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Por medio de un documento de seis páginas conocido por El Espectador, los abogados Simón Hernández Gómez y Felipe Alzate Gómez denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que han sido objeto de amenazas en su contra durante las últimas semanas. Los juristas son los defensores de Beatriz Niño Endara, exesposa del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, en su caso relacionado con violencia física, sexual y psicológica.
La denuncia señala que, en desarrollo de su trabajo como abogados, han recibido “manifestaciones hostiles, descalificaciones públicas, comportamientos intimidatorios y posibles seguimientos ilícitos, que trascienden el legítimo ejercicio del derecho y se enmarcan en un patrón sistemático de presión contra nuestra labor como litigantes”.
Uno de esos hechos ocurrió en la mañana del pasado 26 de marzo, cuando una mujer que trabaja en su despacho fue aboradada al salir de la oficina por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Estas personas le preguntaron con insistencia si conocían la oficina de los abogados. En su concepto, el hecho “evidencia posibles labores de verificación, seguimiento o perfilamiento sobre nuestra firma y personas vinculadas a la oficina”.
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La denuncia expone que también registraron un intento de acceso forzado, no autorizado, a una de las cuentas de la DIAN, donde hay información sensible de carácter fiscal sobre su despacho. “Hemos recibido información proveniente de una fuente reservada, según la cual existirían intentos de infiltración en nuestra oficina, dirigidos a obtener información interna sobre los procesos que adelantamos y nuestras actividades personales”.
Los abogados señalaron, además, que estos hechos han sido recurrentes desde que asumieron la representación de Beatriz Niño Endara. La mujer lleva un fuerte proceso legal en contra de su exesposo, el exembajador Daniel Garcés Carabalí, por graves delitos: violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia, que el exdiplomático niega, pero que la Fiscalía asegura poder probar.
“Desde entonces, de manera progresiva, se han presentado seguimientos, amenazas, comportamientos irregulares y abiertamente hostiles dirigidos en nuestra contra. Estas conductas intimidatorias se han manifestado en espacios públicos, medios de comunicación y audiencias, donde se nos han atribuido, sin fundamento alguno, conductas impropias o incluso delictivas, señalándonos de pertenecer a organizaciones criminales, afectando nuestra honra, reputación profesional y generando un ambiente de riesgo para nuestra seguridad y la de nuestra familia”, dice la denuncia.
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A eso se suman, según los abogados, las “intimidaciones” de parte de funcionarios judiciales relacionados con el caso de Niño Endara. La denuncia expone que el fiscal que conocía las indagaciones sobre el expediente interpuso una queja disciplinaria en contra de los juristas “carente de sustento jurídico, la cual se origina en el ejercicio legítimo de nuestra representación como sus apoderados”.
“Un fiscal que paradójicamente quería imputar a la víctima decidió interponer una queja disciplinaria en contra nuestra, pudiendo interpretarse esto como un mecanismo adicional de presión institucional indebida que afecta el libre ejercicio de la profesión”, dice la denuncia. Y agrega: “Este conjunto de actuaciones ha configurado un contexto sostenido de hostilidad que desborda el debate jurídico propio del proceso penal y se proyecta como un mecanismo de presión contra el ejercicio independiente de la profesión”.
Los abogados Hernández Gómez y Alzate Gómez pidieron garantías para el ejercicio del Derecho, expresando que su trabajo “no puede convertirse en motivo de persecución, amenaza, estigmatización o amedrentamiento”. Además, exigieron que se adelanten todas las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer los hechos y que haya condiciones reales para seguir ejerciendo su trabajo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
