Ocho militares son investigados por abuso sexual a menor indígena en Guaviare

Ocho integrantes del Ejército están bajo la lupa de la Procuraduría por abuso sexual en contra de una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena Nukak Maku. La investigación disciplinaria se abrió en contra de dos suboficiales y seis soldados regulares quienes, para septiembre de 2019, estaban adscritos al Batallón de Infantería No 19 ubicado en San José del Guaviare (Guaviare).

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en la vereda Charras de San José del Guaviare y el Ministerio Público busca verificar la posible responsabilidad de los uniformados por lo que está recopilando pruebas en el lugar. En el proceso, la procuradora Margarita Cabello ordenó que una comisión adscrita a la unidad de derechos humanos se traslade hasta la zona con el fin de conocer de primera mano las denuncias sobre explotación sexual en menores de edad indígenas.

Lea aquí: Adolescente nukak que denunció abuso de militares quedó bajo protección del ICBF

El pasado miércoles, el Ministerio Público les pidió a seis entidades locales del departamento de Guaviare información sobre las acciones que se adelantaron entre 2019 y 2022 sobre las denuncias que en su momento se conocieron sobre abuso sexual a menores en esa zona del país. La información la solicitó a la Gobernación, al defensor del pueblo, a la seccional de Fiscalías y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Una vez el Ministerio Público tuvo esa información en su poder empezó a indagar sobre la posible actuación irregular de los uniformados en esa zona del país hacia los menores de edad miembros de la comunidad indígena. El Instituto de Bienestar Familiar, a través de un comunicado, dijo que en la zona hace presencia un equipo especializado que busca verificar la atención que se les brinda a los niños y adolescentes.

“De manera articulada se adelantarán jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones particularmente en la niñez de las comunidades Nukak y Jiw”, explica el comunicado de la entidad.

Para Concha Baracaldo, directora del ICBF “es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente, desde el Gobierno Nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”.

Lea también: Explotación sexual de niñas: la consecuencia invisible del ecocidio en el Guaviare

La jefe de la entidad aseguró que el equipo especializado que hace presencia en el departamento esclarecerá los hechos que presuntamente ocurrieron con los miembros de la comunidad, para ello aunarán labores con la Defensoría del Pueblo, la Consejería para las Regiones y delegados de la Fiscalía.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, por su parte, rechazó los hechos que atentan contra la integridad, salud, vida y garantía de los derechos de la población indígena, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, ya que son sujetos de especial protección constitucional por lo que instó a que todas las entidades del Estado aúnen esfuerzos y muestren compromiso real que evite la vulneración de sus derechos.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, particularmente a las comunidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, no se han adoptado medidas que permitan su prevención. Por esta razón, un equipo nacional de las Delegadas para la Niñez y para la Mujer han venido adelantado esta semana una labor especial de verificación de la situación actual de los niños y niñas en esa región del país”, aseguró Camargo.

La lupa de las autoridades en este caso se registró por cuenta de una denuncia en la que se menciona que una menor de 10 años, miembro de la comunidad indígena, fue víctima de abuso sexual por parte de un militar estadounidense. Los hechos, según la investigación, ocurrieron en 2019 en un batallón de San José del Guaviare. Si bien la situación trascendió por cuenta de investigaciones periodísticas, desde la Embajada de Estados Unidos, a través de un comunicado de una página, explicaron que no tienen conocimiento del hecho.

Lea también: Caso de adolescente nukak que denunció abuso sexual sigue en investigación, dice Fiscalía

De momento, Carolina Galeano, personera de San José del Guaviare, ha alertado a las autoridades la situación de abuso sexual que, presuntamente, padecen los menores de la comunidad indígena. La funcionaria resaltó que para entender las condiciones de explotación sexual hay que dirigirse a la zona de tolerancia conocida como El Puerto o El Malecón ya que, en medio de discotecas y prostíbulos, niños, niñas y adolescentes indígenas son ofrecidos sexualmente y el pago que reciben va desde dinero, hasta comida y pegante industrial.

“El Icbf ha denunciado en nuestra oficina que algunas de las niñas Nukak, lo que es bastante alarmante, no ven esta situación como una circunstancia de explotación sexual, sino como una forma de ayudarse económicamente”, dijo Galeano en diálogo con este diario. Añadió que la situación se pone más grave cuando los menores ven ese tipo de sucesos como un trabajo y una manera de subsistir.

Lea también: Denuncian caso de abuso sexual contra niña indígena embera en Buenavista, Quindío

Esta no es la primera vez que miembros del Ejército están bajo la lupa de las autoridades por estos hechos. En 2018, una menor de 13 años, miembro de la comunidad indígena Embera, fue abusada sexualmente por siete uniformados que hacían presencia en un colegio, ubicado en un caserío de Pueblo Rico, Risaralda. Por estos hechos, en 2020, fueron condenados a ocho y 16 años de prisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Ocho integrantes del Ejército están bajo la lupa de la Procuraduría por abuso sexual en contra de una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena Nukak Maku. La investigación disciplinaria se abrió en contra de dos suboficiales y seis soldados regulares quienes, para septiembre de 2019, estaban adscritos al Batallón de Infantería No 19 ubicado en San José del Guaviare (Guaviare).

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en la vereda Charras de San José del Guaviare y el Ministerio Público busca verificar la posible responsabilidad de los uniformados por lo que está recopilando pruebas en el lugar. En el proceso, la procuradora Margarita Cabello ordenó que una comisión adscrita a la unidad de derechos humanos se traslade hasta la zona con el fin de conocer de primera mano las denuncias sobre explotación sexual en menores de edad indígenas.

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El pasado miércoles, el Ministerio Público les pidió a seis entidades locales del departamento de Guaviare información sobre las acciones que se adelantaron entre 2019 y 2022 sobre las denuncias que en su momento se conocieron sobre abuso sexual a menores en esa zona del país. La información la solicitó a la Gobernación, al defensor del pueblo, a la seccional de Fiscalías y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Una vez el Ministerio Público tuvo esa información en su poder empezó a indagar sobre la posible actuación irregular de los uniformados en esa zona del país hacia los menores de edad miembros de la comunidad indígena. El Instituto de Bienestar Familiar, a través de un comunicado, dijo que en la zona hace presencia un equipo especializado que busca verificar la atención que se les brinda a los niños y adolescentes.

“De manera articulada se adelantarán jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones particularmente en la niñez de las comunidades Nukak y Jiw”, explica el comunicado de la entidad.

Para Concha Baracaldo, directora del ICBF “es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presente, desde el Gobierno Nacional no escatimaremos en esfuerzos para que la violencia sexual no siga acabando con los sueños de lo más sagrado que tenemos, nuestras niñas y niños”.

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La jefe de la entidad aseguró que el equipo especializado que hace presencia en el departamento esclarecerá los hechos que presuntamente ocurrieron con los miembros de la comunidad, para ello aunarán labores con la Defensoría del Pueblo, la Consejería para las Regiones y delegados de la Fiscalía.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, por su parte, rechazó los hechos que atentan contra la integridad, salud, vida y garantía de los derechos de la población indígena, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, ya que son sujetos de especial protección constitucional por lo que instó a que todas las entidades del Estado aúnen esfuerzos y muestren compromiso real que evite la vulneración de sus derechos.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que a pesar de haber alertado sobre situaciones que afectan a la población del departamento del Guaviare, particularmente a las comunidades de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, no se han adoptado medidas que permitan su prevención. Por esta razón, un equipo nacional de las Delegadas para la Niñez y para la Mujer han venido adelantado esta semana una labor especial de verificación de la situación actual de los niños y niñas en esa región del país”, aseguró Camargo.

La lupa de las autoridades en este caso se registró por cuenta de una denuncia en la que se menciona que una menor de 10 años, miembro de la comunidad indígena, fue víctima de abuso sexual por parte de un militar estadounidense. Los hechos, según la investigación, ocurrieron en 2019 en un batallón de San José del Guaviare. Si bien la situación trascendió por cuenta de investigaciones periodísticas, desde la Embajada de Estados Unidos, a través de un comunicado de una página, explicaron que no tienen conocimiento del hecho.

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De momento, Carolina Galeano, personera de San José del Guaviare, ha alertado a las autoridades la situación de abuso sexual que, presuntamente, padecen los menores de la comunidad indígena. La funcionaria resaltó que para entender las condiciones de explotación sexual hay que dirigirse a la zona de tolerancia conocida como El Puerto o El Malecón ya que, en medio de discotecas y prostíbulos, niños, niñas y adolescentes indígenas son ofrecidos sexualmente y el pago que reciben va desde dinero, hasta comida y pegante industrial.

“El Icbf ha denunciado en nuestra oficina que algunas de las niñas Nukak, lo que es bastante alarmante, no ven esta situación como una circunstancia de explotación sexual, sino como una forma de ayudarse económicamente”, dijo Galeano en diálogo con este diario. Añadió que la situación se pone más grave cuando los menores ven ese tipo de sucesos como un trabajo y una manera de subsistir.

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Esta no es la primera vez que miembros del Ejército están bajo la lupa de las autoridades por estos hechos. En 2018, una menor de 13 años, miembro de la comunidad indígena Embera, fue abusada sexualmente por siete uniformados que hacían presencia en un colegio, ubicado en un caserío de Pueblo Rico, Risaralda. Por estos hechos, en 2020, fueron condenados a ocho y 16 años de prisión.

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