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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico llamó a juicio disciplinario a la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, por haber concedido en varias ocasiones la libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por corrupción.
A la funcionaria judicial le fueron formulados, en primera instancia, cuatro cargos por presunto prevaricato por acción y omisión, relacionados con dos decisiones adoptadas en el primer semestre de 2025, mediante las cuales otorgó el beneficio de libertad condicional a Tapia, conocido como el “zar de la contratación”.
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La jueza Fernández Castellón también es investigada por una tercera decisión que permitió la libertad condicional de Tapia el 16 de diciembre de 2025, pese a que el empresario había sido recapturado semanas antes por orden judicial. Ese mismo día, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ordenó la compulsa de copias contra la jueza, al advertir un posible actuar irregular en la concesión del beneficio al llamado “zar de la contratación”, condenado tanto por el carrusel de la contratación como por el escándalo de Centros Poblados.
Por esa razón, el caso fue remitido para que se tramitara como queja disciplinaria ante la Comisión Seccional del Atlántico. Tapia Aldana había sido recapturado el 31 de octubre de 2025 por el caso de Centros Poblados, proceso en el que la justicia determinó el desvío de cerca de COP 70.000 millones de un contrato destinado a llevar conectividad digital a zonas rurales del país. La decisión fijó un período de prueba de 27 meses y 11 días.
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No era la primera vez que la jueza otorgaba ese beneficio. En abril de 2025, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla ya había concedido la libertad condicional a Tapia, al considerar que había mantenido buena conducta durante cuatro años de reclusión y que había cumplido las tres quintas partes de la condena. Sin embargo, esa decisión fue apelada por la Procuraduría General de la Nación.
En segunda instancia, el 10 de octubre de 2025, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá ordenó la captura inmediata del empresario, al concluir que no cumplía los requisitos legales para permanecer en libertad. A pesar de ese fallo, la jueza Fernández Castellón volvió a concederle el beneficio a Tapia.
El proceso disciplinario contra la funcionaria se remonta al 22 de abril de 2025, cuando la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico ordenó compulsar copias para abrir una investigación. Desde mayo del año pasado, la jueza es investigada formalmente y el 17 de septiembre se anunció la apertura de una indagación por las circunstancias que rodearon la libertad condicional y por una presunta mora en la concesión del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
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Con este nuevo juicio disciplinario, la jurisdicción disciplinaria busca establecer si la jueza incurrió nuevamente en irregularidades. Además de este expediente, Fernández Castellón ya había enfrentado otra compulsa de copias el 4 de noviembre, por una presunta demora y posible obstaculización en la recaptura del contratista.
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