Aborto: Procuraduría respeta despenalización parcial y deja ver sus primeras dudas

La procuradora general Margarita Cabello se suma a la oleada de reacciones que han rodeado la reciente histórica decisión de la Corte Constitucional: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Como representante del Ministerio Público, Cabello aseguró que garantizará el respeto por la decisión judicial, a pesar de emitir un concepto distinto cuando los magistrados reunían argumentos de distintas orillas ciudadanas, académicas e institucionales. Además, entregó sus primeras dudas sobre la reglamentación ordenada al Congreso, una deuda del legislativo desde hace décadas.

En contexto: Procuradura Cabello reiteró que debe ser el Congreso el que regule el aborto

“Como procuradora a mí me corresponde garantizar el respeto por las decisiones judiciales. Eso es parte de las funciones de la Procuraduría. En ese tema específico la Procuraduría dio su opinión, a través del concepto que se le solicitó, frente a la demanda de inconstitucionalidad. En su momento nos referimos a la necesidad del respeto al principio democrático que le corresponde al Congreso para tomar decisiones sobre aspectos muy trascendentales para la opinión pública”, explicó Cabello.

Aunque la Corte Constitucional amplió el panorama sobre aborto en Colombia, ordenó al Congreso reglamentar punto por punto el desarrollo de la nueva realidad judicial sobre el artículo 122 del Código Penal. El delito de aborto, que solo será entendido como tal a partir de la semana 24 de gestación y superadas las tres causales previamente aprobadas por la Corte en 2006: violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre. La Corte Constitucional pidió al legislativo que adelante políticas públicas que garanticen los derechos reproductivos de las mujeres y de los seres en gestación.

Lea también: Aborto en Colombia: las 39 veces que se pudo despenalizar y el Congreso no lo hizo

Cabello, explicando de que se trataban de cuestionamientos ciudadanos, entregó ante la opinión pública sus primeras dudas sobre la regulación. “A mí me preocupa que la articulación y regulación del Congreso sea la adecuada. Me preocupa la vida del gestante, me preocupa cómo se reglamentaría y regularía la interrupción del embarazo de una madre gestante con seis meses. Hablo en nombre de la ciudadanía ¿será una cesárea? Todas esas preocupaciones las voy a tener muy en cuenta. Imagínense una mujer de seis meses embarazada, ¿cómo lo vamos a reglamentar?”, se preguntó.

Agregó que la regulación del Congreso debe tener en cuenta que la persona que pretende abortar tiene una vida dentro de sí. Por tanto, en su concepto, los parlamentarios deberían equilibrar dos situaciones en tensión: el derecho a la vida del ser en gestación y los derechos de la madre embarazada, dentro de su posibilidad de interrupción. Reveló, además, que es abuela tras un embarazo en el que se dio a luz prematuramente.

Lea también: Despenalización del aborto: cristianos denuncian a magistrados que votaron “sí”

Asimismo, como representante del Ministerio Público señaló que no ve posible una nulidad al histórico fallo de la Corte Constitucional. “Nosotros somos jurídicos y yo vengo de la Rama Judicial y de ser ministra de Justicia. No le veo cabida a una nulidad. Tienen presupuestos y unas restricciones muy específicas y mi equipo no lo ve muy claro. Mi posición como procuradora es respetar la institucionalidad y la decisión judicial. Estamos en un Estado de derecho”, aseguró.

Por último, defendió su concepto entregado a la Corte, en la cual pedía que todo debate sobre la despenalización del aborto quedara en manos del Congreso, dado que es la representación de la ciudadanía. “¿Por qué el Congreso no asume? ¿La población que votó por ellos no está de acuerdo y por eso no asume? Ahí está la voluntad popular, a veces el silencio es la respuesta a una voluntad”, aseguró. Sin embargo, el parlamento ha tenido, desde los setenta, 39 veces la oportunidad de discutir plenamente sobre la despenalización del aborto y ninguna de esas iniciativas presentadas echó raíces.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La procuradora general Margarita Cabello se suma a la oleada de reacciones que han rodeado la reciente histórica decisión de la Corte Constitucional: la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Como representante del Ministerio Público, Cabello aseguró que garantizará el respeto por la decisión judicial, a pesar de emitir un concepto distinto cuando los magistrados reunían argumentos de distintas orillas ciudadanas, académicas e institucionales. Además, entregó sus primeras dudas sobre la reglamentación ordenada al Congreso, una deuda del legislativo desde hace décadas.

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“Como procuradora a mí me corresponde garantizar el respeto por las decisiones judiciales. Eso es parte de las funciones de la Procuraduría. En ese tema específico la Procuraduría dio su opinión, a través del concepto que se le solicitó, frente a la demanda de inconstitucionalidad. En su momento nos referimos a la necesidad del respeto al principio democrático que le corresponde al Congreso para tomar decisiones sobre aspectos muy trascendentales para la opinión pública”, explicó Cabello.

Aunque la Corte Constitucional amplió el panorama sobre aborto en Colombia, ordenó al Congreso reglamentar punto por punto el desarrollo de la nueva realidad judicial sobre el artículo 122 del Código Penal. El delito de aborto, que solo será entendido como tal a partir de la semana 24 de gestación y superadas las tres causales previamente aprobadas por la Corte en 2006: violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre. La Corte Constitucional pidió al legislativo que adelante políticas públicas que garanticen los derechos reproductivos de las mujeres y de los seres en gestación.

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Cabello, explicando de que se trataban de cuestionamientos ciudadanos, entregó ante la opinión pública sus primeras dudas sobre la regulación. “A mí me preocupa que la articulación y regulación del Congreso sea la adecuada. Me preocupa la vida del gestante, me preocupa cómo se reglamentaría y regularía la interrupción del embarazo de una madre gestante con seis meses. Hablo en nombre de la ciudadanía ¿será una cesárea? Todas esas preocupaciones las voy a tener muy en cuenta. Imagínense una mujer de seis meses embarazada, ¿cómo lo vamos a reglamentar?”, se preguntó.

Agregó que la regulación del Congreso debe tener en cuenta que la persona que pretende abortar tiene una vida dentro de sí. Por tanto, en su concepto, los parlamentarios deberían equilibrar dos situaciones en tensión: el derecho a la vida del ser en gestación y los derechos de la madre embarazada, dentro de su posibilidad de interrupción. Reveló, además, que es abuela tras un embarazo en el que se dio a luz prematuramente.

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Asimismo, como representante del Ministerio Público señaló que no ve posible una nulidad al histórico fallo de la Corte Constitucional. “Nosotros somos jurídicos y yo vengo de la Rama Judicial y de ser ministra de Justicia. No le veo cabida a una nulidad. Tienen presupuestos y unas restricciones muy específicas y mi equipo no lo ve muy claro. Mi posición como procuradora es respetar la institucionalidad y la decisión judicial. Estamos en un Estado de derecho”, aseguró.

Por último, defendió su concepto entregado a la Corte, en la cual pedía que todo debate sobre la despenalización del aborto quedara en manos del Congreso, dado que es la representación de la ciudadanía. “¿Por qué el Congreso no asume? ¿La población que votó por ellos no está de acuerdo y por eso no asume? Ahí está la voluntad popular, a veces el silencio es la respuesta a una voluntad”, aseguró. Sin embargo, el parlamento ha tenido, desde los setenta, 39 veces la oportunidad de discutir plenamente sobre la despenalización del aborto y ninguna de esas iniciativas presentadas echó raíces.

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