Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento carcelario contra Excehomo Pabón Amaya, alias “Morocho”, señalado integrante de las disidencias de las Farc y presunto responsable de uno de los crímenes más graves registrados este año en Guaviare: la desaparición y asesinato de ocho líderes religiosos en zona rural de Calamar, ocurridos entre el 4 y 5 de abril de 2025.
El caso tomó un rumbo definitivo en julio, cuando un equipo de la Fiscalía, el Ejército, la Policía y Medicina Legal hallaron los cuerpos de las víctimas en una fosa común río Itilla. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas por las comunidades de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia y la Iglesia Cuadrangular. La investigación de las autoridades apuntó a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, como responsable de crimen.
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Según el expediente presentado ante el juez de control de garantías, alias “Morocho” habría cumplido un rol clave en el plan criminal. La Fiscalía sostiene que Pabón Amaya citó inicialmente a dos de los líderes religiosos en un punto acordado, desde donde los trasladó en embarcación por el río Itilla hasta la finca La Ojona, un predio utilizado como centro de retenciones ilegales.
Luego, de acuerdo con el ente investigador, el señalado viajó al caserío de Puerto Nuevo, donde obligó a los otros líderes comunitarios a abandonar sus viviendas para llevarlos al mismo lugar donde estaban los primeros retenidos.
Una vez en la finca, los ocho líderes religiosos fueron interrogados, fotografiados y acusados erróneamente de pertenecer al ELN. Testimonios y evidencias recopiladas indican que hombres armados los mantuvieron amarrados con cuerdas y cadenas antes de conducirlos selva adentro. Allí, según los peritos, habrían sido ejecutados a corta distancia con armas de fuego y enterrados en fosas comunes.
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Con estos elementos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Pabón Amaya los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Alias “Morocho” no aceptó los cargos.
Los líderes asesinados fueron identificados como Nixon Peñaloza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; Marivel Silva e Isaid Gómez, una pareja con dos hijos de cuatro y doce años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también directivo comunal; Maryuri y Óscar Hernández, exintegrantes de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.
Una funcionaria pública estaría implicada
El pasado 27 de octubre, la Fiscalía confirmó la captura de tres personas señaladas de haber participado en el secuestro, asesinato y desaparición de los ocho líderes religiosos en Calamar (Guaviare). Entre los detenidos figura Miller Leonardo Garrafa Neira, conocido como alias “Miller”, a quien las autoridades seguían desde hace varios meses por su presunto rol dentro del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc.
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Los otros dos capturados fueron identificados como Jorge Eliécer Ávila, alias “Yucape”, y Angie Jaramillo Arias, conocida como “la Crespa”. Esta última ejercía como funcionaria pública en la Personería Municipal de Calamar, cargo que, según la Fiscalía, habría utilizado para suministrar información estratégica a la estructura ilegal.
La hipótesis central del ente acusador indica que alias “Miller” habría dado la orden de citar a los ocho líderes a una supuesta reunión comunitaria, bajo el argumento de que debían explicar una presunta intención de conformar una red del ELN en la región. La acusación se originó, según la Fiscalía, por el hecho de que las víctimas provenían de Arauca, un departamento con fuerte presencia de ese grupo armado, y se habían asentado en Guaviare desde 2017, en un corredor considerado estratégico para las disidencias.
En cuanto a Angie Jaramillo Arias, la investigación señaló que habría sido quien filtró información sobre la vereda Agua Bonita, donde vivían las víctimas, y alertó a la estructura criminal sobre la ubicación exacta de unidades de la fuerza pública, lo que facilitó el operativo ilegal. Además, habría entregado datos sobre movimientos militares y recibido COP 12 millones por esa colaboración.
Las familias de los líderes desaparecidos los buscaron durante dos meses y 27 días, revisando fincas y zonas selváticas. Las primeras pistas surgieron en mayo, tras la captura de otro presunto integrante de las disidencias, quien aportó datos clave para reconstruir el crimen.
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