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23 Feb 2022 - 5:03 p. m.

Despenalización del aborto: cristianos denuncian a magistrados que votaron “sí”

Colombia Justa Libres presentó una denuncia ante la Cámara de Representantes contra los cuatro magistrados y el conjuez que votaron favorablemente a la despenalización del aborto hasta la semana 24. Dice que los togados se atribuyeron funciones que no les corresponderían.
BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/02/2022.- Mujeres se reúnen para celebrar la decisión tomada ayer por la Corte Constitucional de aprobar la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, hoy en Bogotá (Colombia). La votación fue aceptada ayer en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas, por impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no había abordado el debate de fondo. EFE/ Carlos Ortega
BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/02/2022.- Mujeres se reúnen para celebrar la decisión tomada ayer por la Corte Constitucional de aprobar la despenalización parcial del aborto, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, hoy en Bogotá (Colombia). La votación fue aceptada ayer en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas, por impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no había abordado el debate de fondo. EFE/ Carlos Ortega
Carlos Ortega
Colectivos feministas celebran la despenalización parcial del aborto. EFE
Colectivos feministas celebran la despenalización parcial del aborto. EFE
Foto: EFE - Carlos Ortega

En Colombia, por orden de la Corte Constitucional, el aborto no será castigado judicialmente hasta la semana 24 de gestación. La histórica decisión ha sido objeto de debate por distintos sectores de la sociedad e, incluso, el presidente Iván Duque señaló que la práctica podría ser usada como un “método anticonceptivo”. Los movimientos feministas, por su parte, celebran con júbilo una victoria para los derechos de las mujeres. El partido Colombia Justa Libres no se quedó de brazos cruzados y también reaccionó, pero por las vías legales.

En contexto: Aborto en Colombia: Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24

El candidato a la Cámara por Colombia Justa Libres, David Gerardo Cote, radicó una denuncia penal en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Argumentó que los cuatro magistrados y el conjuez que votaron “sí” a la despenalización del aborto habrían cometido un abuso de autoridad y prevaricato por acción, es decir, habrían actuado al revés de lo que la Constitución les permite. La denuncia va dirigida al conjuez Julios Andrés Ossa y los magistrados Alberto Rojas Ríos, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes y Diana Fajardo. Ellos fueron mayoría en una Sala Plena de nueve integrantes.

“La Corte Constitucional tiene la función de salvaguardar la integridad de la Carta Magna, hacer que la Constitución no carezca de ninguna de sus partes y así mismo que se respete por encima de las demás normas. La Constitución establece en su Artículo 11 que ‘el derecho a la vida es inviolable’. Inviolable, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa ‘que no se debe o no se puede violar’ y a su vez violar se define como ‘infringir o quebrantar’. Por lo que si seguimos el tenor literal del este artículo se entiende que en ningún caso se puede quitar la vida”, señaló Cote.

Entrevista: “Mujeres, a celebrar ¡Lo logramos!”: Causa Justa sobre despenalización del aborto

Según el representante del movimiento cristiano evangélico, el conjuez y el magistrado habrían violado la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada mediante la Ley 12 de 1991. En su preámbulo, la norma dicta que todo menor de edad, por su falta de madurez física y mental, necesita protección tanto antes como después del nacimiento. Además, cito la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia en 1973, la cual establece que el derecho a la vida inicia, en general, a partir del momento de la concepción.

Cote agrega que la nueva sentencia de la Corte Constitucional, de la cual se conocen apenas consideraciones, no cumpliría con la carga argumentativa de demostrar que han cambiado los valores para entender el respeto a la vida del no nacido, desde el momento de la concepción. De acuerdo con la última comunicación de la alta corte, la semana 24 fue escogida dado que después de ese momento hay una probabilidad cercana al 50% de que la vida del feto ya no dependa de la persona gestante.

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Por otro lado, Cote argumentó que el conjuez y los magistrados habrían incurrido en un abuso de autoridad. Todo porque la misma Constitución establece en el artículo 150 que son funciones exclusivas del Congreso hacer las leyes. Además, el artículo 114 ordena que al Congreso le corresponde reformar la Constitución. No obstante, la alta corte tiene el deber de decidir sobre las demandas ciudadanas que buscan tumbar o corregir normas que consideren contrarias a los derechos consagrados en la Carta Magna. En este caso, el artículo 122 del Código Penal, el delito de aborto.

De hecho, en la comunicación de la Corte Constitucional se evidencia un exhorto al Congreso, para que regule la práctica de aborto. Una tarea que le ha tomado décadas al legislativo. En 2020, por ejemplo, el alto tribunal no se pronunció de fondo sobre una demanda de la abogada Natalia Bernal, quien ha pedido penalizar por completo la práctica. Los magistrados que estuvieron en desacuerdo con ella explicaron, entre otras cosas, que desde 1975 han sido presentados 33 proyectos de ley sobre ello y ninguno ha tenido resultados. Desde 2006, cuando la Corte decidió que bajo tres causales se permite el aborto, se presentaron 15 proyectos. El Congreso ha hecho poco o nada.

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En la última sentencia, la Corte le pidió al Congreso y al Gobierno, en el menor tiempo posible, que “formulen e implementen una política publica integral -incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso-, que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes. Y, a su vez, proteja el bien jurídico de la vida en gestación sin afectar tales garantías”. Les exigió que lleguen a acuerdos para que se eliminen los obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estrategias de prevención del embarazo y planificación. Y que, en definitiva, fortalezcan la educación sexual.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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