A juicio disciplinario tres mandos militares que habrían permitido la ocupación de un colegio

Los soldados, al parecer, ocuparon la escuela para convertirla en una base en la que hicieron cambuches donde preparaban alimentos, puestos de seguridad e hicieron uso de los servicios sanitarios.

La Procuraduría citó a tres suboficiales del Ejército Nacional fueron citados a audiencia pública por la presunta ocupación por parte de las tropas a un colegio en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico (Risaralda). Se trata del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Andrés Hernández Martínez y cabo tercero Jaider Enrique Muñoz García, quienes habrían infringido el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al ocupar la institución educativa Colegio Pío XII, entre el 11 y 22 de junio de 2020.

El sargento Díaz Díaz era para entonces el comandante del Pelotón Buitre 2 del Batallón de Alta Montaña No. 5, agregado al Batallón “Batalla de San Mateo” de la Octava Brigada del Ejército, mientras que los dos cabos se desempeñaban como comandantes de escuadra del batallón. La ocupación del colegio por parte de los militares se conoció el 22 de junio cuando la familia de una menor de 12 años perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí se acercó a la institución en busca de altos mandos militares para reclamar por la violación que había sufrido la pequeña la noche anterior. (Lea también: Salieron a flote nuevos detalles del caso de la niña embera violada por siete soldados)

Por estos hechos que fueron ampliamente conocidos por todo el país, el pasado 26 de noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a siete soldados regulares del Pelotón Buitre 2, a quienes encontró culpables por los delitos de acceso carnal violento y secuestro. Durante ese proceso, varios soldados llamados a declarar coincidieron en que por esos días se encontraban instalados en el colegio, lo cual está prohibido. “El ente de control endilgó cargos a los tres suboficiales porque habrían violado el principio de distinción previsto en el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra”, explicó la Procuraduría.

Según la investigación del Ministerio Público, los soldados del Pelotón Buitre 2, quienes estaban bajo el mando de los oficiales mencionados, habrían ocupado el colegio, un bien protegido que por su naturaleza alberga población civil, entre ellos menores de edad quienes gozan de especial protección, conducta con la que habrían infringido el DIH. La Procuraduría cuestionó que aunque la misión de los comandantes del pelotón era la de proteger a la población civil y sus bienes, “los suboficiales habrían transgredido la orden de respetar las normas constitucionales y legales, y las reglas del DIH”.

Agregó el ente disciplinario que los soldados, al parecer, ocuparon la escuela para convertirla en una base en la que hicieron cambuches donde preparaban alimentos, puestos de seguridad e hicieron uso de los servicios sanitarios, con lo que habrían convertido el plantel en un objetivo militar del grupo guerrillero ELN, al que debían combatir en cumplimiento de una orden de operación. En consecuencia, la presunta falta del sargento Díaz Díaz, y los cabos Hernández Martínez y Muñoz García fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo. (Noticia relacionada: Militares aceptaron haber violado a niña embera en Risaralda y quedaron detenidos)

El Ministerio Público también reprochó un segundo cargo al comandante del Pelotón Buitre 2, sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, porque posiblemente faltó a la verdad en los registros que hizo en el Libro Diario Operacional, al presuntamente anotar unas coordenadas diferentes a las del colegio Pío XII, donde estuvo acantonado el pelotón entre el 11 y 22 de junio de 2020. Esta presunta falta también fue calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo.