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La Universidad de Medellín solicitó al Tribunal Superior de Bogotá acelerar el proceso que se adelanta contra el excongresista liberal Julián Bedoya Pulgarín. La institución advirtió un riesgo de prescripción por el delito de fraude procesal, uno de los cargos que enfrenta el político por haber obtenido su título de abogado en dicha universidad, presuntamente de forma irregular.
La petición fue presentada por el abogado Juan Camilo Bolaños, apoderado judicial de la universidad, que figura como víctima formalmente reconocida en el proceso. En la solicitud, el abogado pidió priorizar la resolución del recurso de apelación de la defensa de Bedoya, que permanece en estudio desde julio de 2025, ante la proximidad del vencimiento del término legal para que la justicia pueda seguir investigando la conducta de fraude procesal, que sería hasta julio de este año.
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De acuerdo con la línea de tiempo detallada por la defensa de la Universidad de Medellín, tras solicitudes de nulidad por parte de Bedoya e intentos fallidos de preclusión por parte de la Fiscalía, el 5 de junio de 2024 el ente investigador radicó finalmente el escrito de acusación contra el excongresista liberal y precandidato a la Gobernación de Antioquia en 2023.
Tras resolverse un recurso de apelación por parte de la defensa de Bedoya, el 19 de mayo de 2025, el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá retomó la audiencia de formulación de acusación. En esa diligencia, la defensa del excongresista solicitó la nulidad del proceso por una presunta incongruencia entre la imputación y la acusación. Finalmente, el juzgado negó la nulidad y concedió el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá.
La apelación fue radicado el 31 de julio de 2025 en la Secretaría del Tribunal y fue asignado por reparto al despacho del magistrado Javier Armando Fletcher Plazas. De acuerdo con la Universidad de Medellín, el recurso permanece desde entonces sin que se haya adoptado una decisión de fondo que permita avanzar con el proceso contra el político liberal.
Según el apoderado de la Universidad de Medellín, el Código Penal establece que el término de prescripción del delito de fraude procesal es de 12 años, al no estar relacionado con el ejercicio de Bedoya, quien fue congresista entre 2018 y 2022. La Fiscalía estableció que la conducta ocurrió el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que a Bedoya le fue asignada la tarjeta profesional de abogado.
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El tiempo de la prescripción se interrumpió el 2 de julio de 2020, cuando Bedoya, siendo congresista, se presentó en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. En 2022, al renunciar a su curul, el caso pasó a la Fiscalía y el conteo de vencimiento se reanudó por seis años, lo que implica que el delito prescribiría el próximo 2 de julio de 2026.
El escándalo del presunto título de abogado exprés
Julián Bedoya Pulgarín es investigado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal, en el marco del escándalo por las presuntas irregularidades en la obtención de su título como abogado.
Las denuncias, conocidas a finales de 2019, señalaron que el entonces senador habría regresado a la Universidad de Medellín tras casi una década de haber abandonado sus estudios y aprobado 16 exámenes en apenas cuatro jornadas, lo que despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría.
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Por estos mismos hechos, el 3 de mayo de 2024, el Tribunal Superior de Medellín condenó al exrector Néstor de Jesús Hincapié Vargas, a varios exdirectivos y docentes de la Universidad de Medellín como autores e intervinientes del delito de falsedad ideológica en documento público. Tras el escándalo que llevó a la salida de la cúpula directiva del centro universitario, la institución pasó a ser víctima en el proceso.
Además, en abril de 2023, la Facultad de Derecho declaró inválido el título de abogado de Bedoya, al concluir que existieron irregularidades en su matrícula. La institución reconoció, mediante resolución interna, que el excongresista solo fue estudiante activo hasta el año 2009.
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El abogado Juan Camilo Bolaños señaló a este diario que la Universidad de Medellín demandó ante el Consejo de Estado el “acto administrativo que otorgó el título de abogado a Julián Bedoya, es decir, el acta de grado. Al ser un acto administrativo emitido por un rector en función pública transitoria, debe anularse de esa manera”. No obstante, aclaró Bolaños, el proceso sigue curso.
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