Siete años, cuatro fiscales, dos procuradores, más de tres magistrados de tribunal, tres juezas penales de Bogotá, ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 3.857 páginas de decisiones de la justicia después, esta semana el expediente contra Álvaro Uribe Vélez llegó a una fase trascendental. El expresidente, acusado por la Fiscalía y condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Una decisión sin precedentes en el marco de un proceso que marcó un hito en la historia judicial y política del país que puso a prueba a todo el sistema de justicia.
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En una decisión dividida, la Sala Penal del Tribunal dejó sin piso la sentencia contra Uribe, pues encontró que la Fiscalía no logró probar que el líder natural del Centro Democrático hubiera sido el determinador de un esquema de manipulación de testigos. Con ponencia del magistrado Manuel Merchán y el apoyo de la magistrada Alexandra Ossa, esta instancia judicial evidenció que la jueza Sandra Heredia, quien había condenado al exmandatario el 28 de julio, cometió varios errores en su estudio del expediente y que, en conclusión, no había pruebas irrefutables para comprobar la culpabilidad del expresidente en esta investigación penal. La magistrada Leonor Oviedo, miembro de esta misma sala, se apartó de la decisión y salvó el voto.
El proceso judicial comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia resolvió investigar a Uribe, tras una denuncia de su puño y letra contra el hoy senador Iván Cepeda, por supuestamente estar manipulando testigos en su contra. Aunque con la decisión de esta semana culmina el camino de la etapa ordinaria, todavía queda un recorrido adicional: la casación. Las víctimas, entre ellas Iván Cepeda, ya anunciaron que presentarán ese recurso especial ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía también hará su escrito. El alto tribunal debe estudiar si lo acepta para revisión y, luego, tendrá hasta cinco años para tomar una decisión de fondo.
Para apoyar ese litigio, Eduardo Montealegre, víctima acreditada y hasta el viernes pasado, ministro de Justicia, renunció al gabinete. Mientras se decanta el futuro de este expediente en la Corte, El Espectador hizo una revisión de las decisiones de primera y segunda instancia, que suman 2.285 páginas, para entender el giro que dio el expediente esta semana y por qué hay diferencias tan radicales. na radiografía que deja en evidencia las dificultades para establecer una verdad judicial única cuando los testimonios provienen de exparamilitares, no solo con antecedentes de homicidio y otros graves delitos, sino también de falsos testimonios, retractaciones o la exclusión de las interceptaciones que, por error, hizo la Corte Suprema de Justicia. Las contradicciones en las versiones, la ausencia de pruebas concluyentes y una valoración distinta de las pruebas llevaron a decisiones opuestas.
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