Viaje a la memoria de las elecciones presidenciales

Se dice que las elecciones presidenciales de hoy son cruciales para la democracia colombiana, pero la realidad es que todas tienen sello histórico. En el siglo XIX, en medio de guerras civiles y tratados de paz, no faltaron nunca los dilemas electorales. Por eso se acuñó una frase que hizo carrera: “El que escruta elige”. En más de una ocasión, la sombra del fraude desató confrontaciones, pesquisas y controversias históricas. Ya en el siglo XX, el antes y el después lo marcan la victoria liberal en 1930 después de casi 40 años de hegemonía conservadora. (Puede leer: Más de $1.000 millones en pauta en 30 días: la campaña digital a la presidencia)

Se dice que las elecciones presidenciales de hoy son cruciales para la democracia colombiana, pero la realidad es que todas tienen sello histórico. En el siglo XIX, en medio de guerras civiles y tratados de paz, no faltaron nunca los dilemas electorales. Por eso se acuñó una frase que hizo carrera: “El que escruta elige”. En más de una ocasión, la sombra del fraude desató confrontaciones, pesquisas y controversias históricas. Ya en el siglo XX, el antes y el después lo marcan la victoria liberal en 1930 después de casi 40 años de hegemonía conservadora. (Puede leer: Más de $1.000 millones en pauta en 30 días: la campaña digital a la presidencia)

A partir de entonces, la memoria electoral del país es un tablero de ajedrez en la lucha por el poder, con demasiados factores de disputa y el telón de fondo de un conflicto armado que tuvo un pacto de paz con las Farc en 2016, pero que renace en varios territorios, en buena medida con el aliento del narcotráfico. Un breve repaso a los últimos lances electorales demuestra también cómo los movimientos ciudadanos han venido dejando atrás el monopolio que tuvieron los partidos tradicionales Liberal y Conservador, paradójicamente forjados alrededor de la elección presidencial de 1848.

Después del 9 de abril de 1948

El primer proceso electoral después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán cambió la historia de Colombia. Empezó el 5 de junio de 1949, cuando el liberalismo ganó las elecciones legislativas y quedó con las mayorías del Senado y la Cámara. A la semana de instalado el Congreso se presentó un proyecto liberal para adelantar las elecciones presidenciales en noviembre y no esperar hasta mayo de 1950. La iniciativa se abrió paso, pero subió la temperatura política a tal extremo, que el 7 de septiembre, durante un acalorado debate en la Cámara, resultó muerto a tiros el representante liberal Gustavo Jiménez.

Asimismo, en la balacera en pleno Congreso fue gravemente herido y falleció días después el representante Jorge Soto. Un mes después, entre el rosario de sucesos de la violencia bipartidista, el 22 de octubre se produjo la masacre en la Casa Liberal en Cali, que dejó 24 muertos y 70 heridos en un ataque fraguado entre detectives y conservadores. El 7 de noviembre, el candidato liberal Darío Echandía retiró la candidatura liberal por falta de garantías. 48 horas después, el presidente Mariano Ospina declaró el Estado de sitio, cerró el Congreso, las asambleas, los concejos e impuso la censura de prensa. (Le recomendamos: Así se ha movido la campaña a la Presidencia en Facebook e Instagram)

La democracia quedó en suspenso y el 27 de noviembre de 1949, sin opositores en las urnas, fue electo como presidente de Colombia el dirigente conservador Laureano Gómez. El liberalismo desconoció las elecciones y la violencia entre liberales y conservadores se diseminó por Colombia.

Intentona golpista contra el Frente Nacional

El 2 de mayo de 1958, a dos días de las elecciones presidenciales que dejaron como primer presidente del Frente Nacional a Alberto Lleras Camargo, el coronel Hernando Forero y el teniente Alberto Cendales, secundados por un grupo de militares, intentaron dar un golpe de Estado. Lograron retener a cuatro de los cinco miembros de la Junta Militar que había reemplazado a Rojas Pinilla en mayo de 1957, así como al virtual presidente Alberto Lleras Camargo. Pero el contraalmirante Rubén Piedrahíta logró llegar a la casa de gobierno y alrededor suyo se organizó el contraataque.

La intentona golpista fracasó y Alberto Lleras Camargo fue electo presidente de Colombia el domingo 4 de mayo. Dos semanas después, el electo mandatario convocó a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a un encuentro en el teatro Patria, y el 15 de mayo leyó el recordado discurso que marcó el deber ser de las relaciones entre el Ejecutivo y la Fuerza Pública. “La política es el arte de la controversia por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entraron a la política lo primero que se quebrantó fue su unidad, porque abrió la controversia en sus filas”. (Puede leer: Campañas de desinformación pautadas en más de $300 millones en Facebook)

Las palabras de Lleras Camargo definieron la línea de alianza entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas que operó ante la naciente acción insurgente.

El fantasma del fraude electoral

Las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 quedaron gravitando en la historia nacional. Ese día, hasta el momento en el que el gobierno de Carlos Lleras lo permitió, la radio informaba la victoria de Gustavo Rojas Pinilla, de la Anapo. Súbitamente, a través de la televisión, intervino el ministro de Gobierno, Manuel Noriega, para anunciar la suspensión de la entrega de resultados y, a la mañana siguiente, los nuevos boletines dieron como ganador al exministro conservador Misael Pastrana Borrero. La reacción fue una ola de encendidas protestas que el Gobierno conjuró con el Estado de sitio.

Se impuso el toque de queda en Bogotá. El general Rojas Pinilla fue incomunicado en su casa, se tendió a su alrededor un cerco militar. Los principales líderes anapistas fueron detenidos y llevados a unidades militares. Los datos oficiales dieron como ganador a Pastrana por escasos 50.000 votos. El registrador era Ricardo Jordán Jiménez, el mismo abogado que años antes tuvo en sus manos la fallida investigación judicial por el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. La sombra del fraude del 19 de abril nunca se ocultó y fue el pretexto que encontró el M-19 para emprender su historia guerrillera.

La violencia en las entrañas de la disputa electoral

Los procesos electorales de 1986 y 1990 quedaron unidos por la violencia que los atravesó por idéntica razón: la arremetida del paramilitarismo contra la Unión Patriótica, movimiento que surgió de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. El 25 de mayo de 1986, el dirigente liberal Virgilio Barco Vargas fue electo presidente, pero la novedad de ese día fue la elección de 14 congresistas de la Unión Patriótica y la intervención de su primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, que alcanzó 328.752 votos. Pardo fue asesinado un año después, el 11 de octubre de 1987.

Ese crimen fue el preámbulo de la violencia que se multiplicó con la primera elección popular de alcaldes, el 13 de marzo de 1988. La memoria de las matanzas de Honduras, La Negra, Mejor Esquina, El Tomate, Segovia y Caño Sibao, que le dieron a 1988 el rótulo del año de las masacres, testifican lo que sucedió en Urabá, el nordeste antioqueño y el Meta, donde la Unión Patriótica intentó forjar fortines electorales y fue arrasada por el paramilitarismo. La elección popular de alcaldes cambió la perspectiva de los grupos ilegales que sumaron a su botín el dinero de los municipios.

En medio de la violencia de guerrillas, paramilitarismo y narcoterrorismo, el 18 de agosto de 1989 fue asesinado en Soacha (Cundinamarca) el seguro presidente Luis Carlos Galán. El 22 de marzo de 1990, en El Dorado, fue asesinado el candidato de la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa. El 26 de abril el turno fue para el candidato de la alianza democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez. Cuando se definió que el candidato liberal definitivo era César Gaviria y luego fue elegido, el fervor popular llegó fue con el movimiento de la Séptima Papeleta, que abrió el camino de la Constituyente de 1991.

Los tiempos del elefante y el 8.000

Por apretada mayoría en segunda vuelta, el 19 de junio de 1994, fue electo presidente el dirigente liberal Ernesto Samper Pizano. Dos días después, el derrotado candidato Andrés Pastrana destapó el escándalo de los narcocasetes. Una serie de grabaciones telefónicas que dieron cuenta de tratativas de la campaña Samper con los jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Esa denuncia creó una crisis política que estalló en abril de 1995, cuando la Fiscalía emprendió la narcorredada del Proceso 8.000 que, por supuesto, incluyó la campaña presidencial.

El contralor David Turbay, el procurador Orlando Vásquez Velásquez, los congresistas Alberto Santofimio, Gustavo Espinoza, María Izquierdo, Rodrigo Garavito, entre otros, pasaron por el filtro del expediente 8.000. El presidente Ernesto Samper fue investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara y absuelto por esta corporación en junio de 1996. La Corte Suprema de Justicia intentó investigar el porqué del voto contraevidente de 111 representantes a la Cámara que lo absolvieron, pero la Corte Constitucional dispuso en un fallo de tutela que los votos de los congresistas eran inviolables.

Del fallido proceso de paz en el Caguán a la Seguridad Democrática

El 31 de mayo de 1998, el candidato liberal a la Presidencia Horacio Serpa Uribe ganó la primera vuelta a Andrés Pastrana Arango por 20.000 votos. La segunda vuelta quedó servida para el aspirante que tuviera un auténtico as debajo de la manga. Y en las toldas de Pastrana se encontró esa varita mágica. A cuatro días de la segunda vuelta, el candidato conservador divulgó las fotografías de un encuentro sostenido durante ese fin de semana con el máximo líder de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, y el jefe del bloque Oriental, alias “el Mono Jojoy”, ambos con disposición a emprender un proceso de paz.

Ese anuncio motivó a los indecisos y el 21 de junio de 1998, Andrés Pastrana se alzó con la victoria sobre Horacio Serpa. Al final los porcentajes quedaron marcados en el 50,3 y el 46,58 %. Como quedó advertido, se autorizó una zona desmilitarizada permanente para las Farc entre los departamentos de Caquetá y Meta, a través de un proceso de paz entre las Farc y el gobierno Pastrana, que en adelante caracterizó el rumbo del país. Un contexto de altibajos que permitió a Horacio Serpa Uribe volver a posicionarse como candidato presidencial y presentarse a los comicios de 2002.

Cuando el camino parecía despejado para Horacio Serpa, en la última semana de febrero de 2002, súbitamente Andrés Pastrana anunció el final del proceso de paz. Horas después fue secuestrada la candidata presidencial Ingrid Betancourt y el congresista Jorge Eduardo Gechem Turbay. Esos sucesos, sumados a la masacre de Bojayá (Chocó) propiciada por las Farc, cambiaron el parecer definitivo de los electores y, de atrás para adelante, el candidato de Primero Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que al empezar el año no marcaba mucho en las encuestas, ganó en primera vuelta el 26 de mayo de 2002.

Reelección presidencial y parapolítica

Álvaro Uribe Vélez fue reelegido en primera vuelta el 28 de mayo de 2006. Lo consiguió después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que autorizó la reelección inmediata. Un proceso legislativo marcado por las dudas, al punto de que de ese trámite se derivó la pesquisa judicial conocida como yidispolítica, que llevó a la condena de la representante Yidis Medina y del congresista Teodolindo Avendaño, entre otros. La sentencia fue por recibir dádivas a cambio de favorecer la iniciativa. Las mayorías por Uribe superaron los siete millones de votos en su victoria sobre Carlos Gaviria Díaz.

Sin embargo, esa reelección de Uribe se dio en simultáneo con una negociación política que se volvió un bumerán contra el Gobierno. El accidentado proceso de sometimiento del paramilitarismo, con la Ley de Justicia y Paz como columna vertebral para su ejecución. Las verdades de las autodefensas derivaron en el llamado escándalo de la parapolítica, que puso contra las cuerdas a un número indeterminado de congresistas, diputados y alcaldes que tuvieron nexos o acuerdos con el paramilitarismo. Ese entramado al desnudo mostró también las grietas que no se vieron en las elecciones de 2002.

Los caminos cruzados de Uribe y Santos

Hasta febrero de 2010, cuando la Corte Constitucional le dijo no a un referendo a través del cual Álvaro Uribe Vélez pretendía un tercer mandato, no existía un norte claro en el proceso electoral. Una vez determinado que Uribe no iba más, todo el país supo hacia dónde estaban sus complacencias. Hacia su exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien pasaba las duras y las maduras por cuenta del escándalo de Agro Ingreso Seguro. Sin embargo, el 15 de marzo, por pocos votos, Noemí Sanín le ganó la consulta del conservatismo a Arias y dejó sin candidato a Uribe.

A regañadientes, Uribe y su círculo terminaron proyectando la campaña de su exministro de Defensa Juan Manuel Santos, que en primera vuelta dejó fuera de concurso a Rafael Pardo, del liberalismo, y Gustavo Petro, del Polo, y en segunda vuelta se impuso sobre Antanas Mockus. Un año duró la cercanía entre el Gobierno y el uribismo, y primero la Ley de Víctimas de 2011 y después el proceso de paz con las Farc en La Habana a partir de 2012, terminaron provocando la ruptura. Uribe optó por constituir un nuevo partido, Centro Democrático, para tratar de reconquistar el poder.

En las elecciones presidenciales de 2014 se midieron las fuerzas. El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, ganó la primera vuelta el 25 de mayo, pero Santos logró revertir y el 15 de junio fue reelecto. En el último tramo de la elección, del flanco menos pensado, apareció el as que sepultó la candidatura de Zuluaga: el “hacker” Andrés Sepúlveda, señalado por la Fiscalía de Eduardo Montealegre de espiar el proceso de paz de La Habana, con supuestos compromisos del candidato y su entorno. Al final no se probó esa alianza, pero el escándalo ayudó a resolver las cuentas electorales.

Con el aliento del NO al plebiscito

En septiembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc firmaron el Acuerdo de Paz que negociaron en La Habana. Sin necesitarlo, porque la Constitución otorga facultades al presidente para concertar tratados de paz, Santos decidió someterlo a un referendo ciudadano. Esa convocatoria a las urnas terminó, contra todos los pronósticos, con la victoria del NO y el condicionamiento a los pactantes de La Habana de hacerle ajustes al tratado. El uribismo quedó insatisfecho, pero el tratado de paz se volvió a firmar en noviembre de ese año en el teatro Colón.

Ese accidentado plebiscito promovido por el gobierno Santos empoderó a sus opositores. Después de una consulta interna, el Centro Democrático escogió como candidato presidencial para 2018 al excongresista Iván Duque. En contraste, en la dispersión de fuerzas favorables al proceso de paz, nunca se llegó a un acuerdo muchas veces solicitado por el exnegociador en La Habana y candidato Humberto de la Calle Lombana: unirse con Sergio Fajardo. Esa desunión permitió que accediera a la segunda vuelta el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro.

El 17 junio de 2018, Iván Duque derrotó a Gustavo Petro en segunda vuelta. Los porcentajes quedaron en 54 y 41 %. Hoy, cuatro años después, Gustavo Petro avanza como puntero en su tercera campaña presidencial y, de acertar los encuestadores, hoy ganará las elecciones. Pero irá a segunda vuelta con Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández. Todo está por verse, pero lo único que parece claro es que los tiempos de uribismo están declinando y que las nuevas generaciones provocan cambios políticos de conformidad con las exigencias del siglo XXI.