El pasado 20 de agosto, con el propósito de “subsanar una situación crítica de orden jurídico y contable”, la Superintendencia de Sociedades sometió a control a la Sociedad Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. Desde ese momento, esta empresa de origen venezolano, que genera más de 600 empleos directos y más de mil indirectos en Barranquilla, en el sector de los fertilizantes y otras actividades, constituye una joya de la corona en disputa, en medio de un entramado político que pasa también por la crítica relación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.
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La historia de Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. corre paralela al devenir económico y político de ambas naciones. Surgió en el año 1967, como una iniciativa para la producción de fertilizantes compuestos, en el contexto de una relación binacional sin diferencias mayores. En Venezuela gobernaba Raúl Leoni y en Colombia, Carlos Lleras. Ambos gobiernos surgidos de pactos políticos con el propósito común de cerrarles las puertas al comunismo. Por eso, de entrada, hubo participación de importantes empresas públicas de los dos países.
Del lado colombiano hubo dineros del Instituto de Fomento Industrial (IFI) y de Ecopetrol. De Venezuela se sumaron dineros del Instituto Venezolano de Petroquímica. En 1973 comenzaron las operaciones comerciales. La empresa tuvo apoyo de los gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y los de Misael Pastrana y Alfonso López en Colombia. A lo largo de los años, la empresa se fortaleció con alianzas de capitales holandeses y daneses, más la ampliación de sus actividades hacia la producción de caprolactama, molécula clave para la obtención del nylon.
En lo sucesivo, con la consolidación de su planta principal en Barranquilla, en un terreno de 52 hectáreas de un área cercana a la desembocadura del río Magdalena, Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. se posicionó como una empresa líder que empezó a exportar sus productos hasta llegar a 50 destinos en el mundo. Sin embargo, con el cambio de orden político en el vecino país el perfil empresarial de Monómeros no solo se expandió hacia otros frentes de inversión, sino que comenzó a mezclarse con los forcejeos de la política entre las dos naciones.
Con la visión política del gobierno de Hugo Chávez y el manejo económico cada vez más centrado en Venezuela, la empresa, por ejemplo, se quedó con la operación de fertilizantes de la multinacional Cargill en Colombia, que tomó el nombre de Ecofértil. De igual modo, hacia 2003, en Islas Vírgenes Británicas, se creó Monómeros International Ltd para aumentar su operación logística y su actividad importadora. En abril de 2006, el IFI y Ecopetrol vendieron su participación accionaria a Petroquímicas de Venezuela S. A., que poco a poco se quedó con el 100 %.
Hasta ahí la evolución de Monómeros Colombo-Venezolanos pasaba por la dinámica estrictamente económica. Sin embargo, hacia 2008, mientras se deterioraban las relaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, trascendió que la empresa venezolana había utilizado recursos para la financiación de personas y entidades cercanas al movimiento Bolivariano de Venezuela en Colombia. Se produjeron múltiples renuncias de altos directivos y se dio un giro en su administración que derivó en toda clase de conjeturas sobre el papel de Monómeros en Colombia.
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En particular, la entonces senadora liberal Piedad Córdoba admitió que Monómeros apoyó el proceso de acuerdo humanitario, del cual precisó que lo hizo “en una cuantía cuyo monto no estoy en condiciones de precisar”. La entonces congresista indicó que el dinero se tramitó a través del asesor Ricardo Montenegro. Además, se habló de un giro de US$135.000. Aunque en esa época se especuló con los nombres de otros políticos como beneficiarios de estas ayudas, al final todo se diluyó gracias a las buenas relaciones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Juan Manuel Santos.
En medio de los dilemas, en junio de 2009, El Espectador documentó la existencia de dos donaciones por más de $6.000 millones, a través de la empresa Ecofértil, propiedad de Monómeros. Esos giros causaron una pesquisa de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y se canalizaron hacia las fundaciones Pilares del Futuro e Iberoamericana para el Transporte Sostenible. También salieron a relucir otras transacciones y beneficiarios bajo el título de donaciones. Incluso se conoció del interés de comprar la Universidad Autónoma, negocio al cual se opuso la administración Uribe.
Del asunto no volvió a hablarse, pero más temprano que tarde la política volvió a atravesarse en la ruta económica de la empresa venezolana. En mayo de 2019, ya a bordo de los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela e Iván Duque en Colombia, por iniciativa de la Asamblea Legislativa del vecino país y la intervención de Juan Guaidó, y en apoyo a las sanciones económicas de Estados Unidos, se ordenó “la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior”, como forma de impedir su utilización para fines asociados al gobierno Bolivariano.
Desde entonces, la pelea por esta joya de la corona no se detiene y se ha puesto como para alquilar balcón. Sus actuales directivos afirman que la compañía empezó a estabilizarse cuando fue asignada a los cuatro grupos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, y que prueba de ello fue que empezó a sortear las dificultades de su clasificación en la Lista Clinton. Sin embargo, desde la primera gerencia comenzó el forcejeo, y en un ambiente de demandas, señalamientos y hasta amenazas, se llegó a la actual gerencia en cabeza de Guillermo Rodríguez Laprea a partir de 2020.
En medio de la puja, el flujo de caja de Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. comenzó a caer, hasta que en abril de 2021 entró en la mira de la Superintendencia de Sociedades. En aplicación de la Ley 222 de 1995, cuatro meses más tarde, fue sometida al máximo grado de supervisión al que pueda tener una sociedad en Colombia. Casi de inmediato, la Comisión Delegada Legislativa, presidida por Juan Guaidó, le pidió al gobierno de Iván Duque evaluar su decisión, según él “basada en informaciones que se apartan de la realidad financiera, jurídica y administrativa de Monómeros”.
Lo paradójico es que mientras Juan Guaidó y su círculo evidenciaron su preocupación por la medida de la Superintendencia de Sociedades, desde Venezuela el presidente Nicolás Maduro enfiló también baterías para recobrar la empresa, al punto de colocarla como uno de los inamovibles en la mesa de diálogos en México, que busca un camino de entendimiento entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Además del levantamiento de las sanciones internacionales, el gobierno Maduro ha insistido en la restauración del derecho a sus activos económicos.
En el tire y afloje político e internacional tampoco faltan los señalamientos a puerta cerrada. Por ejemplo, fuentes consultadas por este diario en Monómeros atribuyen lo que está sucediendo a la creación de una cortina de humo para disimular una toma hostil de la empresa y su mercado de fertilizantes. Según esta versión, un proveedor estadounidense y su filial en Colombia lograron convertirse en los principales acreedores de Monómeros y desde este privilegio ahora pretenden quedarse con el control de la compañía. Supuestamente, esa presión fue la que llevó al Gobierno a someter a Monómeros a control especial.
Esta versión apunta a la firma Nitron y su filial en Colombia Nitrofert. No obstante, desde Greenwich Conecticut, en Estados Unidos, el presidente de Nitron Group, Javier Urrutia Ramos, escribió a la Superintendencia de Sociedades para recordarle que por más de 20 años ha sido el principal proveedor de materia prima y financiador del capital de trabajo de la organización y por eso quiere conocer en detalle el plan de rescate de Monómeros, con la posibilidad de promover cambios urgentes en su administración. La misiva concluye con un ultimátum de suspender el suministro a Monómeros para preservar sus acreencias.
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En criterio de los actuales directivos de Monómeros, lo que hay detrás de esta argumentación es una alianza entre la expresidenta de la junta directiva Carmen Elisa Hernández y el exvicepresidente financiero William Otero de la Espriella, para socavar los intereses económicos en favor de los políticos. A ese propósito atribuyen, entre otros, la desbandada de trabajadores de Monómeros a Nitrofert y el aumento de demandas laborales contra la empresa. Según fuentes de la empresa, en contraste, lo que buscan ellos es que Venezuela maneje la compañía, pero no bajo tutela extranjera.
De manera oficial, Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. exteriorizó su disposición a acogerse al plan de salvamento de empresas planteado por el Gobierno colombiano, a pesar de insistir en que el sometimiento a control no es una herramienta idónea para las necesidades de caja. En consecuencia, le pidieron a la Supersociedades una negociación de emergencia con sus principales acreedores. Los actuales directivos insistieron en que está en marcha una campaña de desorganización y desinformación para quebrar a la empresa y de paso afectar la seguridad alimenticia de Colombia, principal comprador de sus bienes.
La expresidenta de la junta directiva Carmen Elisa Hernández ha dicho públicamente que el sometimiento a control de Monómeros le permitirá superar la grave situación en que hoy se encuentra, y que sería un grave error causar desconfianza entre los proveedores de la compañía. En su criterio, oponerse a la medida de la Superintendencia de Sociedades es poner en riesgo los empleos directos e indirectos que genera Monómeros. Lo que sí resulta evidente es la división de criterios que hoy existe entre quienes conjuntamente manejaron la empresa hasta tiempos recientes.
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Con un agregado de última hora que deja ver cómo la brega por Monómeros Colombo-Venezolanos S. A. va más allá de su flujo de caja. El dos veces candidato presidencial de Venezuela Henrique Capriles anunció esta semana que su partido Primero Justicia no va a participar más en la gestión de activos venezolanos en el exterior. Lo justificó “dada la falta de receptividad de Juan Guaidó y los representantes del gobierno interino responsable de esta tarea, especialmente del partido Voluntad Popular”. Es decir, tampoco entre los opositores de Maduro saben qué hacer con la empresa.
