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La Fiscalía General acusó formalmente al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Según la investigación, el exmandatario habría realizado actos para favorecer a una sola empresa con un contrato por $4.463 millones, cuyo objetivo era realizar la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19.
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía evidenció que el procesado habría incurrido en un desvío de poder al convocar un proceso de selección; desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad establecidos en la ley.
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Entre las posibles irregularidades detectadas está el hecho de que el exgobernador en un decreto definió el fin de semana del 4 y 5 de abril de 2020, el pliego de condiciones con los requisitos. Finalmente, el lunes 6 de abril de 2020 se celebró el contrato con la única empresa proponente.
Asimismo, habría ajustado las condiciones de salubridad y capacidad de almacenamiento con el fin de favorecer a la empresa ganadora del contrato. En la actualidad, el exmandatario permanece privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá La Picota, por otros hechos.
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El gobernador, quien fue elegido con el aval una alianza de partidos (Cambio Radical, Social de Unidad Nacional, el Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y la Unión Patriótica), se encuentra detenido en el búnker de la Fiscalía, mientras avanza su proceso judicial.
Según el ente investigador, Castillo Cisneros, fue capturado por posibles nexos con organizaciones criminales. De acuerdo con la Fiscalía, entre los años 2012 y 2021, el gobernador habría hecho acuerdos financieros mediante contratos estatales, “con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz” del Eln, con el fin de conseguir logística y protección para sus desplazamientos por los municipios de la zona, a cambio de dejarlos actuar con libertad.
Adicionalmente, dijo el ente investigador, que al parecer Castillo recibió apoyo financiero ilegal para ser elegido como gobernador. Supuestamente, habría entregado altas sumas de dinero y porcentajes de la contratación del departamento a sus financiadores. Al parecer, dice la Fiscalía, en su primer período adjudicó ocho contratos a un integrante del Eln, para que adelantara “estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales”.
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