Alberto Rojas Ríos se queda en la Corte Constitucional

Al magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, le llegó la noticia de que podría acabar una larga historia de recursos judiciales que pretendían apartarlo de su cargo en el alto tribunal. El jurista, que lleva más de tres años firmando sentencias y discutiendo en la Sala Plena, acaba de conocer que puede quedarse en la Corte, luego de que sus compañeros de sala y dos conjueces declararan legal su elección como candidato en el Consejo de Estado y que no tuvo ninguna falla. Esta decisión se toma luego de la intervención de los abogados Catalina Botero y Juan Ramón Martínez como conjueces del estudio del expediente que llevaba más de un año en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El comienzo de esta historia se remite a 2013 en el Consejo de Estado. Después de perder la elección en el Congreso en la que esperaba ser elegido como contralor, y que ganó Sandra Morelli, Rojas Ríos dio un salto largo y el alto tribunal lo ternó para reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto en la Corte Constitucional. Aunque de allí salió vencedor, sobre su terna ya había serios cuestionamientos. En concreto, las alarmas se prendieron cuando, después de que el Consejo de Estado definiera su terna, apareció una constancia firmada por los consejeros Stella Conto y William Zambrano en donde aseguraron que esa elección era ilegal.

(En contexto: El regreso de Alberto Rojas Ríos)

Su argumento se basó en el hecho de que los votos de ellos y los de sus compañeros no habían sido secretos, una regla de obligatorio cumplimiento dentro del alto tribunal. Al Consejo de Estado llegaron varias quejas y recursos judiciales en contra de la terna de la que salió ganador Rojas Ríos. En su momento, además, fue duramente criticado el hecho de que el nuevo magistrado hubiera saltado de la elección de contralor a la de magistrado, y que fuera descrito, por columnistas como María Jimena Duzán y Armando Montenegro, como un abogado cercano a la política y lejano a las cualidades de un togado de la Corte Constitucional.

La primera vez que la justicia se pronunció sobre su caso declaró que, en efecto, su elección debía declararse nula y, por más de seis meses, Rojas Ríos quedó afuera de la Corte. La decisión la tomó una sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado, compuesta por los conjueces Gabriel de Vega, Carlos Medellín y Jaime Córdoba Triviño, y la magistrada Lucy Janeth Bermúdez en junio de 2014. Para ellos estaba más que claro que en las votaciones los magistrados revelaron su elección y esto, a todas luces, era ilegal. El magistrado Rojas Ríos no estuvo de acuerdo con la decisión y presentó una tutela en contra del fallo que lo obligó a retirarse de la Corte Constitucional.

(Le puede interesar: Consejo de Estado ordenó reintegrar a Alberto Rojas Ríos como magistrado de la Corte Constitucional)

En el recurso judicial, el magistrado explicó se había interpretado mal el reglamento interno y que no había ninguna irregularidad. La primera vez que la tutela fue revisada en el alto tribunal, los conjueces José Gregorio Hernández, Hernando Yepes, Gustavo Zafra y Myriam Guerrero que la revisaron decidieron, nuevamente, dejar por fuera de la Corte Constitucional a Rojas y no aceptaron su recurso. El magistrado no bajó los brazos y decidió impugnar la decisión. Fue así como la Sección Primera del alto tribunal tomó el caso para estudio y, nuevamente, designó a una sala de conjueces, compuesta por Jesús María Lemos, Ernesto Forero, Ílvar Nelson Arévalo y Álvaro Escobar Henríquez.

Los cuatro juristas resolvieron echar para atrás las dos decisiones que habían tomado sus propios colegas de corporación en mayo de 2015. Acogieron la petición de Rojas Ríos pues, a su juicio, después de escuchar la grabación del día de la votación, era evidente que los votos sí habían sido secretos. Con la sentencia bajo el brazo, el magistrado volvió a la Corte Constitucional y desde ese entonces ha estado en su despacho en el Palacio de Justicia.En la última votación del caso en el alto tribunal, la mayoría se inclinó con tumbar la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz en al que estableció que sí había irregularidades en su elección.

(Lea también: Un magistrado en la encrucijada)

El resultado de los votos fue seis (Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, José Reyes Cuartas y los conjueces Catalina Botero y Juan Ramón Martínez) contra tres (Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal). 

Al magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, le llegó la noticia de que podría acabar una larga historia de recursos judiciales que pretendían apartarlo de su cargo en el alto tribunal. El jurista, que lleva más de tres años firmando sentencias y discutiendo en la Sala Plena, acaba de conocer que puede quedarse en la Corte, luego de que sus compañeros de sala y dos conjueces declararan legal su elección como candidato en el Consejo de Estado y que no tuvo ninguna falla. Esta decisión se toma luego de la intervención de los abogados Catalina Botero y Juan Ramón Martínez como conjueces del estudio del expediente que llevaba más de un año en la Sala Plena de la Corte Constitucional.

El comienzo de esta historia se remite a 2013 en el Consejo de Estado. Después de perder la elección en el Congreso en la que esperaba ser elegido como contralor, y que ganó Sandra Morelli, Rojas Ríos dio un salto largo y el alto tribunal lo ternó para reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto en la Corte Constitucional. Aunque de allí salió vencedor, sobre su terna ya había serios cuestionamientos. En concreto, las alarmas se prendieron cuando, después de que el Consejo de Estado definiera su terna, apareció una constancia firmada por los consejeros Stella Conto y William Zambrano en donde aseguraron que esa elección era ilegal.

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Su argumento se basó en el hecho de que los votos de ellos y los de sus compañeros no habían sido secretos, una regla de obligatorio cumplimiento dentro del alto tribunal. Al Consejo de Estado llegaron varias quejas y recursos judiciales en contra de la terna de la que salió ganador Rojas Ríos. En su momento, además, fue duramente criticado el hecho de que el nuevo magistrado hubiera saltado de la elección de contralor a la de magistrado, y que fuera descrito, por columnistas como María Jimena Duzán y Armando Montenegro, como un abogado cercano a la política y lejano a las cualidades de un togado de la Corte Constitucional.

La primera vez que la justicia se pronunció sobre su caso declaró que, en efecto, su elección debía declararse nula y, por más de seis meses, Rojas Ríos quedó afuera de la Corte. La decisión la tomó una sala de la Sección Quinta del Consejo de Estado, compuesta por los conjueces Gabriel de Vega, Carlos Medellín y Jaime Córdoba Triviño, y la magistrada Lucy Janeth Bermúdez en junio de 2014. Para ellos estaba más que claro que en las votaciones los magistrados revelaron su elección y esto, a todas luces, era ilegal. El magistrado Rojas Ríos no estuvo de acuerdo con la decisión y presentó una tutela en contra del fallo que lo obligó a retirarse de la Corte Constitucional.

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En el recurso judicial, el magistrado explicó se había interpretado mal el reglamento interno y que no había ninguna irregularidad. La primera vez que la tutela fue revisada en el alto tribunal, los conjueces José Gregorio Hernández, Hernando Yepes, Gustavo Zafra y Myriam Guerrero que la revisaron decidieron, nuevamente, dejar por fuera de la Corte Constitucional a Rojas y no aceptaron su recurso. El magistrado no bajó los brazos y decidió impugnar la decisión. Fue así como la Sección Primera del alto tribunal tomó el caso para estudio y, nuevamente, designó a una sala de conjueces, compuesta por Jesús María Lemos, Ernesto Forero, Ílvar Nelson Arévalo y Álvaro Escobar Henríquez.

Los cuatro juristas resolvieron echar para atrás las dos decisiones que habían tomado sus propios colegas de corporación en mayo de 2015. Acogieron la petición de Rojas Ríos pues, a su juicio, después de escuchar la grabación del día de la votación, era evidente que los votos sí habían sido secretos. Con la sentencia bajo el brazo, el magistrado volvió a la Corte Constitucional y desde ese entonces ha estado en su despacho en el Palacio de Justicia.En la última votación del caso en el alto tribunal, la mayoría se inclinó con tumbar la ponencia de la magistrada Gloria Ortiz en al que estableció que sí había irregularidades en su elección.

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El resultado de los votos fue seis (Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, Cristina Pardo, José Reyes Cuartas y los conjueces Catalina Botero y Juan Ramón Martínez) contra tres (Gloria Ortiz, Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal).