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En la mañana de este 16 de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por posible “intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales” en el proceso penal en contra de Álvaro Uribe Vélez, cuya decisión de segunda instancia se conocerá la próxima semana.
Según el documento de la Procuraduría conocido por El Espectador, la decisión de abrir la indagación en contra del ministro del gobierno Petro se tomó después de que el propio Uribe Vélez radicara una queja ante el Ministerio Público. En ella argumentó que Montealegre estaría enviando mensajes de WhatsApp que podrían afectar el proceso penal en su contra y que cuestionaban indebidamente a personas que han opinado sobre el caso.
Montealegre, quien fue fiscal general de la Nación entre los años 2012 y 2016, es además una de las víctimas acreditadas en el caso en contra del expresidente, absuelto en primera instancia por el delito de soborno y condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. Un caso sobre el cual el Tribunal Superior de Bogotá ya tomó una decisión que dará a conocer el próximo martes, 21 de octubre.
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Según el auto de la Procuraduría que recoge la queja del expresidente, Montealegre “ha promovido mensajes de odio y ha difundido información falsa e inexacta de forma masiva en el crucial momento en el que se define la segunda instancia de su proceso”. Los pronunciamientos de Montealegre, según el documento, no solo estarían dirigidos en contra de Uribe Vélez, sino de algunos de los críticos de la decisión tomada por la jueza Sandra Heredia.
“Extendió acusaciones a profesores, académicos, periodistas y exfuncionarios, atribuyéndoles supuesta participación en una estrategia de desligitimación de la condena de primera instancia”, se lee en el documento. Y agrega sobre la queja del expresidente: “Empleó expresiones como ‘cínicos’ y ‘penalista contratado por el criminal de guerra’. No corresponden a un debate académico ni jurídico. Son ataques personales y políticos”.
Para Uribe Vélez, el lenguaje usado por el ministro Montealegre “genera un ambiente hostil contra su defensa y tiene el potencial de impactar directamente a quienes administran justicia en su caso”. Por esa razón, la Procuraduría decidió dar apertura a la indagación en contra del alto funcionario. El caso está ahora en el despacho de la procuradora delegada Patricia Carrillo Blanco, de la Sala Disciplinaria de Instrucción.
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En la queja radicada por Uribe Vélez, un documento de 12 páginas, el expresidente también señaló que el ministro Montealegre “deshonra la dignidad de su cargo, incumple el deber de tratarlo como inocente hasta la sentencia judicial en firme. Desconoce principios básicos sobre la función de los abogados”. Incluso, dice que Montealegre incurre en un conflicto de interés al ser ministro de Justicia y “acusador privado (...) al no apartarse y por el contrario, emitir juicios públicos que buscan incidir en la justicia”.
Concluye su queja haciendo referencia a uno de los mensajes de WhatsApp enviados, al parecer, por el ministro Montealegre, en el que se refiere a Uribe Vélez como “criminal de guerra”. Un señalamiento que, para el expresidente, podría incluso ser calificado bajo los delitos de injuria y calumnia. Con esos argumentos, la Procuraduría decidió dar apertura a la investigación previa en contra del alto funcionario del gobierno Petro.
Ahora el Ministerio Público escuchará a Uribe Vélez en una diligencia de ratificación y ampliación de la queja, para que reafirme que la información de los supuestos chats es cierta. Esta y las otras pruebas ordenadas en el caso estarán en manos de Angélica María Torres García, asesora de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
