420 tutelas han llegado a la Corte Suprema pidiendo la libertad de Álvaro Uribe

A la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia han llegado, hasta el momento, 420 tutelas de particulares que buscan que se revoque la decisión que tomó la Sala de Instrucción de ese alto tribunal de dictarle medida de aseguramiento (consistente en casa por cárcel) al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las tutelas tienen formatos similares en las que ciudadanos que votaron por Uribe Vélez para el senado en marzo de 2018 alegan que la detención estaría cercenando los derechos políticos del exmandatario y de quiénes lo eligieron.

“Considero violados mi derecho fundamental a elegir en contravía de los principios de rango constitucional como la soberanía popular, la supremacía de la Constitución y los fines esenciales del Estado, especialmente, garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución y la democracia participativa”, dice el formato de tutela. En las acciones judiciales se afirma, además, que en este caso habría una actuación oculta de parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que investiga al expresidente y alega que la detención no era necesaria ya que el hasta hoy senador ha cumplido los llamados de la justicia.

“Dentro de la amalgama de posibilidades que tenía la entidad accionada para actuar y tomar una decisión que en derecho corresponda, optó por la más gravosa de cara a los derechos políticos del senador Uribe Vélez, pues, sin que éste haya actuado con deslealtad demostrada o en contra de la investigación que se le adelanta, le decretó detención domiciliaria, lo que violenta sin gradualidad, justificación o propocionalidad alguna de sus derechos políticos y de contera, los míos como ciudadano que votó por él”, alega el formato firmado por cientos de personas diferentes.

(Le puede interesar: Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)

Fuentes consultadas por este diario explicaron que las tutelas, al ser presentadas por particulares que no tienen relación directa con el expresidente ni con el proceso penal que enfrenta, no prosperarían. A esto se suma el hecho que la defensa del expresidente no acudió al recurso de reposición que la vía legal para atacar la decisión que ordenó detenerlo. Uribe Vélez, quien anunció su renuncia al senado este martes, está vinculado a una pesquisa por la presunta comisión, en calidad de determinador, de los delitos de fraude procesal y soborno.

Así lo decidió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el pasado 4 de agosto, en documento de 1.554 páginas, al encontrar que hay pruebas “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes” sobre su posible participación en un a manipulación de testigos. “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”, se lee el documento. (“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador)

En el extenso documento con el que la Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica del senador del Centro Democrático, se evidencia que, según las evidencias que tiene la Corte, el expresidente Uribe Vélez “emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal” que tiene como coprotagonista al abogado Diego Cadena, a quien hoy un juez de garantías de Bogotá le dictó una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria. El jurista es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

En concreto, por vía de los varios testimonios que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve, o de extender declaraciones a su favor y de su hermano (Santiago Uribe Vélez), que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe Vélez”, se lee en la providencia de la Corte Suprema, cuya extensión nunca se había visto en una decisión de este tipo.

A la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia han llegado, hasta el momento, 420 tutelas de particulares que buscan que se revoque la decisión que tomó la Sala de Instrucción de ese alto tribunal de dictarle medida de aseguramiento (consistente en casa por cárcel) al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las tutelas tienen formatos similares en las que ciudadanos que votaron por Uribe Vélez para el senado en marzo de 2018 alegan que la detención estaría cercenando los derechos políticos del exmandatario y de quiénes lo eligieron.

“Considero violados mi derecho fundamental a elegir en contravía de los principios de rango constitucional como la soberanía popular, la supremacía de la Constitución y los fines esenciales del Estado, especialmente, garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución y la democracia participativa”, dice el formato de tutela. En las acciones judiciales se afirma, además, que en este caso habría una actuación oculta de parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que investiga al expresidente y alega que la detención no era necesaria ya que el hasta hoy senador ha cumplido los llamados de la justicia.

“Dentro de la amalgama de posibilidades que tenía la entidad accionada para actuar y tomar una decisión que en derecho corresponda, optó por la más gravosa de cara a los derechos políticos del senador Uribe Vélez, pues, sin que éste haya actuado con deslealtad demostrada o en contra de la investigación que se le adelanta, le decretó detención domiciliaria, lo que violenta sin gradualidad, justificación o propocionalidad alguna de sus derechos políticos y de contera, los míos como ciudadano que votó por él”, alega el formato firmado por cientos de personas diferentes.

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Fuentes consultadas por este diario explicaron que las tutelas, al ser presentadas por particulares que no tienen relación directa con el expresidente ni con el proceso penal que enfrenta, no prosperarían. A esto se suma el hecho que la defensa del expresidente no acudió al recurso de reposición que la vía legal para atacar la decisión que ordenó detenerlo. Uribe Vélez, quien anunció su renuncia al senado este martes, está vinculado a una pesquisa por la presunta comisión, en calidad de determinador, de los delitos de fraude procesal y soborno.

Así lo decidió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el pasado 4 de agosto, en documento de 1.554 páginas, al encontrar que hay pruebas “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes” sobre su posible participación en un a manipulación de testigos. “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”, se lee el documento. (“Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo”, dice abogado del senador)

En el extenso documento con el que la Sala de Instrucción resolvió la situación jurídica del senador del Centro Democrático, se evidencia que, según las evidencias que tiene la Corte, el expresidente Uribe Vélez “emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador de este entramado ilegal” que tiene como coprotagonista al abogado Diego Cadena, a quien hoy un juez de garantías de Bogotá le dictó una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria. El jurista es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

En concreto, por vía de los varios testimonios que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve, o de extender declaraciones a su favor y de su hermano (Santiago Uribe Vélez), que fue lo acaecido en el de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Uribe Vélez”, se lee en la providencia de la Corte Suprema, cuya extensión nunca se había visto en una decisión de este tipo.