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La Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de cinco personas que estarían presuntamente involucradas en un entramado de corrupción al interior del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Se cree que el modus operandi de esta red, conocida como “Marionetas″, consistía en repartirse contratos, que se iban a realizar con recursos del Fondo de Inversión para la Paz, siguiendo instrucciones de varios congresistas. De esta forma habrían terminado beneficiándose intereses particulares sobre el general.
Las cinco personas involucradas irán a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, quien fue asistente del detenido exsenador Ciro Ramírez; Anderson González, contratista que la Fiscalía señaló de tener un papel clave en el direccionamiento de al menos 13 contratos al interior del DPS y Pierre García Jacquier, quien se desempeñó como director del DPS durante el gobierno de Iván Duque. García presuntamente sería el enlace principal entre los otros funcionarios y el exsenador Ramírez, quien habría emitido las órdenes.
También irán a juicio Raúl Alfonso Cardozo, uno de los beneficiarios de los contratos repartidos por Ciro Ramírez y Andrés José Ospina, contratista que se habría desempeñado como enlace con el senador Miguel Barreto. Según los documentos revelados por Caracol Radio, la Fiscalía los señaló de haber conformado una empresa criminal que se encargaba de direccionar contratos de forma irregular, los cuales tenían un valor de más de $70 mil millones.
Este caso tiene su origen en las declaraciones de Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío y uno de los principales testigos en la investigación. Herrera le entregó pruebas a la fiscalía sobre como operaría esta red criminal, que presuntamente copiaba el modus operandi que utilizó el fallecido exsenador Mario Castaño. Además, se descubrió que los contratos direccionados entre 2020 y 2022 pertenecían a Cauca, Caldas Quindío, Risaralda, Chocó y Tolima.
El testigo explicó que, para la entrega de los contratos con Proyecta Quindío, se realizaba un aviso para informar a los interesados, a partir de esto el gerente general de la empresa determinaba a cuál de estos contratistas enviaría la invitación en privado para que pudieran presentar una propuesta. Herrera resaltó que, aunque se analizaban las propuestas y posteriormente se contrataba a quien cumpliera con los requisitos, por lo general la mayoría de los interesados no entregaban la documentación completa con el fin de que los requisitos solo fueran cumplidos por un único proponente y así se garantizaba que terminara electa la empresa que habían ordenado los congresistas.
A partir de esta investigación se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia, pues se presume que habrían participado seis congresistas. Estos son Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Ciro Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa.
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