Alerta de la Defensoría por riesgo alto de reclutamiento y desplazamiento en Vichada

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 005 del 2 de marzo pasado en la que alerta sobre el riesgo alto de violaciones a los derechos humanos en que se encuentran los habitantes de Puerto Carreño en Vichada, tanto en la cabecera local, como en seis inspecciones, ocho veredas y seis resguardos indígenas. Zonas que además son fronterizas con Venezuela y son usadas por grupos ilegales como el Eln, disidencias de las Farc, Los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas para contrabando, narcotráfico, microtráfico. Extorsiones, homicidios, desplazamiento forzado y riesgo de reclutamientos hacen parte de los riesgos a los que está sometida la población.

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Así lo advierte la alerta de 53 páginas en poder de El Espectador que advierte cómo, ante el poder armado y el relacionamiento político y social de los grupos guerrilleros en el territorio, se hacen acuerdos con los carteles de drogas para evitar enfrentamientos que los hagan visibles ante la Fuerza Pública. Las disidencias, los grupos sucesores del paramilitarismo y los carteles de esta forma ponen en jaque a la población civil, ajena a esta guerra, pues quedan inmersos en el intento de control del territorio. Ya sean comerciantes, transportadores, pasajeros, indígenas de ambos países, empresarios, pescadores, operadores turísticos, campesinos o funcionarios de entidades oficiales y de Parques Nacionales Naturales.

“Una de las zonas más utilizadas por estos grupos son las llamadas “ramplas” donde realizan varias actividades delictivas que van desde homicidios hasta el ingreso de mercancía, personas, armas entre otras cosas. El uso del territorio venezolano, vecino a la jurisdicción de Puerto Carreño, ameritaría un análisis particular dado su nivel de incidencia en la dinámica territorial del conflicto armado interno colombiano y de las organizaciones del crimen organizado transnacional en la región (como el posible interés de carteles brasileños)”, dice la alerta.

La Defensoría agrega que también el riesgo deviene de la “instalación y/o existencia de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves en jurisdicción del Estado Apure venezolano, el interés de los diferentes grupos por controlar corredores terrestres y fluviales, rutas de acceso, mecanismos para garantizar la seguridad del transporte de sus mercancías ilícitas y demás controles sobre la población asentada en Puerto Carreño y en asentamientos sobre las riberas del río Meta y Orinoco”. Según la entidad, las guerrillas presionan a los pobladores a asistir a reuniones en Puerto Páez para exigirles extorsiones y difunden panfletos amenazantes.

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Por ejemplo, en julio del 2020, “se conocieron exigencias para que los lancheros pudieran transitar por el río Meta, a saber, se cobraría $30.000 por tonelada en la ruta Puerto Páez - Puerto Carreño. Adicionalmente, los que se transportan por el río Meta fueron obligados a comprar combustible en el sector conocido como La Culebra (Nueva Antioquia, La Primavera) al precio impuesto por la guerrilla. También se informó que las amenazas y las extorsiones estaban respaldadas por los alias “Domingo”, presunto miembro del ELN y de alias “Rafael”, quien se presume, pertenece a las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP.

La Defensoría alertó que las inspecciones de Garcitas y Casuarito (que están sobre el margen del río Orinoco en el municipio de Puerto Carreño) son consideradas estratégicas para los grupos armados ilegales porque están ubicadas muy cerca de la línea fronteriza con Venezuela,” facilitando el rápido acceso de contrabando, narcotráfico (a nivel de microtráfico), así como el tránsito permanente de los grupos armados ilegales. En estos poblados se realizan extorsiones a los transportadores fluviales y acciones de control territorial que se extienden hacia ambos lados de la frontera”.

Incluso, la entidad asegura que, a partir de la presencia de los diferentes grupos armados en este territorio, se puede “inferir” una probable interacción entre el ELN y Puntilleros Libertadores del Vichada y, también, con grupos de crimen organizado, con fines económicos y de control territorial de las rutas del narcotráfico que antes estaban en dominio de las Farc. Además, se alertó porque el Eln y las disidencias tendrían interés en el Arco Minero que se encuentra en el Estado de Bolívar de Venezuela. “Se destacan La Guafilla, Manacai, Las Varas, Mata Guanábano, Buena Vista, Guarataro, Yopitos, Algarrobo, Buenos Aires y Puerto Páez, como territorios venezolanos de evidente presencia de grupos armados no estatales colombianos”.

Bajo este complicado contexto, entre el 1 de enero de 2019 y el 17 de mayo de 2020 fueron realizadas 69 solicitudes de protección a líderes y lideresas sociales en Puerto Carreño por, peticiones que están represadas o sin respuesta de la Unidad Nacional de Protección. La Defensoría contó 13 defensores y defensoras de derechos humanos amenazadas en 2020, incluidos dos líderes políticos y líderes indígenas de Kanalitojo a quienes se les asignó medidas de protección colectiva. El riesgo también se refleja para 22 excombatientes de las Farc que viven en el departamento.

Uno de los puntos de foco del conflicto es el tema del manejo y existencia de bienes baldíos de la Nación, que son invadidos u ocupados en el departamento. Según la Defensoría, la “falta de claridad en los derechos de propiedad de la tierra, de políticas definidas para la adjudicación o formalización de baldíos ha desencadenado hechos de violencia sobre las personas y/o poblaciones que han querido apropiarse de esas tierras para luego acceder a títulos por mejoras. Es de esperar que, ante la apropiación de la frontera agrícola en toda la Altillanura, se susciten graves consecuencias y transformaciones estructurales sobre el campo”.

La situación puede llegar a ser alarmante si se tiene en cuenta que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) estableció que las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres) en el Vichada serán en 2.483.806 hectáreas. La Defensoría afirmó que “el desarrollo de las ZIDRES dejaría a quienes no tienen tierra y llevan años reclamándola, sin menor posibilidad de acceder a ella; en particular, a las comunidades más pobres para quienes la actividad agropecuaria es su única forma de subsistencia. Además, la aplicación de este modelo de distribución de la tierra en el departamento contribuye a profundizar las condiciones de vulnerabilidad económica, social y ambiental de dichas comunidades”.

De otro lado, la Defensoría advirtió que comunidades indígenas como Wazapa Dagua “están presentando conflictos ambientales y por el uso de la tierra con una empresa agroforestal, debido a que en el año 2020 se presentó tala y quema de árboles. Adicionalmente, se ha informado que posiblemente esta empresa esté generando contaminación en los caños de donde se abastecen las comunidades. Estas problemáticas ocurren debido a la inseguridad jurídica del territorio, que suscita la propensión de conflictos entre empresas y comunidades indígenas”. Y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresó que, en Puerto Carreño, inició un proyecto de palma africana con 89.000 hectáreas cuyo aceite saldrá por el río Orinoco para ser transportado a España.

Las amenazas además se entienden a la población venezolana por parte de los grupos armados mencionados, en una situación que ya es crítica para los migrantes por la tensa realidad social del vecino país. En Vichada hay 72 pasos irregulares en la frontera identificados y los lugares de albergue y asentamiento de los migrantes se vuelven foco de hacinamiento y la irregularidad misma dificulta que tengan acceso a trabajo local: “La precaria situación laboral de sobrevivencia obliga a algunos vendedores informales a combinar su actividad informal con la venta de sustancias psicoactivas, especialmente en El Puerto, o como campaneros de los grupos armados no estatales”.

Así las cosas, los riesgos por los que alerta la Defensoría son amenazas, su baja de denuncia y falta de investigación, que se contextualizan en una sensación de poca confianza hacia las autoridades y la Fuerza Pública. Seguido están las extorsiones que realizan los grupos armados y los homicidios: “Según la Fiscalía, para el año 2018 se registró un total de 23 homicidios, en 2019 se registraron 21 casos y para el 2020 el registro fue de 13 casos. Los homicidios sucedidos en Puerto Carreño durante el año 2020 se han cometido en los sectores conocidos como La Rampla y Las Vegas. Estos lugares son zonas ribereñas en la frontera con Venezuela”.

La Defensoría da cuenta, además, que la Fiscalía reportó en el año 2018, 6 casos de desaparición forzada, igual número para el año 2019 y 2 casos en el año 2020. Y se tienen reporte de casos de secuestro. “En muchos casos, no aparecen en los registros de desaparecidos. En otras circunstancias, aparecen cadáveres en sectores aledaños a los ríos que sirven de límite fronterizo, con evidentes signos de tortura y sevicia”, dice la alerta temprana. Sobre desplazamiento, el documento expone, citando a la Red Nacional de Información, que Puerto Carreño ha tenido entre los años 2018, 2019 y 2020 un total de 420 víctimas ocurrentes y 107 personas que han realizado su declaración en el municipio por ser desplazada y 427 eventos.

Y, por último, la Defensoría alertó que el reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes “ha sido una conducta persistente en el municipio de Puerto Carreño desde 1995”, sobre todo de indígenas que ostentan la doble nacionalidad y de ciudadanos venezolanos en el país vecino, específicamente en Puerto Páez, El Burro y Puerto Ayacucho. “Enarbolar un discurso sociopolítico y con promesas de remuneración, son las tácticas utilizadas para vincular más personal dentro de las estructuras armadas y realizar mayor control de los sectores mineros de Venezuela y parte de Puerto Carreño. No obstante, cabe mencionar que en los resguardos indígenas existen riesgos de ser reclutados debido a que en sus territorios transitan miembros de grupos armados no estatales”.

“Por su parte, en los barrios del municipio, como Calarcá, se presentan riesgos de reclutamiento para los adolescentes y los jóvenes. Dicho riesgo de reclutamiento también representa que niñas, adolescentes y mujeres indígenas, se encuentren expuestas a ser víctimas de violencia sexual, explotación sexual o esclavitud para labores domésticas por parte de estos grupos. El reclutamiento no sólo genera una ruptura del tejido social, cosmovisión, usos y costumbres, sino también produce una ausencia familiar. No obstante, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, en el departamento del Vichada, únicamente el municipio de Cumaribo registra casos de reclutamiento forzado de NNAJ. Aunque no se tiene información en el municipio de Puerto Carreño sobre posibles delitos de explotación sexual infantil y trata de personas, no se descarta su existencia”.

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 005 del 2 de marzo pasado en la que alerta sobre el riesgo alto de violaciones a los derechos humanos en que se encuentran los habitantes de Puerto Carreño en Vichada, tanto en la cabecera local, como en seis inspecciones, ocho veredas y seis resguardos indígenas. Zonas que además son fronterizas con Venezuela y son usadas por grupos ilegales como el Eln, disidencias de las Farc, Los Puntilleros y las Autodefensas Gaitanistas para contrabando, narcotráfico, microtráfico. Extorsiones, homicidios, desplazamiento forzado y riesgo de reclutamientos hacen parte de los riesgos a los que está sometida la población.

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Así lo advierte la alerta de 53 páginas en poder de El Espectador que advierte cómo, ante el poder armado y el relacionamiento político y social de los grupos guerrilleros en el territorio, se hacen acuerdos con los carteles de drogas para evitar enfrentamientos que los hagan visibles ante la Fuerza Pública. Las disidencias, los grupos sucesores del paramilitarismo y los carteles de esta forma ponen en jaque a la población civil, ajena a esta guerra, pues quedan inmersos en el intento de control del territorio. Ya sean comerciantes, transportadores, pasajeros, indígenas de ambos países, empresarios, pescadores, operadores turísticos, campesinos o funcionarios de entidades oficiales y de Parques Nacionales Naturales.

“Una de las zonas más utilizadas por estos grupos son las llamadas “ramplas” donde realizan varias actividades delictivas que van desde homicidios hasta el ingreso de mercancía, personas, armas entre otras cosas. El uso del territorio venezolano, vecino a la jurisdicción de Puerto Carreño, ameritaría un análisis particular dado su nivel de incidencia en la dinámica territorial del conflicto armado interno colombiano y de las organizaciones del crimen organizado transnacional en la región (como el posible interés de carteles brasileños)”, dice la alerta.

La Defensoría agrega que también el riesgo deviene de la “instalación y/o existencia de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves en jurisdicción del Estado Apure venezolano, el interés de los diferentes grupos por controlar corredores terrestres y fluviales, rutas de acceso, mecanismos para garantizar la seguridad del transporte de sus mercancías ilícitas y demás controles sobre la población asentada en Puerto Carreño y en asentamientos sobre las riberas del río Meta y Orinoco”. Según la entidad, las guerrillas presionan a los pobladores a asistir a reuniones en Puerto Páez para exigirles extorsiones y difunden panfletos amenazantes.

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Por ejemplo, en julio del 2020, “se conocieron exigencias para que los lancheros pudieran transitar por el río Meta, a saber, se cobraría $30.000 por tonelada en la ruta Puerto Páez - Puerto Carreño. Adicionalmente, los que se transportan por el río Meta fueron obligados a comprar combustible en el sector conocido como La Culebra (Nueva Antioquia, La Primavera) al precio impuesto por la guerrilla. También se informó que las amenazas y las extorsiones estaban respaldadas por los alias “Domingo”, presunto miembro del ELN y de alias “Rafael”, quien se presume, pertenece a las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP.

La Defensoría alertó que las inspecciones de Garcitas y Casuarito (que están sobre el margen del río Orinoco en el municipio de Puerto Carreño) son consideradas estratégicas para los grupos armados ilegales porque están ubicadas muy cerca de la línea fronteriza con Venezuela,” facilitando el rápido acceso de contrabando, narcotráfico (a nivel de microtráfico), así como el tránsito permanente de los grupos armados ilegales. En estos poblados se realizan extorsiones a los transportadores fluviales y acciones de control territorial que se extienden hacia ambos lados de la frontera”.

Incluso, la entidad asegura que, a partir de la presencia de los diferentes grupos armados en este territorio, se puede “inferir” una probable interacción entre el ELN y Puntilleros Libertadores del Vichada y, también, con grupos de crimen organizado, con fines económicos y de control territorial de las rutas del narcotráfico que antes estaban en dominio de las Farc. Además, se alertó porque el Eln y las disidencias tendrían interés en el Arco Minero que se encuentra en el Estado de Bolívar de Venezuela. “Se destacan La Guafilla, Manacai, Las Varas, Mata Guanábano, Buena Vista, Guarataro, Yopitos, Algarrobo, Buenos Aires y Puerto Páez, como territorios venezolanos de evidente presencia de grupos armados no estatales colombianos”.

Bajo este complicado contexto, entre el 1 de enero de 2019 y el 17 de mayo de 2020 fueron realizadas 69 solicitudes de protección a líderes y lideresas sociales en Puerto Carreño por, peticiones que están represadas o sin respuesta de la Unidad Nacional de Protección. La Defensoría contó 13 defensores y defensoras de derechos humanos amenazadas en 2020, incluidos dos líderes políticos y líderes indígenas de Kanalitojo a quienes se les asignó medidas de protección colectiva. El riesgo también se refleja para 22 excombatientes de las Farc que viven en el departamento.

Uno de los puntos de foco del conflicto es el tema del manejo y existencia de bienes baldíos de la Nación, que son invadidos u ocupados en el departamento. Según la Defensoría, la “falta de claridad en los derechos de propiedad de la tierra, de políticas definidas para la adjudicación o formalización de baldíos ha desencadenado hechos de violencia sobre las personas y/o poblaciones que han querido apropiarse de esas tierras para luego acceder a títulos por mejoras. Es de esperar que, ante la apropiación de la frontera agrícola en toda la Altillanura, se susciten graves consecuencias y transformaciones estructurales sobre el campo”.

La situación puede llegar a ser alarmante si se tiene en cuenta que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) estableció que las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres) en el Vichada serán en 2.483.806 hectáreas. La Defensoría afirmó que “el desarrollo de las ZIDRES dejaría a quienes no tienen tierra y llevan años reclamándola, sin menor posibilidad de acceder a ella; en particular, a las comunidades más pobres para quienes la actividad agropecuaria es su única forma de subsistencia. Además, la aplicación de este modelo de distribución de la tierra en el departamento contribuye a profundizar las condiciones de vulnerabilidad económica, social y ambiental de dichas comunidades”.

De otro lado, la Defensoría advirtió que comunidades indígenas como Wazapa Dagua “están presentando conflictos ambientales y por el uso de la tierra con una empresa agroforestal, debido a que en el año 2020 se presentó tala y quema de árboles. Adicionalmente, se ha informado que posiblemente esta empresa esté generando contaminación en los caños de donde se abastecen las comunidades. Estas problemáticas ocurren debido a la inseguridad jurídica del territorio, que suscita la propensión de conflictos entre empresas y comunidades indígenas”. Y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz expresó que, en Puerto Carreño, inició un proyecto de palma africana con 89.000 hectáreas cuyo aceite saldrá por el río Orinoco para ser transportado a España.

Las amenazas además se entienden a la población venezolana por parte de los grupos armados mencionados, en una situación que ya es crítica para los migrantes por la tensa realidad social del vecino país. En Vichada hay 72 pasos irregulares en la frontera identificados y los lugares de albergue y asentamiento de los migrantes se vuelven foco de hacinamiento y la irregularidad misma dificulta que tengan acceso a trabajo local: “La precaria situación laboral de sobrevivencia obliga a algunos vendedores informales a combinar su actividad informal con la venta de sustancias psicoactivas, especialmente en El Puerto, o como campaneros de los grupos armados no estatales”.

Así las cosas, los riesgos por los que alerta la Defensoría son amenazas, su baja de denuncia y falta de investigación, que se contextualizan en una sensación de poca confianza hacia las autoridades y la Fuerza Pública. Seguido están las extorsiones que realizan los grupos armados y los homicidios: “Según la Fiscalía, para el año 2018 se registró un total de 23 homicidios, en 2019 se registraron 21 casos y para el 2020 el registro fue de 13 casos. Los homicidios sucedidos en Puerto Carreño durante el año 2020 se han cometido en los sectores conocidos como La Rampla y Las Vegas. Estos lugares son zonas ribereñas en la frontera con Venezuela”.

La Defensoría da cuenta, además, que la Fiscalía reportó en el año 2018, 6 casos de desaparición forzada, igual número para el año 2019 y 2 casos en el año 2020. Y se tienen reporte de casos de secuestro. “En muchos casos, no aparecen en los registros de desaparecidos. En otras circunstancias, aparecen cadáveres en sectores aledaños a los ríos que sirven de límite fronterizo, con evidentes signos de tortura y sevicia”, dice la alerta temprana. Sobre desplazamiento, el documento expone, citando a la Red Nacional de Información, que Puerto Carreño ha tenido entre los años 2018, 2019 y 2020 un total de 420 víctimas ocurrentes y 107 personas que han realizado su declaración en el municipio por ser desplazada y 427 eventos.

Y, por último, la Defensoría alertó que el reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes “ha sido una conducta persistente en el municipio de Puerto Carreño desde 1995”, sobre todo de indígenas que ostentan la doble nacionalidad y de ciudadanos venezolanos en el país vecino, específicamente en Puerto Páez, El Burro y Puerto Ayacucho. “Enarbolar un discurso sociopolítico y con promesas de remuneración, son las tácticas utilizadas para vincular más personal dentro de las estructuras armadas y realizar mayor control de los sectores mineros de Venezuela y parte de Puerto Carreño. No obstante, cabe mencionar que en los resguardos indígenas existen riesgos de ser reclutados debido a que en sus territorios transitan miembros de grupos armados no estatales”.

“Por su parte, en los barrios del municipio, como Calarcá, se presentan riesgos de reclutamiento para los adolescentes y los jóvenes. Dicho riesgo de reclutamiento también representa que niñas, adolescentes y mujeres indígenas, se encuentren expuestas a ser víctimas de violencia sexual, explotación sexual o esclavitud para labores domésticas por parte de estos grupos. El reclutamiento no sólo genera una ruptura del tejido social, cosmovisión, usos y costumbres, sino también produce una ausencia familiar. No obstante, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, en el departamento del Vichada, únicamente el municipio de Cumaribo registra casos de reclutamiento forzado de NNAJ. Aunque no se tiene información en el municipio de Puerto Carreño sobre posibles delitos de explotación sexual infantil y trata de personas, no se descarta su existencia”.