Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El pasado 7 de mayo, el mundo político y judicial colombiano fue sacudido por cuenta de la orden de captura expedida por la Corte Suprema de Justicia, en contra de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos fueron capturados por funcionarios de la Policía Nacional y este 9 de mayo se confirmó que permanecerán privados de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.
Antecedentes: Corte Suprema ordenó captura de Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la Ungrd
Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el cual compartió las imágenes de los procesados. Aunque ambos estarán privados de su libertad, la medida se tomó de manera transitoria y con el objetivo de asegurar la presencia de los investigados al proceso judicial. Ambos son señalados de, presuntamente, recibir parte del dinero del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la administración Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la captura de los congresistas por los delitos de cohecho y peculado. Las pesquisa busca determinar si el senador Iván Leonidas Name, del Partido Verde, y el representante a la Cámara Andrés David Calle Aguas, del Partido Liberal, recibieron $4.000 millones a cambio de apoyar las reformas del gobierno Petro durante su trámite en el Congreso. En particular, se indaga si estos dineros habrían servido para impulsar la reforma a la salud y la reforma pensional, ambas iniciativas claves para el actual gobierno.
En detalle: Así se tomó la decisión que ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle
Un testimonio clave en este proceso es el de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, quien aseguró que en 2023 se repartieron $4.000 millones provenientes de actos de corrupción dentro de esa entidad. Según su relato, él mismo entregó esos dineros: $3.000 millones para Iván Name y $1.000 millones para Andrés Calle.
Las entregas se habrían realizado entre septiembre y octubre del año pasado, luego de varias reuniones en las que también habrían participado Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien también se encuentra en prisión por este caso.
Pinilla señaló que los recursos para los pagos salieron de un contrato con sobrecostos, destinado a la compra de 40 carrotanques que debían llevar agua potable a La Guajira, pero que actualmente están fuera de servicio. Al parecer, parte de ese dinero se habría utilizado para financiar campañas políticas de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
