes firmas de infraestructura, caída en desgracia tras verse salpicada en escándalos de corrupción. Ambos procesos los habría conocido como abogada litigante. Los reclamos a la delegada para procedimientos de insolvencia apuntan a que en la gran mayoría de casos calificados como tipo A, es decir, empresas de mayor complejidad, no podrá participar por su pasado en Brigard Urrutia.
En pocas palabras, si bien la trayectoria de Susana Hidvegi la acredita para ocupar la posición que hoy detenta, sus impedimentos podrían resultar ser un obstáculo para desempeñar a plenitud el cargo. La complejidad de la delegatura para procedimientos de insolvencia es de tal magnitud que varios de los exsuperintendentes que han pasado por el cargo han terminado con denuncias penales e investigaciones. Es por esta razón que se critica la designación de Hidvegi, pues su trabajo no puede reducirse a manejar casos de empresas tipo B o C. Se requiere conocimiento y dirección para solventar los problemas legales que a diario surgen en los procesos de reorganización e insolvencia de empresas de larga trayectoria nacional.
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En la actualidad, solamente en Bogotá, Supersociedades estudia 238 solicitudes de empresas para ser admitidas en proceso de reorganización y 22 que buscan la liquidación judicial. Además, solo en la capital, actualmente existen 1.116 expedientes de insolvencia, y a nivel regional, 1.200. La propuesta del superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, es “conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”. Sin embargo, fuentes de la entidad consultadas sostuvieron que durante estos primeros meses de gestión, Liévano y su equipo se han centrado en transformar la visión y misión en la Supersociedades, y advirtieron que pocas o nulas han sido las directrices en temas operativos. Por el momento, lo más importante es que los procesos no se frenen y las víctimas no se queden a la deriva.