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DIAN indaga posible corrupción en 132 registros de mineros de subsistencia

En entrevista con El Espectador, la dirección de fiscalización de la DIAN aseguró que investigan los casos de personas que dicen haber sido objeto de engaño o suplantación para inscribirse como mineros de subsistencia. Lo señalan cuando son requeridos para responder por asuntos tributarios. La entidad detalla los retos en el control de las exportaciones y la trazabilidad de oro en el país.

20 de mayo de 2024 - 11:06 p. m.
Informes de fuentes oficiales estiman que cerca del 80 % del oro que se produce en el país es ilegal.
Informes de fuentes oficiales estiman que cerca del 80 % del oro que se produce en el país es ilegal.
Foto: Alejandra Ortiz Molano

Hace algunas semanas publicamos el especial “Las rutas del oro sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la red Transfronteriza de OjoPúblico en la que El Espectador hizo parte. Tras varios meses de análisis de bases de datos con información de aduanas, entrevistas, revisión de expedientes judiciales y trabajo de campo, evidenciamos cómo, entre 2014 y 2023, Colombia exportó mucho más oro del que declaró producir. La brecha fue de, al menos, 115 toneladas que, aunque fueron exportadas, tenían un origen desconocido. (Le puede interesar: Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia de Colombia)

La cifra, sin embargo, es conservadora. Informes de fuentes oficiales estiman que cerca del 80 % del oro que se produce en el país es ilegal. Pero, ¿en qué momento ese oro de origen desconocido termina vinculándose al mercado legal y exportándose formalmente?

Nuestra investigación recogió varias piezas de ese rompecabezas en el que confluyen actores armados, mineros de subsistencia, dragas ilegales, comercializadoras de oro y empresas exportadoras con investigaciones en la Fiscalía. En entrevista con El Espectador, la dirección de Fiscalización de la DIAN, la autoridad aduanera nacional que se encarga, entre otras cosas, del control de las exportaciones, se refirió a varios de esos hallazgos y a los enormes retos de la trazabilidad del oro en el país. También aseguraron que en esta administración se tiene un compromiso firme y articulado para hacerle frente al mercado ilegal del oro.

Los orígenes del “oro sucio”

“Las rutas del oro sucio” permitió ver cómo, a lo largo del mercado del oro, hay varias grietas por donde podría lavarse el mineral de origen informal, ilegal o criminal (que puede terminar exportándose legalmente). Andrés Ordoñez, director de gestión de fiscalización de la DIAN, aseguró que la cadena de comercialización del oro es una de las principales problemáticas que han identificado. “En el ejercicio de comercialización es donde nosotros hemos encontrado mayores dificultades en el control, porque el oro que llega para ser exportado ya sale con todos los papeles, pero en algún momento de la cadena pudo ser mezclado con oro que proviene de yacimientos ilegales”, afirma.

Uno de los hallazgos más recurrentes tiene que ver, por ejemplo, con el papel de los mineros de subsistencia o barequeros, una categoría que creó el Estado colombiano para reconocer y formalizar a los mineros artesanales. Pese a que su actividad está protegida y reglamentada, las autoridades mineras y aduaneras han identificado casos en los que son instrumentalizadas para explotar oro ilegalmente, o en los que prestan su nombre o documentos para introducir oro de origen ilegal a la cadena de comercialización legal. Esto, aseguran desde la DIAN, sucede principalmente en donde la cadena de criminalidad está presente. (Le puede interesar: Zonas francas, otro punto ciego en la cadena de exportación del oro ilegal)

Según la Unidad de Planeación Mineroenergética (UPME), cerca del 51% del oro que ha sido exportado en Colombia proviene de la minería de subsistencia. Con esas cifras, insisten desde la DIAN, es evidente que la minería artesanal es muy productiva en el país, pero el control sobre esa figura es también débil en el territorio. “La actividad se puede hacer a la orilla de un río, en un socavón o irregularmente con maquinaria amarilla o una mina titulada que esté al mando de un grupo criminal. Entonces, el barequero es, en última instancia, una figura abstracta que puede ser utilizada conforme a esas circunstancias del territorio y a unas condiciones sociales y económicas”, señalan.

Es fácil comprobar la fragilidad del sistema al ingresar a una de las compraventas de oro en Puerto Inírida, Guainía. Mientras estamos en una de ellas, un hombre moreno, flaco y alto entra y, de su bolsillo, saca una pequeña bolsa con fracciones diminutas de oro y un trozo de un par de centímetros. Los vierte en una taza sobre una báscula, le pagan en efectivo y se va. No le pidieron documentos, no revisaron el registro de barequeros ante la Alcaldía (Génesis), y tampoco contaron cuántos gramos ha vendido en el mes o en el año. (Le recomendamos: Guainía, la frontera con Venezuela por donde avanza la minería ilegal)

Como esta, en Puerto Inírida hay decena de joyerías y compraventas que se dedican a comercializar oro. De hecho, tienen allí mismo hornos fundidores, con los que forman los primeros lingotes del oro que llevan distintos mineros, no solo quienes están registrados como mineros de subsistencia, sino también trabajan en las dragas ilegales.

La DIAN también ha encontrado “diferencias importantes” entre los datos que maneja la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los de la autoridad aduanera nacional. Por solo mencionar un caso, en el Registro Único de Comercializadores de Minerales -RUCOM- donde se encuentran registradas ante la ANM todas las personas que extraen oro, hay 102.000 personas para 2023. En cambio, en el Registro Único Tributario (RUT), la DIAN tiene registradas 327.000 personas que realizan la misma actividad. “Hay personas que aparecen en un registro, pero no en el otro. También hemos identificado personas que no tienen un RUT válido, pues son personas que posiblemente han muerto o que no realizan esa actividad”, explican.

Ante la Dirección de Fiscalización de la DIAN, por ejemplo, llegó una denuncia de 132 personas que aseguraban que habían sido objeto de engaño o suplantación. “De forma muy resumida -cuentan- estas personas dicen que prestaron su cédula para que los inscribieran en la plataforma Génesis como mineros de subsistencia. Firmaron, se tomaron la foto y recibieron entre $ 50 mil y $ 250 mil pesos. Hoy, cuando la DIAN los está requiriendo porque su nivel de ingreso reportado por el tercero (en este caso, un comercializador) indica que ya estarían obligados a presentar la declaración de renta, las personas reaccionan y ponen la denuncia diciendo: yo no soy minero”. Una revisión más detallada del caso le permitió a la entidad identificar que, en los últimos tres años, la mayor parte de la producción de ese oro estuvo concentrada en más de 1.200 barequeros.

Desde la DIAN aseguran que, en escenarios más recientes, también se ha visto que existe cierto grado de complicidad de algunas personas que prestan su RUT para que las comercializadoras ingresen el “oro sucio” a la cadena. Luego ese oro termina “mezclado” en zonas francas o sociedades de comercialización. Cuando ya está en un mismo lingote, dicen, es imposible identificar de dónde proviene cada parte que lo compone. (Le puede interesar: Las rutas del oro sucio de la Amazonia)

Esos son, también, algunos de los argumentos de la Fiscalía en los procesos contra varias de las principales comercializadoras de oro en Colombia que están siendo investigadas por posible lavado de activos a través del oro. Los expedientes, a los que tuvo acceso El Espectador para esta investigación, revelan que este registro (RUCOM) se habría usado para “certificar” o lavar el oro extraído en yacimientos ilegales.

“Cualquier persona puede registrarse, llenar los documentos que piden y, con esos papeles, vender el oro que viene de yacimientos ilegales. Entonces, los comerciantes pagan las regalías, como si hubiera salido de una explotación formal, y consiguen la autorización para exportarlo”, explicó una fuente de la Fiscalía que pidió mantener su nombre bajo reserva. Cuando superan el tope de producción, agrega, inscriben a familiares o amigos en el sistema, así no realicen la actividad.

A finales del año pasado, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería, también le aseguró a este diario que, históricamente, la comercialización del oro ha estado atravesada por irregularidades. Por ejemplo, en la ANM, dice, han encontrado personas que reportaban haber extraído oro de un título legal cuando, en realidad, provenía de otro lugar. O personas que, aunque estaban muertas, seguían “extrayendo” oro y figurando en los registros. “Por muchas décadas, no se hizo mayor cosa por este fenómeno que hace unos años no tendría la gravedad que hoy reviste, no se hizo a mayor cosa. Entonces, los programas de formalización que se emprendieron no son eficientes y actualmente el fenómeno se volvió estructural”, dijo.

Las grietas de este mercado no están solo en la producción de los barequeros. La DIAN también ha identificado cómo decenas de comercializadoras de oro tienen una vida económica muy corta. “Crecen lentamente, luego tienen un boom y comercializan decenas de miles de millones, y luego ‘desaparecen’ del mercado”. Luego, aseguran, nuevas comercializadoras emergen y, según sus datos, emplean los mismos contadores, revisores fiscales o socios de esas otras que desaparecieron.

Desde el 2019, se emitió una resolución que establece la necesidad de hacer inspecciones en zonas secundarias antes de que el oro sea exportado. “Esto quiere decir que el oro que sale a través de esos canales, en su etapa de exportación, tiene una inspección física donde los funcionarios de la DIAN verifican que el material sea el que se registra, en las cantidades establecidas y cumpliendo con toda la documentación, como la declaración de exportación”, aseguran desde la entidad. Lo que también -reconocen- tiene grandes limitaciones.

“En los procesos de exportación, que es la acción que puede hacer la DIAN, toda la información que presenta el exportador viene de la fuente de la Agencia Nacional Minera, como el RUCOM, el pago de regalías y el visto bueno por parte de la autoridad minera, donde dice que todos los actores que intervinieron en la actividad comercial son legítimos. ¿Cuándo la DIAN puede intervenir? Cuando, por ejemplo, la mercancía que se va a exportar no guarda las características o la descripción de la mercancía. Es decir, si la clasificación dice oro fino no monetario, pues puede ir o en lingotes o en polvo”, aseguran.

Los retos de la trazabilidad en las zonas francas

Las brechas en la cadena de comercialización del oro hacen parte de los indicios por los que la Fiscalía actualmente investiga a varias de las principales exportadoras de oro colombiano. En el top 15 (que concentran el 72% de la exportación desde 2014 hasta 2023) hay al menos tres compañías con procesos en la Fiscalía por supuesto lavado de activos: CIJ Gutierrez, CI Metales preciosos de Colombia y CI Metales hermanos. Las tres han pasado por extinción de dominio (es decir, fueron decomisadas por el Estado por usarse, directa o indirectamente en actividades ilícitas) y actualmente son administradas por una entidad estatal: la sociedad de Activos Especiales.

Pero, ¿hacia dónde se está yendo ese “oro sucio”? Nuestro análisis de la base de datos de aduanas muestra que, desde 2015, las Zonas Francas en Colombia se convirtieron en uno de los principales destinos del oro que exporta el país. Como contamos en este artículo, entre 2014 y 2023, el tercer lugar a donde más se exportó oro colombiano fue, justamente, a zonas francas al interior del Colombia. La cantidad de mineral que transita por estos centros con exenciones tributarias ha ido en aumento. Solo en 2022, superaron 67 toneladas y, según datos de estas autoridades, la mayor parte de los proveedores del oro que es exportado a Zona Franca es provisto en los territorios mineros por barequeros.

Las zonas francas, explican desde la DIAN, tienen unos beneficios tributarios y aduaneros como parte del incentivo para que empresarios y grandes comercializadoras se ubiquen allí. La logística de las zonas francas, además, permite que dentro de un mismo espacio donde existen beneficios tributarios, se realicen también actividades de transformación de esos bienes que llegan. En el caso del oro, por ejemplo, se puede transformar en elementos como lingotes o joyas que cumplan con los requisitos de los países que se van a exportar. Pero, cuando se trata de procesos irregulares, confiesan, “las zonas francas también permiten que las operaciones financieras se hagan un poco más al margen de la transparencia”.

Quedan, por ejemplo, separadas del territorio aduanero nacional y, por ello, el control requiere mayor interacción entre las dependencias de la DIAN. “La zona franca se convierte en una zona primaria y, por esa razón, el control suele ser aduanero y no desde el área de fiscalización”, aseguran. Cuando se trata de estructuras criminales, agregan, “podría haber una posible desviación de ivas. Por ejemplo, con la Declaración de Exportación, la empresa proveedora de la zona franca (que podría ser de los mismos inversionistas) podría tener unas devoluciones importantes del iva”.

Con un riesgo extra: las áreas de los territorios auríferos, aseguran, coinciden con las zonas de ubicación de bandas criminales. “Estamos viendo que hay un cambio de dinámica en las fuentes de financiación para las actividades de esas bandas criminales. Ya no es principalmente el narcotráfico, sino que también está jugando un papel importante la concentración de oro”, dicen. Cuando visitamos Guainía, para esta investigación, documentamos que grupos armados tanto de Colombia, como de los países vecinos, tienen participación en la extracción ilícita de oro.

Acciones pendientes para controlar el mercado del oro

Una forma de hacer frente a esos vacíos es a través del trabajo conjunto. “Por eso es que hemos hecho enormes esfuerzos por trabajar de manera articulada con otras autoridades. Con la autoridad minera venimos trabajando en mejorar el ejercicio de control, en algunas medidas de búsqueda de formalización, en una debida diligencia más exhaustiva y comprar en valores más justos”, aseguran.

Hay, también, un esfuerzo que se está trabajando entre la DIAN y el Servicio Geológico Colombiano, con el que se busca crear una huella geológica que permita seguir la trazabilidad del oro. En términos geológicos permitiría conocer de dónde provino ese metal y si, posiblemente, fue explotado legítimamente o no.

Otro de los “frentes de lucha” de este escenario, agregan, tiene que ver con los procesos de control de otras entidades, como la Fiscalía, que están en curso -aún sin medidas definitivas-. Y con limitar, por ejemplo, el pago en efectivo. “Parte del problema es el el uso exagerado y no controlado de efectivo en zonas donde existen comercializadores”, afirman.

Como aseguraron a este medio desde la DIAN y desde la Agencia Nacional de Minería, ya hay unas conversaciones adelantadas con el Banco Agrario para que los mineros artesanales o de subsistencia se entre a la banca y se les pueda comprar el oro con una trazabilidad financiera. En palabras de Pardo, director de la ANM, sigue siendo un fenómeno intentan atacar conjuntamente, pero, confiesa también, “es que es un fenómeno muy complejo, estructural, que aún tiene muchos retos. Creemos que por la línea de donde vamos es posible reducir informalidad, ilegalidad y, a través del Ministerio de Defensa, reducir la criminalidad”, dice.

*Esta investigación hace parte del especial “Las rutas del oro sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador formó parte. Conozca todos los detalles de la investigación aquí.

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Por David Riaño Valencia

Periodista especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha investigado la guerra desde Rutas del Conflicto y la Comisión de la Verdad. Aprendió a analizar datos en el DANE y a rastrear corrupción en la Agencia Nacional de Contratación Pública. davidrianovdriano@elespectador.com

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