Nueva polémica por las obras en el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo

Las polémicas alrededor del humedal Juan Amarillo no son nuevas. Desde principios de siglo, las intervenciones y obras en este humedal, el más grande de Bogotá, generan inquietudes en organizaciones de ciudadanos y defensores del ambiente. En la actualidad, cerca de la Ciudadela Colsubsidio, en la localidad de Engativá, entre plantas nativas e invasoras, se erigen grandes columnas de cemento a pocos metros del cuerpo de agua. Son el resultado de obras impulsadas en 2018, durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, como parte de su “macroproyecto de corredores ambientales”, que genera debate y discordia desde su planteamiento. (Le recomendamos: Humedal Juan Amarillo: ¿de refugio verde a obra gris?)

Entre las columnas, de más de dos metros de largo y cuatro de ancho, hay letreros de “Sellado” por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA). Otras llevan mensajes de indignación de la comunidad y de defensa del humedal. Iban a ser el soporte de un sendero -hasta ahora inconcluso- para peatones y bicicletas, de 1,2 kilómetros de longitud, para unir las localidades de Suba y Engativá, en el occidente de Bogotá, atravesando el humedal. Según la administración pasada, lo que se buscaba era “que las personas se apropiaran del humedal recorriendo los senderos”. Sin embargo, la manera en la que se adelantaron las obras, los vacíos en los requerimientos ambientales, las contraindicaciones con el Plan de Manejo Ambiental del humedal y la liquidación del contrato de ese paso elevado mantienen las obras, hasta hoy, sin terminarse. Por el contrario, hay nuevas inconsistencias. La más reciente, denuncian las comunidades, tiene que ver con una presunta falsificación del cauce del humedal para favorecer las obras.

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El humedal Tibabuyes, o Juan Amarillo, es un refugio de aves endémicas y migratorias. Su tamaño (casi el doble de grande del parque Simón Bolívar) y su ubicación permiten la interconexión con otros humedales y cuerpos de agua, como el río Bogotá. Además, su cercanía con los cerros de Suba ha favorecido durante siglos la movilidad de especies. Por eso fue considerado un humedal de interés internacional por la Convención Ramsar, y desde 1994 fue declardo Reserva Ambiental Natural, área protegida que hace parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad. Sin embargo, su presencia en el corazón urbano también lo ha hecho receptor de innumerables presiones ambientales: mal manejo de basuras, expansión e invasión urbana, contaminación con aguas residuales y presencia de ganado, caballos, perros y gatos salvajes que amenazan la fauna nativa. Por eso, gran parte del debate se ha centrado en cómo “recuperarlo”.

Aunque los humedales estuvieron blindados de “obras duras” desde 2007, cuando se expidió la política de humedales (con el Decreto 624), en la que no estaban permitidas obras urbanísticas como obras de recuperación; en 2017, durante la alcaldía de Peñalosa, la Secretaría de Ambiente modificó la norma y los humedales pasaron a ser, por decreto, Parques Ecológicos Distritales. Este cambio abrió la puerta, entre otras cosas, a la construcción de obras de infraestructura, senderos, ciclorrutas y alamedas dentro de los ecosistemas. La justificación, manifestaban entonces desde la administración distrital, era la “rehabilitación física y ecológica” de estos ecosistemas a través de la apropiación y poniendo unas barreras físicas para evitar la continuación de las invasiones. No obstante, para la comunidad y defensores ambientales, se trata de obras civiles y de movilidad dentro de un humedal que no están enfocadas en resolver los problemas de contaminación y pérdida del ecosistema, y que van en contravía con los usos y las funciones de estos refugios de fauna y flora.

El pasado 27 de abril, mientras se llevaba a cabo una “mesa de acotamiento” solicitada por la comunidad para presentarle a la SDA varias de sus inquietudes y hallazgos sobre las obras, salió a la luz una nueva polémica frente a los trabajos adelantados en el tercio bajo del humedal, espacio que, según el Plan de Manejo Ambiental, es la zona de preservación no intervenida más extensa (hasta ahora). Del espacio virtual participaban representantes de la Secretaría de Ambiente, el Acueducto y organizaciones ciudadanas y comunitarias de defensa del humedal.

Durante la exposición de un ingeniero del Acueducto, que buscaba explicarle a la comunidad cómo se había medido el cauce del humedal (la línea máxima de inundación del cuerpo de agua) en el punto del paso elevado que conecta a Suba con Engativá, el funcionario público reconoció que, tras unas modelaciones, el Acueducto había evidenciado que, en en eventos de alta precipitación (períodos de lluvias proyectados a 100 años) el agua podría llegar hasta las obras proyectadas, inundándolas (ver mapa). En consecuencia, manifestó, tras petición de los superiores, en 2018 se solicitaron alternativas para que las obras no fueran afectadas por posibles inundaciones. Por eso, se trazó un nuevo modelo con un jarillón a lo largo del río Salitre (que no existe en el humedal ni está proyectado en las obras estipuladas ni aprobadas por el Plan de Desarrollo Distrital) que recortaba el cauce y cambiaba el caudal de inundación del humedal un metro menos de lo estipulado. Lo más preocupante, señalan los denunciantes, fue que, tras esa modelación, el cauce del humedal quedó establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente (en la Resolución 0970 de 2018) con el modelo diseñado por el Acueducto, y no por su cauce de inundación natural.

“Deliberadamente habían quitado la zona que se inunda, que quedaba dentro del cauce del humedal y donde estaba proyectada la obra, para presentarla como si no se inundara. La solución nunca fue cambiar los diseños de la obra, sino falsificar el acotamiento del cauce del humedal”, asegura el biólogo Juan Carlos Sandino, experto en áreas protegidas y quien ha apoyado con los análisis de la información cartográfica a las comunidades.

Desde la Secretaría de Ambiente aseguraron a El Espectador que, una vez el Acueducto hace las modelaciones, “con base en esa información hacemos los actos administrativos, como fue el acotamiento en su momento. Pero nosotros no juzgamos como SDA la forma y los escenarios que presentó el Acueducto en ese entonces”. Hasta ahora, asevera la secretaria Carolina Urrutia, “no tenemos ninguna denuncia ni se nos ha presentado evidencia que nos haga reconsiderar las decisiones que nos llevaron a presentar la Resolución 970 de 2018, por lo que permanece vigente”.

Por su parte, desde el Acueducto aseguran que la EAAB se limitó a generar un estudio hidráulico, en donde se analizó el impacto de un evento de precipitación con un período de retorno de 100 años (es decir, un evento de alta precipitación que tiene probabilidad de que se presente una vez cada 100 años), y “se analizaron posibles alternativas de contención de la mancha de agua que era generada por este evento”. Según indicaron, este estudio fue suministrado a la Secretaría Distrital de Ambiente “para que esta definiera el cauce del humedal, en conjunto con otra información complementaria”. “Lo anterior no puede ser clasificado como un intento de falsificación de cauce, máxime cuando la delimitación del cuerpo de agua ni siquiera es responsabilidad de la EAAB”, señalaron a El Espectador.

Según las comunidades, las imágenes de acotamiento del humedal que aparecen en la Resolución 0970 de 2018, con la que se delimita el cauce, son capturas de pantalla del programa empleado para hacer el mapa con la medición del cauce y modelar las alternativas. “Se alcanza a ver que la capa con la que definen el cauce en la resolución es la que dice “Alternativa 1”, y aparece desactivada la capa que dice “actual 2.543″, es decir, la del cauce natural de este ecosistema. Esa captura nos está diciendo que no nos están mostrando la delimitación actual, real, a lo largo de la cuota, sino que nos están mostrando una alternativa que termina favoreciendo y haciendo viable una obra que ya había sido aprobada en el presupuesto del Acueducto”, dicen las organizaciones comunitarias y ambientalistas.

Lo cierto es que otros estudios y documentos, como el Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 (vigente en el momento en que se proyectaron e iniciaron las obras), dos conceptos técnicos de la Secretaría de Ambiente (el último de 2020), dos conceptos técnicos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y una resolución (1641 de 2020) de la Secretaría de Planeación dejaban claro que la zona en la que se planeaba hacer la obra era de “alta amenaza de inundación”.

Más allá del sendero elevado

La obra ha tenido otros cuestionamientos. En septiembre de 2020, tras alertas y peticiones ciudadanas, la SDA, en cabeza de una nueva administración y bajo la dirección de Carolina Urrutia, encontró que algunos de los tramos de las obras no contaban con las autorizaciones ambientales correspondientes y que estaban fuera de los permisos de ocupación de cauce otorgados. Por eso, abrió seis procesos sancionatorios ambientales en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con el fin de determinar si la empresa tiene una responsabilidad de violación de la norma ambiental. “Los procesos sancionatorios están en curso. En esos puntos las obras continúan suspendidas mientras se da todo el proceso probatorio y el Acueducto presenta su defensa. Pero el resto de la obra está suspendida por temas contractuales”, explica Urrutia a este diario. El contratista de la obra anunció la liquidación, por lo que actualmente la EAAB se encuentra adelantando acciones judiciales por el presunto incumplimiento del contrato.

El Concejo de Bogotá también manifestó que se debe hacer una evaluación del impacto ocasionado por las obras y determinar cuál será el plan de recuperación del humedal. Por su parte, la Personería señaló que las obras tienen al humedal en “grave peligro” y que los trabajos no contemplan recuperar este ecosistema. Sin embargo, en 2021 la Contraloría concluyó que la no ejecución de las obras (con un valor cercano a los $60 mil millones) podría significar un detrimento patrimonial. “Dado el significativo monto de los recursos que se han invertido en ellas, su nivel de avance y las eventuales pérdidas derivadas de controversias jurídicas, la finalización de las obras en el humedal es una prioridad para la ciudad”, aseguró en un comunicado.

“Como hemos manifestado en otras ocasiones, estas son obras que no hubiéramos aprobado en esta administración”, dice la secretaria Urrutia. “Pero encontramos unas obras en un nivel avanzado y tuvimos que tomar decisiones difíciles, siendo extremadamente cuidadosos con el cumplimiento de la ley y asegurándonos de que cuidamos los recursos públicos en cada paso que damos”.

Para los habitantes del sector, terminar las obras implicaría seguir perdiendo áreas de importancia ecológica para la ciudad y desconocer la importancia de los humedales ante la adaptación al cambio climático.