Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a siete suboficiales y 12 particulares quienes según las autoridades hacían parte de una red que le vendía armamento y municiones a los frentes VI y X de guerrilla de las Farc, bandas criminales y delincuencia común.
En la extensa audiencia, que se adelantó a puerta cerrada debido a que se tocaron temas de seguridad nacional, la Fiscalía General les imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, financiación del terrorismo y peculado por apropiación, por lo que se exponen a una pena c ercana a los 22 años de prisión.
Según la investigación, los uniformados habrían iniciado la venta de armas de corto y largo alcance, granadas manuales y explosivos. Entre los capturados se encuentra siete militares activos y dos en retiro, quienes serían los jefes de esta organización. (Ver ¿Militares vendiendo armas a las Farc?)
“Las armas eran retiradas de las guarniciones militares en Bogotá y Neiva, y luego, mediante correos humanos, eran transportadas a diferentes municipios del Cauca y otros departamentos donde eran entregadas a los grupos armados ilegales”, precisa uno de los apartes de la investigación.
Para la Fiscalía General, en este caso se presenta un agravante puesto que los responsables directos de la venta y tráfico de este armamento eran militares, los cuales tienen el deber constitucional de “proteger a los colombianos” y no entregarles armas a los subverisvos para cometer actos en contra de la población civil.