
En medio del complejo momento que pasa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los cuestionamientos a su trabajo, su Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a nueve exjefes de cuatro estructuras de las antiguas Farc a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Los hechos que pone sobre la mesa la imputación son desgarradores. Hay casos de niños maltratados, sometidos a trabajos forzosos y castigos, llevados a juicios revolucionarios y hasta sentenciados al fusilamiento. Y niñas obligadas a usar métodos anticonceptivos, sometidas a abortos forzosos y obligadas a entregar a sus bebés nacidos en la guerrilla a personas desconocidas.
La imputación está relacionada con el caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de las antiguas Farc, liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán. Dentro de este expediente ya habían sido imputados seis de los exintegrantes del último secretariado de las Farc, en noviembre de 2024. Entre el 7 y el 9 de abril de 2027 tendrán que reconocer responsabilidad frente a las víctimas en una audiencia pública. Los comparecientes llamados ahora a reconocer responsabilidad por los graves crímenes cometidos contra menores hicieron parte de cuatro estructuras regionales de la antigua guerrilla: los bloques Noroccidental, Sur, Caribe y el Comando Conjunto Noroccidental.
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Los exjefes de las Farc imputados son Rodolfo Restrepo Ruiz, Fabián Ramírez Cabrera, Floresmiro Burbano, Darío Lee Díaz, Ángel Alberto García Sánchez, Luis Óscar Úsuga Restrepo, Jesús Mario Arenas Rojas, Edgar López Gómez y Abelardo Caicedo Colorado. Según la JEP, tuvieron rol de mando en una práctica criminal en la que documentaron 104 torturas, 28 sometimientos a tratos crueles y 208 condenas extrajudiciales que incluyeron penas como el fusilamiento, en los casos de 62 menores de edad reclutados. También 156 mujeres narraron que, cuando eran niñas, las obligaron a usar métodos anticonceptivos. A 15 de ellas las maltrataron por negarse y 91 mujeres narraron que fueron sometidas a abortos forzados.
“Los patrones investigados e imputados no fueron hechos aislados ni respuestas individuales desconectadas, sino que se desarrollaron en el marco de una organización armada jerarquizada, con un régimen de regulación y control de la vida intrafilas. En ese contexto de coacción permanente, la amenaza, el miedo, la vigilancia constante y la imposición de la obediencia operaron como mecanismos para anular la autonomía individual de las víctimas acreditadas en el caso”, señala la decisión. Y agrega: “En el caso de las violencias reproductivas, ese mismo entorno de coacción permitió imponer decisiones sobre los cuerpos y los proyectos reproductivos de las niñas”.
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Uno de los casos relacionados con violencias reproductivas es el de una menor reclutada por las Farc en 1997, trasladada al frente 47 de esa guerrilla y sometida a dos abortos forzados. “El primero me lo ordenó hacer alias ‘Kadafi’. El segundo ya tenía seis meses y me lo ordenaron hacer ‘Iván Ríos’ y ‘Kadafi’”, le contó la víctima a la JEP. Otra persona le dijo a la justicia transicional que fue reclutada cuando tenía 12 años, en el municipio de Medio San Juan (Chocó), y que fue obligada a en varias oportunidades a tener relaciones sexuales forzadas con con integrante de la guerrilla. “Fui víctima de violaciones continuas. Contraje una enfermedad venérea. Quedé embarazada de él y me obligó a abortar”, relató la víctima.
La JEP también calificó como asesinatos dos casos de bebés que sobrevivieron a procedimientos de aborto practicados por la guerrilla y que luego, por negligencia, fallecieron. “Relativo a los malos tratos asociados a los procedimientos, la Sala evidenció, a través de los relatos de las víctimas, la falta de experticia en el personal que los llevó a cabo, mediante un procedimiento que prolongó su sufrimiento y con manejo inadecuado de los restos de los fetos que fueron extraídos, lo cual derivó en graves riesgos y afectaciones sobre ellas”, señala el documento de 307 páginas. Uno de esos casos ocurrió con una menor reclutada en el año 2000 por el Bloque Noroccidental, cuando tenía 14 años. A sus 16 años fue sometida a un aborto forzado.
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“Me dieron unas pastillas a las 2 de la tarde y me introdujeron dos en la vagina. Como a las 7 de la noche, yo sentía un dolor. Yo rezaba. Yo era bañada en sudor. Como a las 8 o 9, me dieron ganas de pujar y yo me agaché… cuando sentí que cayó y él nació vivo”, le contó la menor a la JEP. Y agregó: “Me estaban dejando morir. Yo digo que estoy viva de milagro, no me podía mover y como a las 3 de la mañana llegó una ambulancia del pueblo, de Ituango”. La decisión señala: “Las violencias afrontadas con ocasión de la directriz de facto de prohibición de la maternidad y la paternidad (…) conllevó también a que, luego de practicarse los procedimientos abortivos, los bebés que nacieron con vida murieran al omitirse la prestación de atención médica o porque se realizó alguna acción que les ocasionó la muerte”.
En algunos casos, como los de mujeres que se oponían a las órdenes relacionadas con la interrupción de los embarazos o de hombres a los que les negaban la posibilidad de paternar, podía llevar a las víctimas a ser sometidas a sanciones como el fusilamiento. La sentencia documenta el caso de una menor que tenía ocho meses de embarazo, fue obligada a abortar y luego sometida a un consejo de guerra. La bebé, según la JEP, nació viva y fue asesinada. “Los relatos de las víctimas muestran que en uno de los casos el homicidio de la recién nacida fue perpetrado en cumplimiento de una orden expresa que incluía su posterior desaparición, mientras a la madre gestante le realizaron un consejo de guerra y la fusilaron”, dice el auto.
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Las razones por las que los menores fueron sometidos a penas tan graves como el fusilamiento van mucho más allá de los casos relacionados con las violencias reproductivas. La JEP documentó casos en los que comerse una panela sin permiso, quedarse dormido en la guardia, intentar comunicarse con la familia, estar desmoralizados, quedar embarazadas, querer retornar a sus hogares, negarse a torturar secuestrados o a cargar alimentos, comer chocolates sin permiso, romper una camisa de un comandante, denunciar abusos sexuales de comandantes o ponerle sal al café se convirtió en una pena de muerte. Ahora el camino que les queda a los exjefes de las Farc es aceptar su responsabilidad o negar la barbarie documentada por la justicia.
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Luis Alfonso(30149)•07 de noviembre de 2026 – 11:29A los miembros de la MAFIA NARCOPARAECONÓMICA Y POLÍTICA del país no les parece conveniente la JEP por 3 razones: 1. Recuperar el conflicto armado que es la mayor cortina de humo para sus acciones delincuenciales. 2. Evitar que se conozca el nombre de los financiadores del paramilitarismo y su función de enlace con las FFMM. 3. NO permitir que las verdaderas causas del conflicto (interes económico del paramilitarismo) salgan a la luz pública.
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Berta Lucía(2263)•05 de noviembre de 2026 – 15:27Colombia, país de espanto. Los paras son iguales a los cabecillas de las FARC y ELN; no hay ninguno que sea mejor que el otro; y eso incluiría al #7837 posible ideólogo del genocidio colombiano. Entiéndase genocidio como una política de exterminio sistemática en contra de las comunidades indígenas, campesinas y negras; y/o la persecución y esclavización sexual y laboral de las mujeres e infantes con su posterior asesinato o desaparición.
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Brayan Tibocha(jbw8b)•05 de noviembre de 2026 – 13:05Se le iba haciendo tarde, después de 10 años? Tienen huevo.
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antonio(7747)•05 de noviembre de 2026 – 11:32Y la principal directora de todos esos abusos sexuales la conocida como Griselda Lobo declaró en forma virtual sus atrocidades porque no es capaz de enfrentar a sus víctimas, alegando riesgos si sale de su casa, el chiste se cuenta solo, y la JEP le acepta la petición. Una burla mas para las víctimas.
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Mario(16018)•05 de noviembre de 2026 – 10:36Por fin se están sacudiendo, cuando les tocaron el bolsillo. Saben que el Tigre no va de caña!
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antonio(7747)•05 de noviembre de 2026 – 09:06La información que me acaban de censurar la copié del periódico INFOBAE en la cual LUz F Palomar informa que denunció ante la JEP que cuando tenía 13 años fue violada por timochenco. Lo van a bloquear otra vez ?
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Héctor(15733)•05 de noviembre de 2026 – 08:43Qué infierno el que padecieron esos menores en esos lugares de horror. Les arrebataron la vida.
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Diana cp(85842)•05 de noviembre de 2026 – 08:13La condena: ir a sembrar florecitas