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En un operativo coordinado entre autoridades de Colombia y Francia fueron ocupados cinco lujosos hoteles en Cartagena y dos en Barú (Bolívar), avaluados en al menos COP 70.000 millones. Los bienes harían parte del patrimonio del príncipe belga Henri de Croÿ-Solre, investigado en Europa por presunto fraude fiscal y lavado de activos. Las propiedades quedaron en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con fines de extinción de dominio.
Según la información conocida por El Espectador, las investigaciones apuntan a que el príncipe belga habría creado una poderosa red de empresas en paraísos fiscales a través de las cuales unas 64 entidades de distintos sitios de Europa habrían ocultado capitales y evadido impuestos entre 2009 y 2018. Con las ganancias de su negocio ilegal se habrían comprado los hoteles boutique en Cartagena y Barú que ahora incautaron las autoridades.
Las propiedades están ubicadas en sitios estratégicos del Caribe y de alta valorización, como el centro histórico de Cartagena y la isla de Barú. También fueron incautados tres vehículos y el Estado tomó el control de la sociedad que operaba los establecimientos. La investigación detalla que los lujosos hoteles habrían sido puestos a nombre de sociedades panameñas que, al parecer, serían controladas por la misma organización criminal.
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¿Quién es el príncipe belga y qué hay detrás de su fortuna?
El príncipe Henri de Croÿ-Solre, el noble europeo que está en la lupa de las autoridades de al menos tres países por su presunta vinculación con millonarios desfalcos financieros, tiene 67 años y una amplia serie de señalamientos en su contra. La justicia de Suiza, Francia y Bélgica tiene investigaciones abiertas en su contra por, al parecer, ocultar miles de millones de euros en paraísos fiscales, que corresponden a obligaciones fiscales.
El grupo Helin es la empresa que, según las investigaciones, sería la matriz de todos sus negocios ilícitos. En 2018, la revista francesa L’Obs publicó una serie de documentos relacionados con esa empresa vinculada al también llamado “príncipe negro de las finanzas”. Fue en ese momento cuando las autoridades en Europa decidieron empezar a indagar de manera formal cada uno de los movimientos financieros relacionados con este noble europeo.
Hasta ese momento, no estaba en el mapa de las autoridades la posible relación con firmas panameñas ni la compra de lujosos bienes en Colombia. El escándalo fue denominado como los “Dubái Papers” y en 2022 la revista 070 accedió a información contable relacionada con los negocios del príncipe belga. Lo que reveló ese medio fue la forma en la que este hombre se habría hecho a un puñado de mansiones en el corazón de la ciudad amurallada.
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A esas cinco propiedades en Cartagena se suman las otras dos, cuyo valor total alcanzaría los COP 70.000 millones y que ahora están en poder del Estado colombiano por medio de la SAE. La teoría de las autoridades es que esos bienes habrían sido adquiridos con los millones de euros que el príncipe belga habría acumulado a través de operaciones de fraude fiscal en las que ocultaba en empresas ficticias el dinero presuntamente robado a sus clientes.
Desde el año 2000, las autoridades europeas tenían noticia de sus movidas irregulares. En 2012, un tribunal de Bélgica lo condenó a una pena subrogada de tres años de prisión por ocultar al menos EUR 75 millones en impuestos, pero en 2015 fue absuelto en segunda instancia. No pasó de agache cuando en 2018 la prensa puso a sonar el caso de los “Dubái Papers”. Las autoridades vieron que el emporio del príncipe se había ampliado fuera de su país.
“Puede que no sea moral a los ojos de algunos, pero no es ilegal a los ojos de la ley”, dijo el príncipe belga en una entrevista del 2018. Aseguró que su negocio, contrario a lo que sostenían las autoridades, no consistía en evadir impuestos, sino en “gestionar fortunas” y “optimización fiscal”. A lo que no se refirió fue a la forma en la que, según las investigaciones, estaría ocultando su fortuna en paraísos fiscales e inmuebles en sitios como Cartagena.
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La investigación de 070 señala que en 1997 se hizo la primera compra de una propiedad en Cartagena relacionada con el emporio criminal del príncipe belga. Se trataba de una casa de 928 metros cuadrados, ubicada en la Calle Estrella, en el centro histórico de la ciudad. La propiedad, avaluada en ese momento en COP 290 millones, fue adquirida por Collwether Inc., una boyante empresa creada en 1996 en las Islas Vírgenes Británicas.
Las transacciones continuaron. En 2004, otra empresa llamada Fellaya Investments Ltd. y creada en el mismo sitio compró una segunda propiedad en Cartagena de 185 metros cuadrados, por COP 498 millones. En 2007, la empresa Lalou Property Corp. compró una casa de 12.000 metros cuadrados, con isla privada en Barú, avaluada en COP 500 millones. Otras dos propiedades fueron compradas por empresas de Emiratos Árabes Unidos.
En 2008, una casa de 600 metros cuadrados, ubicada en la Calle Cabal de Cartagena, avaluada en COP 928 millones. Y en 2016 compraron una mansión en ruinas, de 1.400 metros cuadrados y un costo de COP 5.000 millones, también en el centro de Cartagena. La razón por la que las empresas detrás de esos negocios fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos es la facilidad legal para ocultar la identidad de sus dueños.
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Los documentos de registro de esas propiedades, que reposan en una notaría de Cartagena, fueron claves para que las autoridades le siguieran el rastro a las negociaciones y llegaran hasta el príncipe belga. El factor común es que las empresas a través de las cuales se compraron los inmuebles tenían un accionista compartido: el grupo Helin, firma del noble europeo, ahora investigado por presunto fraude fiscal y lavado de activos.
El vínculo del príncipe belga con Cartagena y con Colombia no es solo porque haya visto en el país un lugar interesante para, al parecer, lavar el dinero de sus negocios ilegales. La esposa de este hombre es una colombiana: María del Socorro Patiño Córdoba. Se trata de una mujer caleña que fue virreina de belleza del Valle del Cauca, señorita Quindío y virreina nacional del reinado de Cartagena en 1995. Ella también aparece mencionada en uno de los negocios de Cartagena.
La condena en contra del príncipe belga en 2012 lo llevó a repensar el uso de sus propiedades en Colombia y las convirtió en lujosos hoteles. Según la información entregada por la SAE tras tomar posesión de esos inmuebles, en el complejo privado Casa Córdoba Barú, por ejemplo, conformado por tres cabañas de cinco habitaciones cada una, una sola noche de hospedaje puede costar entre COP 600.000 y COP 800.000 por persona.
En el caso de la Casa Córdoba Cabal, ubicada en el centro histórico de Cartagena, solo el alquiler de su salón de eventos para reuniones privadas está entre los COP 22 y COP 23 millones. En palabras de la SAE, se trata de “activos de alto valor” que, tras la fachada de negocios legales en exclusivos y apetecidos lugares turísticos, habrían servido durante años para lavar millones y millones de este noble europeo que está bajo la lupa de la justicia.
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