La Secretaría de las Mujeres de Medellín enfrenta cuestionamientos tras la finalización del contrato con la Corporación Colectiva Justicia Mujer (CCJM), que ofrecía asistencia legal a víctimas de violencias basadas en género. La CCJM decidió no renovar el acuerdo debido a una reducción del 76 % en los recursos destinados a la profesionalización del equipo que atendía a las víctimas. En entrevista con El Espectador, Valeria Molina, la secretaria de las Mujeres de la capital antioqueña, explicó las razones detrás de esta decisión y los planes para garantizar la continuidad del servicio jurídico.
¿Cuál es la razón principal para la mencionada reducción de recursos destinados al mecanismo de defensa técnica y de qué manera cree que esto podría afectar a las mujeres que dependen de un servicio como este?
La defensa técnica es uno de los cuatro mecanismos que tenemos en la Secretaría de las Mujeres. El primero es todo lo relacionado con la atención a las mujeres víctimas de violencia en emergencia, que incluye la asistencia psicojurídica en el territorio, todo el tema de los hogares de acogida y, por supuesto, este mecanismo de defensa técnica, que es muy importante. Primero, es clave entender que el 27 de agosto terminó la relación contractual con quienes operaban este mecanismo. Ellas decidieron dejar el servicio debido a un incremento considerable en los costos de contratación de dicho mecanismo.
Se pasó de $560 millones a 1.869 millones, lo que representa un incremento del 234 %. En vista de esto, decidimos revisar el contrato, como parte de nuestra responsabilidad con los recursos públicos. Cuando revisamos el contrato y lo que ellas mencionan sobre una reducción del 76 % en los recursos destinados a la profesionalización del equipo, quiero dejar claro que no se trató de recursos para la atención a las mujeres, sino para la profesionalización del equipo, que supuestamente era idóneo para prestar el servicio. Al revisar el presupuesto, nos dimos cuenta de que esos recursos se utilizaban para gastos innecesarios, como alimentación ostentosa durante las capacitaciones.
En ningún momento se redujeron los recursos destinados a la atención de las mujeres. Lo que hicimos fue optimizar los recursos públicos, que es nuestra obligación. Lo que se redujo fue el gasto en alimentación y en el plan de profesionalización, no en la atención a las mujeres. Quiero destacar que, según los indicadores del Plan de Desarrollo pasado, la meta era atender a 1.147 mujeres, y nosotros logramos aumentar esa cifra a 1.924 mujeres el año pasado. Es decir, no hemos reducido la meta, sino que la hemos incrementado.
¿Cuáles son entonces los planes para seguir garantizando la atención y el apoyo necesario en los procesos jurídicos de estas mujeres?
En este momento, estamos en un proceso de transición entre operadores. El próximo operador será el Tecnológico de Antioquia, una entidad con gran experiencia en la prestación de servicios desde un enfoque técnico, jurídico y financiero. Además, el Tecnológico tiene un consultorio jurídico y un centro de conciliación llamado “Módulo Rosa”, que es una iniciativa pionera en el país para atender con enfoque de género. Esperamos firmar el contrato con ellos la próxima semana. Mientras tanto, contamos con la Defensoría del Pueblo, que también tiene abogadas con enfoque de género, para acompañar a las mujeres en este periodo de transición.
¿Cómo responde la Secretaría a las preocupaciones planteadas por la Colectiva Justicia Mujer sobre la atención humanizada para las víctimas de violencias basadas en género?
Es importante señalar que el Tecnológico de Antioquia cuenta con abogadas con enfoque de género, un requisito que debe cumplirse en la contratación. Además, hemos hablado con las abogadas que trabajaban con Justicia Mujer, y más del 60 % de ellas han decidido continuar con el Tecnológico. No queremos perjudicar a las mujeres que ya tienen confianza con sus abogadas. El Tecnológico tiene una política de género muy clara y una trayectoria sólida en este tema, lo que nos da tranquilidad de que el servicio seguirá siendo humanizado y enfocado en el bienestar de las mujeres.
Recientemente, la Alcaldía e ITM pidieron perdón por el homicidio de Marjorie Kirchner en 2008. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar la no repetición de estos hechos y para cumplir con la orden judicial?
Las profesionales que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres cuentan con un apoyo constante. Los protocolos que entregamos a los contratistas están diseñados para garantizar que se tomen las medidas necesarias ante cualquier alerta temprana. El Tecnológico de Antioquia tiene un enfoque humanizado y conoce bien las violencias de género, lo que nos permite trabajar de manera adecuada para evitar la impunidad y garantizar la protección de los derechos de las mujeres.
Para finalizar, me gustaría abordar otro tema que preocupa a las mujeres en la ciudad: la explotación sexual. Después de la implementación de los dos decretos, ¿cómo se está garantizando el acceso a la justicia y la protección de las víctimas de este delito?
Aunque la Secretaría de las Mujeres no es directamente responsable de los temas de explotación sexual, acompañamos y transversalizamos las estrategias que se implementan en la ciudad. Una de ellas es “Parceras”, que brinda apoyo a mujeres en contextos de prostitución. Este año hemos acompañado a unas 400 mujeres en su proceso de salida, ofreciéndoles formación y rutas de emprendimiento.
En cuanto a las menores de edad, ese tema lo maneja Inclusión Social, pero estamos colaborando estrechamente con Seguridad y Turismo para implementar protocolos que eviten la impunidad y protejan los derechos de las niñas. También hemos trabajado con los sectores de turismo y transporte para asegurar que existan denuncias y medidas contundentes contra los explotadores sexuales.
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