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El Juzgado Segundo Civil Municipal de San Andrés Islas aceptó la tutela interpuesta por la Procuraduría que busca garantizar el derecho al agua potable de los habitantes del archipiélago. Esta acción constitucional se dirige contra la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), las entidades responsables de ejecutar las obras de infraestructura en la isla, quienes ahora deberán presentar planes estructurados que aseguren el funcionamiento adecuado de la planta desalinizadora de agua.
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La Procuraduría decidió tomar esta medida luego de que las obras de pavimentación en la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón, llevadas a cabo por la Unión Temporal, ocasionaran graves daños en el sistema de captación de la planta desalinizadora y la red de fibra óptica que permite su funcionamiento. Los daños fueron causados por la maquinaria pesada utilizada durante la ejecución de las obras, afectando directamente el suministro de agua potable.
A pesar de las múltiples solicitudes y advertencias realizadas por la Procuraduría, ni el contratista responsable de las obras, ni Aremca —la firma encargada de ejecutar los trabajos con recursos provenientes de regalías— han asumido responsabilidad alguna por los daños causados. El corte prolongado del suministro de agua ha puesto en riesgo otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la vida.
La tutela interpuesta por el Ministerio Público busca que se restablezca de manera urgente el servicio de acueducto y que se adelanten todas las acciones necesarias para reparar los daños de forma eficiente. Entre las solicitudes realizadas, el ente de control pide que se reparen “de manera óptima y sin remiendos la línea de energía media, así como contratar y pagar la instalación de la fibra óptica que permite la generación de agua”.
Además, la Procuraduría solicitó al juez que se advierta a la Unión Temporal Progreso Vial San Andrés 22 y a Aremca sobre la necesidad de contar con planes estructurados que eviten futuros daños al sistema, y se abstengan de generar daños a los sistemas que garantizan el funcionamiento de la planta desalinizadora. El ente de control continuará vigilando que se cumplan las medidas necesarias para garantizar que los habitantes de la isla recuperen el acceso al agua potable.
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