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Aunque aún se desconocen los motivos por los cuales la Fiscalía retiró los preacuerdos que podían salvar al empresario Carlos Mattos, no solo de una alta condena, sino de un largo proceso judicial, lo que sí es cierto es que con esta determinación al exrepresentante de Hyundai en Colombia no le queda de otra que irse a juicio por los expedientes que se surten en su contra por el entramado de corrupción que fraguó para salir bien librado de un proceso civil en el que luchaba la representación de la marca de carros en el país.
Si bien, el empresario que hace unas semanas fue trasladado a la cárcel de Cómbita en Boyacá, cuenta con un nuevo abogado en su equipo, su situación jurídica parece complicarse cada día más. El pasado viernes, un juzgado de Bogotá le rechazó uno de los preacuerdos que había firmado con la Fiscalía. Y este miércoles se conoce que desde el búnker no tienen intención de negociar nuevamente, pese a que esa era una de las apuestas de la nueva defensa de Mattos.
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En enero pasado se conoció que de la mano del abogado Iván Cancino, quien defendía los intereses del empresario, se pactó con la Fiscalía una matriz de colaboración en la que, básicamente, Mattos se comprometía a aceptar su responsabilidad por el delito de cohecho -soborno- a cambio de beneficios en su condena final. Aunque el trato no quedó saldado porque la Rama Judicial pidió un tiempo para verificar el documento, lo que se dijo en su momento es que el exrepresentante de Hyundai repararía con US$ 1 millón los daños ocasionados en su entramado de corrupción.
Lo que conoció en esa época este diario es que la mitad del dinero iría para la Fiscalía y la otra mitad para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Posterior a que se conociera el acuerdo entre el búnker y el empresario, este último ofreció excusas públicas y reseñó que había entendido que con su actuar dañó a la administración de justicia. Si bien Mattos lamentó haber sobornado a jueces, abogados e ingenieros, un nuevo episodio lo puso nuevamente ante la palestra.
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Hace unas semanas, Mattos fue el protagonista de un escándalo que no solo lo dejó mal parado a él, a su entonces abogado, sino también a los guardias del Inpec que lo custodiaban en cada una de sus salidas de la cárcel. El hecho le costó el cargo al general de la Policía, Mariano Botero Coy, quien fungía como director del Inpec, así como también al coronel retirado Wilmer Valencia, director de la cárcel Picota de Bogotá. Aunque las seis salidas del penal de Mattos estaban autorizadas por este último, lo que trascendió fílmicamente es que el empresario además de salir a sus citas médicas aprovechaba para visitar una de sus oficinas ubicadas en el norte de Bogotá. Allí también concertaba encuentros con el abogado Cancino.
Sobre Mattos ahora no solo pesan investigaciones por el entramado de corrupción que se destapó en 2016, sino que la Fiscalía analiza si sus últimas actuaciones lo podrían llevar a un nuevo expediente judicial. Sobre el abogado Cancino, hoy reposa una indagación en la Comisión de Disciplina Judicial en Bogotá para verificar si incurrió en alguna falta grave por conocer de las salidas irregulares del empresario. Con todo lo ocurrido hace unas semanas, hubo un remesón en algunas cárceles del país. El Ministerio de Justicia decidió enviar a Mattos a Combita, Boyacá. También trasladó a Emilio Tapias, Eduardo Pulgar y el exparamilitar alias Macaco a otros centros penitenciarios.
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Sobre la situación de Mattos se conoce que se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boyacá, y con la nueva determinación de la Fiscalía, está a punto de sentarse nuevamente ante un juez para que le definan su situación jurídica. Sobre el empresario, quien volvió extraditado desde España en noviembre pasado, pesan procesos judiciales que vinculan la entrega de dineros a jueces, abogados e ingenieros de la Rama Judicial, a cambio de amañar el reparto para que un recurso que interpuso en contra de Hyundai Corea cayera en manos de los delegados de la Rama que le darían su apoyo a cambio de dádivas.
La intención de Mattos era sostener la representación de la empresa de carros en Colombia. El empresario empezó todo el entramado de corrupción una vez conoció la intención de la marca coreana de quitarle la representación y dejarla en manos de una empresa ecuatoriana. Lo que trascendió es que el empresario, a través de su equipo de abogados, le entregó carros y dineros a los jueces que lo ayudaron a salir bien librado del proceso. Los exfuncionarios públicos, quienes reconocieron su responsabilidad en los hechos se encuentran purgando penas y otros están en etapa de juicio.