Mario Paciolla: ¿el costo de la caída de un ministro?
La posible fuga de información desde la Misión de Verificación de la ONU sobre un reporte suyo del bombardeo donde murieron siete adolescentes abre nuevos interrogantes sobre el aparente suicidio del voluntario italiano.
Claudia Julieta Duque, especial para El Espectador
“Esta noche escucharemos las grietas de historias de los gritos de los estrangulados por la noche en la noche”.
Nathalie Handal.
En noviembre de 2019, mientras estaba de vacaciones en Nápoles, Mario Paciolla pidió borrar sus poemas de varios sitios web culturales de Francia e Italia, eliminó fotografías personales y familiares de sus redes sociales, convirtió su cuenta de Facebook en privada, cambió contraseñas y, aunque dejó abiertas sus cuentas de Twitter, suprimió sus trinos. Al mismo tiempo, le pidió a un amigo realizar una copia de seguridad de la información de su computador personal, y a su padre, Giuseppe Paciolla, separar la conexión a internet que compartían su apartamento y la casa familiar.
Entre el 19 y el 21 de noviembre, aún en Colombia, Mario Paciolla comentó a varias personas cercanas que él y algunos de sus compañeros de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas asignados a la oficina de San Vicente del Caguán (Caquetá) sufrieron ataques cibernéticos tras el escándalo que dos semanas atrás había provocado la caída del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
El voluntario de la ONU documentó junto a sus colegas de Misión los detalles del bombardeo del 29 de agosto en la vereda Aguas Claras, del municipio de San Vicente del Caguán, contra el campamento de Rogelio Bolívar Córdova, alias Gildardo el Cucho, en el que murieron siete menores de edad entre los 12 y 17 años. Por denuncias periodísticas luego se supo que varios más fueron rematados en tierra.
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Con la rigurosidad que lo caracterizaba, Mario Paciolla fue uno de los encargados de verificar las circunstancias del bombardeo, en particular la muerte de los adolescentes reclutados por el Cucho, comandante de las disidencias de los frentes 7, 40 y 62 de las Farc, así como el posterior desplazamiento forzado de sus familias y las amenazas al personero de Puerto Rico, Herner Evelio Carreño, quien de forma previa informó a las Fuerzas Militares el reclutamiento de menores de edad en la zona.
Paciolla —encontrado muerto en su apartamento el 15 de julio pasado, ocho meses después del incidente— se sentía en peligro, traicionado y molesto con sus superiores, e informó a su círculo cercano que había solicitado su traslado a otra sede de la Misión tras enterarse de que, por decisión de Raúl Rosende, director del área de Verificación del organismo, apartes de sus informes llegaron a manos del senador del partido de la U Roy Barreras, cuyas denuncias en la segunda moción de censura a Botero, el 5 de noviembre, asestaron un golpe a la cúpula militar y forzaron la renuncia del ministro.
La filtración
Durante su paso por el Ministerio, Botero hizo lobby para que el mandato de la Misión, que se renueva cada septiembre, no fuera aprobado para 2019, y eso había generado molestia. Fuentes aseguran que en más de una oportunidad el exministro se negó a recibir a la Misión, y en la primera reunión oficial con el mexicano Carlos Ruiz Massieu, jefe máximo del organismo, agradeció por su labor y al término de la misma espetó: “Ya nosotros seguimos”, expresión interpretada como una despedida anticipada por decisión de las Fuerzas Militares.
La determinación de filtrar la información sobre el bombardeo, de carácter sensible y confidencial, fue tomada en las últimas semanas de octubre por funcionarios que, coordinados por Rosende, seleccionaron la documentación que sería entregada para el debate de moción de censura del senador Barreras a raíz del asesinato del desmovilizado Dimar Torres en Catatumbo y otras denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016.
La filtración con destino al senador Barreras —que vulneró las normas que rigen la Misión— no fue consultada con Ruiz Massieu, dadas las reservas que genera internamente por su supuesta cercanía con el gobierno de Iván Duque y el uribismo. No era la primera vez que Rosende ocultaba información a Ruiz Massieu. Como responsable de las delegaciones regionales y locales de la Misión, el uruguayo bloqueó el acceso de informes a su jefe. “La información es oro en polvo y quien la maneja a su antojo es Raúl Rosende”, indicó una fuente.
El ocultamiento a Ruiz Massieu y el peligro que implicó la filtración para los funcionarios que levantaron en terreno la información sobre el bombardeo —entre quienes estaba Mario Paciolla— generaron una división interna en la Misión durante las semanas siguientes al debate. Hubo desde quienes celebraron la caída del ministro hasta aquellos que, al prever eventuales retaliaciones de las Fuerzas Militares, reclamaron por la fuga de información y la ruptura de los canales oficiales de comunicación con el Gobierno.
Al ser consultado Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, negó haber recibido material alguno de la Misión de Verificación de la ONU sobre el bombardeo en el Caguán, y reiteró que sus fuentes fueron oficiales activos del Ejército descontentos por el accionar militar y los abusos contra los derechos humanos que han sido materia de debate público. “Desconozco cómo obtuvieron ellos esa información, pero lo que sí puedo asegurar con total contundencia es que no recibí de la Misión ningún documento para ese debate ni para ningún otro”.
La Misión, por su parte, se negó a responder las preguntas formuladas por esta periodista para esclarecer este caso. Además, Ruiz Massieu la bloqueó en Whatsapp. La jefa de prensa del organismo, Liliana Garavito, se limitó a remitir la declaración de Farhan Haq, vocero de António Guterres, secretario general de la ONU, entregada el 3 de agosto en Nueva York tras dos artículos de El Espectador que denunciaron la obstrucción a la justicia en el caso Mario Paciolla y la alteración de la escena de los hechos.
No obstante, siete fuentes de alta credibilidad en el interior de la Misión, que accedieron a hablar bajo condición de anonimato, dieron detalles particulares —que esta periodista se abstiene de publicar para no ponerlas en riesgo— sobre las discusiones y el intercambio de correos encriptados en los días previos al debate del 5 de noviembre, el júbilo tras la renuncia de Botero, los conflictos internos ocasionados por la filtración de la información y el rol de Mario Paciolla en la verificación del bombardeo, así como el hackeo a varios funcionarios de la Misión.
Fue en ese contexto que Mario Paciolla empezó a expresar que se sentía “traicionado”, “usado” y “sucio” en la Misión, y se preocupó por eliminar todo rastro suyo de la nube. “No quiero que nadie pueda decir que soy amigo de alguien o me pueda relacionar con alguien en Facebook”, afirmó a finales de diciembre. No era para menos: su trabajo fue utilizado para la ejecución de un ataque político de gran envergadura que cobró la cabeza del ministro de Defensa y dejó en grave peligro a quienes realizaron la verificación en campo.
El voluntario viajó a Italia el 23 de noviembre y regresó a Colombia el 27 de diciembre, para reintegrarse a su trabajo en San Vicente del Caguán a comienzos de enero, desde donde pidió su traslado. El 11 de julio pasado comunicó a su familia que se sentía en grave peligro y le urgía regresar. Ese mismo día, en una conversación vía chat con un allegado, Paciolla escribió en italiano: “Quiero olvidarme para siempre de Colombia. Colombia ya no es segura para mí. No quiero poner un pie otra vez en este país ni en la ONU. No es para mí. Pedí el cambio hace rato y no me lo dieron. Quiero una nueva vida, lejos de todo”.
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La junta de inteligencia en la Misión
Un mes antes de la renuncia del mindefensa, Guillermo Botero, previo a las elecciones regionales de octubre de 2019, otra fuga de información en Antioquia puso también en riesgo a personal en terreno de la Misión, la mayoría voluntarios de la ONU, quienes entregaron un reporte que incluía la hipótesis de responsabilidad de las Fuerzas Militares en un atentado inicialmente atribuido a la guerrilla del Eln.
El reporte de verificación, realizado en el formato establecido por la ONU, en el que quedan consignados los nombres de sus autores y detalles específicos que permiten la trazabilidad de fuentes fue filtrado al brigadier general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Al conocerlo, Díaz montó en cólera y llamó al jefe de la Misión en Antioquia, el catalán Francesc Claret. Fue tal el malestar en las Fuerzas Militares y el temor que causó la llamada del general, que el propio Raúl Rosende viajó de urgencia a Medellín para recomponer las relaciones con la brigada y calmar a los miembros de la Misión.
Este hecho se sumó a otros similares ocurridos durante los últimos dos años en diferentes zonas del país que, pese a haber tenido menores repercusiones, han incrementado la sensación de desprotección del personal de la Misión encargado de verificar el cumplimiento de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc: reincorporación a la vida civil y garantías para la participación política, y garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales.
De acuerdo con fuentes de la Misión, todos los incidentes de fuga o filtración de información han tenido un denominador común: el capitán de navío retirado de la Armada Ómar Cortés Reyes, contratista de la Misión desde la época del francés Jean Arnault, quien pese a su carácter de consultor recibe en su correo los documentos de verificación de la Misión, a los cuales solo pueden acceder los autores, sus jefes directos en las regiones y un número restringido de funcionarios de alto nivel en Bogotá. En manos equivocadas, tales reportes podrían comprometer la seguridad del personal de la Misión, ya que se trata de informes diarios, semanales, quincenales, situacionales, fichas de verificación, de carácter confidencial.
Cortés Reyes, cuyo grado equivale al de teniente coronel, fue uno de los siete militares que hicieron parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto en la mesa de negociaciones de La Habana sobre el punto de cese al fuego y dejación de armas. Fue director de Inteligencia de la Armada Nacional y, en tal calidad, integró la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), máximo organismo encargado de la elaboración de análisis de inteligencia y contrainteligencia para la toma de decisiones de alto nivel por parte del gobierno nacional, entre ellas las relacionadas con operaciones militares y la seguridad nacional.
Cortés y su jefe directo en la Misión, el peruano Yhon Medina Vivanco, jefe del área de Garantías de Seguridad, comparten con los altos mandos los reportes de los funcionarios de campo con el argumento de que pretenden construir confianza con los uniformados. “Nos usan para afianzar relaciones políticas de alto nivel y nos dejan en riesgo mediante un manejo irresponsable de información sensible, cuyo único resultado es el fortalecimiento de labores de inteligencia en contra nuestra originadas en la propia Misión”, asegura un voluntario que se retiró del organismo luego de una situación similar a la sufrida por Mario Paciolla.
El mouse de Mario Paciolla
Al igual que las investigaciones internas de la Misión, la indagación de la Fiscalía sobre el caso de Mario Paciolla tampoco da muestras de grandes avances. El mutismo de la entidad, que parece confirmar el pacto de silencio entre las autoridades colombianas, la embajada italiana y la Misión denunciado por Maurizio Salvi, corresponsal de la agencia ANSA en América Latina, no ha sido óbice para que tanto en Italia como en Colombia se conozcan detalles como los denunciados por El Espectador sobre la destrucción de evidencias en el apartamento donde murió el voluntario.
El último de ellos está relacionado con el hallazgo en la sede de la ONU en Bogotá del mouse del computador de Paciolla, que funcionarios del Departamento de Salvaguarda y Seguridad de las Naciones Unidas sustrajeron junto con otras pertenencias el 16 de julio, un día después de la muerte del voluntario, coordinados, según el diario italiano La Repubblica, por el jefe de Seguridad de la Misión en el Caguán, el militar retirado del Ejército Christian Leonardo Thompson Garzón.
El dispositivo aparece en el inventario enviado por la Misión a la familia de Paciolla Motta que, pese a los anuncios de la ONU en Nueva York, aún no ha recibido ninguno de los efectos personales de su hijo. Lo que no se sabía hasta ahora es que una prueba técnica realizada por funcionarios de la Fiscalía arrojó que el mouse estaba impregnado de sangre y, aun así, fue limpiado y retirado por la ONU de la vivienda de Mario Paciolla, ubicada en el barrio Villa Ferro, del municipio de San Vicente del Caguán.
La aparición del mouse en la sede central de la Misión fue confirmada por tres fuentes de esa organización, indignadas por el alto grado de responsabilidad de Christian Thompson, oficial retirado del Ejército colombiano y, hasta su vinculación a la ONU, consultor en temas de seguridad para empresas multinacionales en varias partes del mundo.
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Germán Romero, abogado en Colombia de la familia Paciolla, dice no conocer del hallazgo del mouse con sangre en las oficinas de la Misión en Bogotá, pues todavía no ha tenido acceso al expediente completo, ni menos aún si temas como el informe del bombardeo a alias el Cucho o la presencia del capitán Cortés Reyes han sido ventilados en el proceso penal.
En la Misión pocas cosas han cambiado, con excepción del cierre de la oficina en San Vicente del Caguán, explicado como un acto de prevención frente a situaciones de extrema presión que podrían ocasionar “otro suicidio”. Ruiz Massieu es criticado en voz baja por sus colegas dada su pasividad, falta de liderazgo e incapacidad para depurar una organización donde pululan investigaciones internas archivadas, traslados y ascensos de funcionarios por conveniencia, además del temor latente y el silenciamiento de facto que se impuso luego del deceso de Mario Paciolla.
La Fiscalía guarda silencio.
“Esta noche escucharemos las grietas de historias de los gritos de los estrangulados por la noche en la noche”.
Nathalie Handal.
En noviembre de 2019, mientras estaba de vacaciones en Nápoles, Mario Paciolla pidió borrar sus poemas de varios sitios web culturales de Francia e Italia, eliminó fotografías personales y familiares de sus redes sociales, convirtió su cuenta de Facebook en privada, cambió contraseñas y, aunque dejó abiertas sus cuentas de Twitter, suprimió sus trinos. Al mismo tiempo, le pidió a un amigo realizar una copia de seguridad de la información de su computador personal, y a su padre, Giuseppe Paciolla, separar la conexión a internet que compartían su apartamento y la casa familiar.
Entre el 19 y el 21 de noviembre, aún en Colombia, Mario Paciolla comentó a varias personas cercanas que él y algunos de sus compañeros de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas asignados a la oficina de San Vicente del Caguán (Caquetá) sufrieron ataques cibernéticos tras el escándalo que dos semanas atrás había provocado la caída del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
El voluntario de la ONU documentó junto a sus colegas de Misión los detalles del bombardeo del 29 de agosto en la vereda Aguas Claras, del municipio de San Vicente del Caguán, contra el campamento de Rogelio Bolívar Córdova, alias Gildardo el Cucho, en el que murieron siete menores de edad entre los 12 y 17 años. Por denuncias periodísticas luego se supo que varios más fueron rematados en tierra.
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Con la rigurosidad que lo caracterizaba, Mario Paciolla fue uno de los encargados de verificar las circunstancias del bombardeo, en particular la muerte de los adolescentes reclutados por el Cucho, comandante de las disidencias de los frentes 7, 40 y 62 de las Farc, así como el posterior desplazamiento forzado de sus familias y las amenazas al personero de Puerto Rico, Herner Evelio Carreño, quien de forma previa informó a las Fuerzas Militares el reclutamiento de menores de edad en la zona.
Paciolla —encontrado muerto en su apartamento el 15 de julio pasado, ocho meses después del incidente— se sentía en peligro, traicionado y molesto con sus superiores, e informó a su círculo cercano que había solicitado su traslado a otra sede de la Misión tras enterarse de que, por decisión de Raúl Rosende, director del área de Verificación del organismo, apartes de sus informes llegaron a manos del senador del partido de la U Roy Barreras, cuyas denuncias en la segunda moción de censura a Botero, el 5 de noviembre, asestaron un golpe a la cúpula militar y forzaron la renuncia del ministro.
La filtración
Durante su paso por el Ministerio, Botero hizo lobby para que el mandato de la Misión, que se renueva cada septiembre, no fuera aprobado para 2019, y eso había generado molestia. Fuentes aseguran que en más de una oportunidad el exministro se negó a recibir a la Misión, y en la primera reunión oficial con el mexicano Carlos Ruiz Massieu, jefe máximo del organismo, agradeció por su labor y al término de la misma espetó: “Ya nosotros seguimos”, expresión interpretada como una despedida anticipada por decisión de las Fuerzas Militares.
La determinación de filtrar la información sobre el bombardeo, de carácter sensible y confidencial, fue tomada en las últimas semanas de octubre por funcionarios que, coordinados por Rosende, seleccionaron la documentación que sería entregada para el debate de moción de censura del senador Barreras a raíz del asesinato del desmovilizado Dimar Torres en Catatumbo y otras denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016.
La filtración con destino al senador Barreras —que vulneró las normas que rigen la Misión— no fue consultada con Ruiz Massieu, dadas las reservas que genera internamente por su supuesta cercanía con el gobierno de Iván Duque y el uribismo. No era la primera vez que Rosende ocultaba información a Ruiz Massieu. Como responsable de las delegaciones regionales y locales de la Misión, el uruguayo bloqueó el acceso de informes a su jefe. “La información es oro en polvo y quien la maneja a su antojo es Raúl Rosende”, indicó una fuente.
El ocultamiento a Ruiz Massieu y el peligro que implicó la filtración para los funcionarios que levantaron en terreno la información sobre el bombardeo —entre quienes estaba Mario Paciolla— generaron una división interna en la Misión durante las semanas siguientes al debate. Hubo desde quienes celebraron la caída del ministro hasta aquellos que, al prever eventuales retaliaciones de las Fuerzas Militares, reclamaron por la fuga de información y la ruptura de los canales oficiales de comunicación con el Gobierno.
Al ser consultado Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, negó haber recibido material alguno de la Misión de Verificación de la ONU sobre el bombardeo en el Caguán, y reiteró que sus fuentes fueron oficiales activos del Ejército descontentos por el accionar militar y los abusos contra los derechos humanos que han sido materia de debate público. “Desconozco cómo obtuvieron ellos esa información, pero lo que sí puedo asegurar con total contundencia es que no recibí de la Misión ningún documento para ese debate ni para ningún otro”.
La Misión, por su parte, se negó a responder las preguntas formuladas por esta periodista para esclarecer este caso. Además, Ruiz Massieu la bloqueó en Whatsapp. La jefa de prensa del organismo, Liliana Garavito, se limitó a remitir la declaración de Farhan Haq, vocero de António Guterres, secretario general de la ONU, entregada el 3 de agosto en Nueva York tras dos artículos de El Espectador que denunciaron la obstrucción a la justicia en el caso Mario Paciolla y la alteración de la escena de los hechos.
No obstante, siete fuentes de alta credibilidad en el interior de la Misión, que accedieron a hablar bajo condición de anonimato, dieron detalles particulares —que esta periodista se abstiene de publicar para no ponerlas en riesgo— sobre las discusiones y el intercambio de correos encriptados en los días previos al debate del 5 de noviembre, el júbilo tras la renuncia de Botero, los conflictos internos ocasionados por la filtración de la información y el rol de Mario Paciolla en la verificación del bombardeo, así como el hackeo a varios funcionarios de la Misión.
Fue en ese contexto que Mario Paciolla empezó a expresar que se sentía “traicionado”, “usado” y “sucio” en la Misión, y se preocupó por eliminar todo rastro suyo de la nube. “No quiero que nadie pueda decir que soy amigo de alguien o me pueda relacionar con alguien en Facebook”, afirmó a finales de diciembre. No era para menos: su trabajo fue utilizado para la ejecución de un ataque político de gran envergadura que cobró la cabeza del ministro de Defensa y dejó en grave peligro a quienes realizaron la verificación en campo.
El voluntario viajó a Italia el 23 de noviembre y regresó a Colombia el 27 de diciembre, para reintegrarse a su trabajo en San Vicente del Caguán a comienzos de enero, desde donde pidió su traslado. El 11 de julio pasado comunicó a su familia que se sentía en grave peligro y le urgía regresar. Ese mismo día, en una conversación vía chat con un allegado, Paciolla escribió en italiano: “Quiero olvidarme para siempre de Colombia. Colombia ya no es segura para mí. No quiero poner un pie otra vez en este país ni en la ONU. No es para mí. Pedí el cambio hace rato y no me lo dieron. Quiero una nueva vida, lejos de todo”.
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La junta de inteligencia en la Misión
Un mes antes de la renuncia del mindefensa, Guillermo Botero, previo a las elecciones regionales de octubre de 2019, otra fuga de información en Antioquia puso también en riesgo a personal en terreno de la Misión, la mayoría voluntarios de la ONU, quienes entregaron un reporte que incluía la hipótesis de responsabilidad de las Fuerzas Militares en un atentado inicialmente atribuido a la guerrilla del Eln.
El reporte de verificación, realizado en el formato establecido por la ONU, en el que quedan consignados los nombres de sus autores y detalles específicos que permiten la trazabilidad de fuentes fue filtrado al brigadier general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Al conocerlo, Díaz montó en cólera y llamó al jefe de la Misión en Antioquia, el catalán Francesc Claret. Fue tal el malestar en las Fuerzas Militares y el temor que causó la llamada del general, que el propio Raúl Rosende viajó de urgencia a Medellín para recomponer las relaciones con la brigada y calmar a los miembros de la Misión.
Este hecho se sumó a otros similares ocurridos durante los últimos dos años en diferentes zonas del país que, pese a haber tenido menores repercusiones, han incrementado la sensación de desprotección del personal de la Misión encargado de verificar el cumplimiento de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo de Paz entre Gobierno y Farc: reincorporación a la vida civil y garantías para la participación política, y garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales.
De acuerdo con fuentes de la Misión, todos los incidentes de fuga o filtración de información han tenido un denominador común: el capitán de navío retirado de la Armada Ómar Cortés Reyes, contratista de la Misión desde la época del francés Jean Arnault, quien pese a su carácter de consultor recibe en su correo los documentos de verificación de la Misión, a los cuales solo pueden acceder los autores, sus jefes directos en las regiones y un número restringido de funcionarios de alto nivel en Bogotá. En manos equivocadas, tales reportes podrían comprometer la seguridad del personal de la Misión, ya que se trata de informes diarios, semanales, quincenales, situacionales, fichas de verificación, de carácter confidencial.
Cortés Reyes, cuyo grado equivale al de teniente coronel, fue uno de los siete militares que hicieron parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto en la mesa de negociaciones de La Habana sobre el punto de cese al fuego y dejación de armas. Fue director de Inteligencia de la Armada Nacional y, en tal calidad, integró la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), máximo organismo encargado de la elaboración de análisis de inteligencia y contrainteligencia para la toma de decisiones de alto nivel por parte del gobierno nacional, entre ellas las relacionadas con operaciones militares y la seguridad nacional.
Cortés y su jefe directo en la Misión, el peruano Yhon Medina Vivanco, jefe del área de Garantías de Seguridad, comparten con los altos mandos los reportes de los funcionarios de campo con el argumento de que pretenden construir confianza con los uniformados. “Nos usan para afianzar relaciones políticas de alto nivel y nos dejan en riesgo mediante un manejo irresponsable de información sensible, cuyo único resultado es el fortalecimiento de labores de inteligencia en contra nuestra originadas en la propia Misión”, asegura un voluntario que se retiró del organismo luego de una situación similar a la sufrida por Mario Paciolla.
El mouse de Mario Paciolla
Al igual que las investigaciones internas de la Misión, la indagación de la Fiscalía sobre el caso de Mario Paciolla tampoco da muestras de grandes avances. El mutismo de la entidad, que parece confirmar el pacto de silencio entre las autoridades colombianas, la embajada italiana y la Misión denunciado por Maurizio Salvi, corresponsal de la agencia ANSA en América Latina, no ha sido óbice para que tanto en Italia como en Colombia se conozcan detalles como los denunciados por El Espectador sobre la destrucción de evidencias en el apartamento donde murió el voluntario.
El último de ellos está relacionado con el hallazgo en la sede de la ONU en Bogotá del mouse del computador de Paciolla, que funcionarios del Departamento de Salvaguarda y Seguridad de las Naciones Unidas sustrajeron junto con otras pertenencias el 16 de julio, un día después de la muerte del voluntario, coordinados, según el diario italiano La Repubblica, por el jefe de Seguridad de la Misión en el Caguán, el militar retirado del Ejército Christian Leonardo Thompson Garzón.
El dispositivo aparece en el inventario enviado por la Misión a la familia de Paciolla Motta que, pese a los anuncios de la ONU en Nueva York, aún no ha recibido ninguno de los efectos personales de su hijo. Lo que no se sabía hasta ahora es que una prueba técnica realizada por funcionarios de la Fiscalía arrojó que el mouse estaba impregnado de sangre y, aun así, fue limpiado y retirado por la ONU de la vivienda de Mario Paciolla, ubicada en el barrio Villa Ferro, del municipio de San Vicente del Caguán.
La aparición del mouse en la sede central de la Misión fue confirmada por tres fuentes de esa organización, indignadas por el alto grado de responsabilidad de Christian Thompson, oficial retirado del Ejército colombiano y, hasta su vinculación a la ONU, consultor en temas de seguridad para empresas multinacionales en varias partes del mundo.
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Germán Romero, abogado en Colombia de la familia Paciolla, dice no conocer del hallazgo del mouse con sangre en las oficinas de la Misión en Bogotá, pues todavía no ha tenido acceso al expediente completo, ni menos aún si temas como el informe del bombardeo a alias el Cucho o la presencia del capitán Cortés Reyes han sido ventilados en el proceso penal.
En la Misión pocas cosas han cambiado, con excepción del cierre de la oficina en San Vicente del Caguán, explicado como un acto de prevención frente a situaciones de extrema presión que podrían ocasionar “otro suicidio”. Ruiz Massieu es criticado en voz baja por sus colegas dada su pasividad, falta de liderazgo e incapacidad para depurar una organización donde pululan investigaciones internas archivadas, traslados y ascensos de funcionarios por conveniencia, además del temor latente y el silenciamiento de facto que se impuso luego del deceso de Mario Paciolla.
La Fiscalía guarda silencio.