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Mucho revuelo ha causado el aval que le dio la Corte Suprema de Justicia al preacuerdo que la Fiscalía firmó con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El procurador Fernando Carrillo, y el contralor Edgardo Maya fueron los primeros en alzar su voz de protesta pues, para ellos, una pena de cinco años de cárcel y la obligación de que el exfuncionario devuelva $4 mil millones, no resulta ser un castigo acorde a la magnitud de los hechos. (En contexto: Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, pagará cinco años de cárcel)
La Fiscalía, por su parte, defendió lo acordado con Lyons. En un comunicado de prensa, el ente investigador detallo uno a uno los compromisos que adquirió el exgobernador para acceder a beneficios judiciales en uno de los procesos en su contra, el de concierto para delinquir. En su contra, todavía hay un proceso pendiente por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el que también está negociando.
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El primer punto del compromiso es sobre el cartel de la toga. Sobre este tema, el exfuncionario se comprometió a declarar judicialmente contra tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que, por lo que se sabe, serían Francisco Ricaurte, José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, así como en contra de un exdirector de la Fiscalía, es decir, Luis Gustavo Moreno.
Las declaraciones de Lyons también serán también en contra de “un miembro del Congreso de la República que presuntamente intervino en actos de corrupción regional en el departamento de Córdoba”, que sería Musa Besaile. Sobre el caso del desfalco a la gobernación de Córdoba, el exgobernador está dispuesto a decirle a las autoridades todo lo que sabe sobre la participación de miembros de la administración departamental, de nivel directivo, que participaron en el escándalo, así como en contra de un abogado litigante.
(En contexto: Los secretos del pacto de Alejandro Lyons con la justicia)
En cuanto a los $4 mil millones que Lyons se comprometió a devolver, uno de los puntos más discutidos del preacuerdo, la Fiscalía asegura se trata del dinero que él se apropió. El ente investigador insiste en que esa cifra se tasó solamente teniendo en cuenta su responsabilidad penal y que, en lo que tiene que ver con el daño patrimonial por los daños al erario, esta es una tarea que debe asumir los organismos de control fiscal.
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Sobre el tema del dinero, Lyons entregará toda la información que sabe sobre quiénes fueron los terceros que se quedaron con por lo menos $115 mil millones del dinero de la gobernación. La Fiscalía insistió en que este preacuerdo no cobijó ninguno de los otros delitos ni los temas relacionados con la investigación sobre el homicidio de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de regalías de Córdoba; el proceso sobre el cartel de la hemofilia; las pesquisas por presuntos tratamientos a pacientes inexistentes por síndrome de Down, entre otros temas.
El proceso que todavía está pendiente en contra de Lyons se reanudará el próximo 22 de febrero cuando comience la audiencia de imputación por el resto de delitos: “enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, en razón a su presunta participación en el ocultamiento de dineros derivados de los actos de corrupción en los cuales está implicado el exgobernador.
Por Redacción Judicial
