A un año de la captura del exfiscal de la JEP, Julián Bermeo, ¿en qué va el proceso?

Además del funcionario de esa justicia especial, en ese momento fueron capturados el exsenador Luis Alberto Gil, Ana Solarte (novia de Bermeo), la mano derecha del excongresista y su conductor. El primero firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el resto está próximo a ser llamados a juicio.

Redacción Judicial
02 de marzo de 2020 - 07:55 p. m.
Bermeo y Gil fueron capturados por miembros del CTI en el hotel Marriot de la calle 73 en Bogotá. / Óscar Pérez -El Espectador
Bermeo y Gil fueron capturados por miembros del CTI en el hotel Marriot de la calle 73 en Bogotá. / Óscar Pérez -El Espectador

el 1° de marzo de 2019, miembros del CTI llegaron al hotel JW Marriot en el norte de Bogotá para capturar al entonces fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Carlos Julián Bermeo, Ana Cristina Solarte (su pareja) y al exsenador Luis Alberto Gil. El país quedó atónito con la imágen del entonces funcionario de esa justicia especial recibiendo un soborno de US$ 40.000 por parte de un agente infiltrado de la DEA a cambio de incidir en el expediente de la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich. En otro hotel de la ciudad fueron capturados Orlando Villamizar (hombre cercano a Gil) y Yamit Prieto, conductor del excongresista, luego de haber recibido US$ 460.000.

Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente. Por ejemplo, Gil firmó un preacuerdo con la Fiscalía en septiembre de 2019 en el que se incluye una pena de menos de cinco años de cárcel y la posibilidad de que se le dé el beneficio de prisión domiciliaria. Para el próximo 16 de marzo, será presentado ese pacto entre el excongresista y el ente investigador para que un juez lo avale o no. Prieto y Solarte recobraron su libertad, mientras que Villamizar, Bermeo y Gil han pedido infructuosamente su libertad. Se espera que en los próximos meses sean llamados a juicio por esa supuesta red de corrupción que pretendió incidir en el proceso de Santrich ante la JEP.

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El proceso contra Bermeo se llevará a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Procuraduría pidiera que un juzgado de mayor jerarquía a un juzgado especializado, donde la Fiscalía había radicado el escrito de acusación, manejara el caso. La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó lo dicho por la Procuraduría en cuanto a que este, Bermeo, ostentaba un fuero especial, similar al que tendría en la justicia ordinaria un fiscal delegado ante los jueces penales del circuito. Ante estos últimos juzgados se llevarán a cabo las audiencias en contra de Solarte, Prieto, Gil y Villamizar.  

Sobre la identidad del agente de la DEA que le dio el dinero a Bermeo, El Espectador reveló en mayo de 2019 que se trataría de Marco Aurelio García Weinberg y que se habría hecho llamar como Asaf durante la operación encubierta en la que cayeron el exfiscal y Gil. Este diario también señaló que García, quien tendría acento mexicano, habría participado en el operativo que terminó con la captura de Jesús Santrich en abril de 2018 y un intento de acercamiento con la abogada Pilar Rueda, funcionaria de la JEP y esposa de Iván Cepeda. En abril de 2019, el congresista del Polo denunció estos hechos ante la Fiscalía General y los medios de comunicación.

Según el congresista, a través de un anónimo se enteró de que en enero de 2019, un supuesto agente mexicano le ofreció dinero para que programara un encuentro con Rueda. Según Cepeda, “supuestamente el motivo de la consulta era que un cliente suyo, también mexicano, tenía unas propiedades a nombre de Santrich y, si era extraditado, esos bienes serían irrecuperables”.

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El informante de Cepeda le contó que el mexicano indagó si era viable una estrategia para evitar la extradición de Santrich y que, ante su observación de que se trataba de un caso muy complejo, su interlocutor le precisó que lo que quería realmente era que lo contactara en un hotel con una señora llamada Pilar Rueda y que él se encargaría de lograr su colaboración, pues para el éxito de la gestión supuestamente había US$2 millones. Cepeda aclaró que una vez tuvo conocimiento de lo sucedido, se lo hizo saber al fiscal Martínez, y de paso le pidió explicaciones sobre el extraño personaje de acento mexicano y su interés en el caso Santrich.  

Esta versión que conoció Cepeda coincide con la que este diario tuvo acceso recién fueron capturados Gil y Bermeo. Según contaron a este diario fuentes que conocen del proceso, hay dos personas claves en esta historia. La primera de ellas es un hombre que se hizo llamar Asaf, de acento mexicano, quien habría buscado al exsenador Gil para expresarle su inquietud por el proceso de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich.

Para llegar al excongresista, Asaf habría contactado a un conocido de Gil: Jaime Clavijo, quien a su vez tenía buena relación con Luis Orlando Villamizar, hombre de máxima confianza de Luis Alberto Gil. Al parecer, en una llamada que intercambiaron Clavijo y Villamizar a finales del año pasado, el primero le contó al hoy capturado que conocía a un hombre “que tenía un problema en la JEP” y que estaba buscando información “de adentro”.

Para la misma época de la llamada, Villamizar concretó una reunión entre Gil y Asaf en la casa del exsenador. En ese encuentro, el hombre que hablaba con acento mexicano expresó abiertamente que la razón de su inquietud por el caso del exjefe en la JEP era por unas propiedades suyas “en las que interviene Santrich” y le preocupaba qué pasaría con estas si era extraditado. Su interés principal era tener acceso a un magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz. Según esta versión, Gil, desde el comienzo, habría señalado que no conocía a nadie que trabajara en la JEP. Sin embargo, dijo que sí conocía a una persona dentro de la Fiscalía de la JEP: Carlos Julián Bermeo. Entonces fue cuando se habría concretado una reunión con él. El resto es historia.

Vea: Otra versión de la historia de la captura del exfiscal de la JEP y de Luis Alberto Gil

Hace un año, Santrich aún se encontraba preso en La Picota esperando si la JEP lo extraditaba o no a Estados Unidos pues estaba pedido por un Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico. En mayo de ese año, el sistema de justicia nacido del Acuerdo de Paz decidió no extraditarlo al señalar que no había certeza de que el crimen se cometió en una fecha posterior al conflicto armado (después del 1° de diciembre). A finales de mayo, el jefe guerrillero quedó en libertad y su proceso por narcotráfico fue enviado a la Corte Suprema ya que este era uno de los 10 congresistas de la Farc. Un mes y medio después, no se supo de su paradero. Solo fue hasta finales de agosto de 2019 que reapareció en un video rearmado junto a Iván Márquez.

 

Por Redacción Judicial

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