A la cárcel coronel (r) por escándalo de contratación de la IV Brigada del Ejército

Los militares están implicados en irregularidades en contratación. / Archivo

El Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, envió a la cárcel al exjefe del Batallón de Servicios Número 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, coronel retirado Harol Felipe Páez Roa. El exoficial permanercerá detenido mientras avanza la investigación en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de esa unidad militar, caso por el que fue capturado el pasado 23 de julio.

Según la investigación de la Fiscalía, durante marzo, abril y mayo de 2016, Páez Roa, quien era el encargado de ordenar el gasto en ese batallón, habría favorecido con millonarios contratos a las empresas Distrilogística PG S.AS, al Almacén El Infante y a Motovehículos S.A.S "para que suministrara a esa unidad militar, servicios y bienes para su funcionamiento".

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"Los investigadores del CTI determinaron que a dichas empresas les habrían entregado, de manera anticipada, información privilegiada para que se quedaran con los citados contratos, a cambio de entregar al oficial el equivalente al 10% de los convenios. Se estableció además que en numerosas ocasiones se habrían falsificado documentos públicos, como actas y planillas, para quedarse con los millonarios contratos", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Distrilogística PG S.AS era representada legalmente por Ana Lucía Posada Valencia, quien también fue capturada junto con su esposo, el contratista Samir Fernando García Buitrago. La mujer fue dejada en libertad -aunque sigue vinculada al caso-mientras que García fue enviado a una cárcel. Las pesquisas de la Fiscalía indican que el hombre habría falsificado la firma de su compañera en numerosas oportunidades.  

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El almacén El Infante era representadao por el excapitán del Ejército, Guerly Alexander Carrera Arias, quien también fue enviado a prisión. Entre tanto, Jaime Alberto Ramírez Díaz, representante legal de Motovehículos S.A.S, fue cobijado con casa por cárcel. Lo mismo sucedió con el capitán y supervisor de contratos Jonathan Bonilla Bonilla; el teniente coronel activo y supervisor de contratos Alexander Carvajal Urquijo, el mayor en ejercicio y jefe de presupuesto del Batallón de servicios Edwin Eduardo Carrillo Pacheco, así como el sargento primero y almacenista Jhon Henry Roncancio Rodríguez.

La Fiscalía les imputó cargos a los detenidos por interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno los aceptó. Harold Felipe Páez Roa fue comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada del Ejército en la época en la que la comandaba el general Jorge Romero Pinzón, y fue retirado del Ejército en 2018 cuando estaba en la Brigada Once.

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Hace tan solo unos días el general Jorge Horacio Romero fue llamado por el Gobierno a calificar servicios luego de que se conociera varias denuncias en su contra por hechos de corrupción. Romero fue señalado por algunos de sus subalternos y empresarios de exigir millonarias sumas a cambio de otorgar salvoconductos. Este mecanismo habría sido usado por varios delincuentes para tener armas con permisos oficiales.  

Entre las denuncias hechas por la revista Semana, se encuentran declaraciones ante la Fiscalía General y la Procuraduría en relación a supuestos hechos de corrupción realizados por Romero Pinzón mientras era la cabeza de esa brigada, entre 2015 y 2017. Entre las pesquisas que adelanta el ente investigador en contra del general Romero Pinzón se encuentra el posible manejo irregular de al menos $1.000 millones.

Tras la decisión que fue comunicada por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el general Romero declaró que los señalamientos eran parte de “una estrategia de quienes buscan afectar el buen nombre de las instituciones y de quienes servimos a nuestra patria”. Así mismo agregó que recibió con “asombro” la decisión pues pensaba que el Ejército era una “institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido”.