Un juez de control de garantías envió a la cárcel al fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila, así como a los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez. La medida se tomó por supuestamente incautar mercancía que, al parecer, era producto del contrabando y después cobrar para entregarla.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el fiscal y los dos patrulleros habrían aprovechado sus cargos para inmovilizar un tractocamión que salió de la zona portuaria de Santa Marta (Magdalena) con rumbo a Medellín (Antioquia), que transportaba 15 motores importados.
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El ente investigador señaló que el vehículo fue interceptado el pasado 24 de enero en Bosconia (Cesar) y trasladado a un parqueadero. Al día siguiente, el fiscal Eduardo Montes habría emitido un oficio con el que ordenó poner a “disposición de su despacho el automotor y la carga por supuestamente tratarse de un tema de narcotráfico y contrabando”.
La Fiscalía señaló que, desde ese momento, el propietario de la mercancía se reunió con los funcionarios hoy procesados, quienes presuntamente le pidieron COP 300 millones a cambio de devolverle los motores. Posteriormente, esta exigencia habría disminuido a COP 100 millones.
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Asimismo, en el curso de la investigación realizada por la Fiscalía, se conoció que el fiscal Eduardo Montes asumió el caso, el cual no era de su competencia, con el fin de dar apariencia legal a su actuar, y habría incluido “todas las actuaciones de un proceso abierto por otros hechos distintos”.
Por estos hechos, una fiscal delegada ante el tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó a los tres funcionarios el delito de concusión. Además, al fiscal Eduardo Montes se le adicionó el cargo de prevaricato por omisión agravado.
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