El nombre de Alex Naín Saab Morán de nuevo está sonando en los entornos judiciales. El empresario barranquillero y aliado de Nicolás Maduro fue deportado el pasado 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos, para que responda ante un tribunal de la Florida por presunto lavado de dinero. El colombiano de 55 años es señalado de ser uno de los testaferro de quien fuera el jefe del régimen venezolano, capturado en enero pasado por las autoridades estadounidenses. Aunque este ese el proceso es el que más movimiento ha tenido en los últimos días, Alex Saab no solo tiene casos activos en ese país, sino también en Colombia, donde tiene un expediente en su contra relacionado con un presunto blanqueo de capitales.
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Ese caso ya llegó a la Corte Suprema de Justicia que estudia una casación que presentó la Fiscalía con la que busca tumbar la absolución de Saab. Esta investigación se remonta a 2017, cuando la Fiscalía le puso la lupa a una de sus empresa: Shatex SAS, hoy en liquidación. Las investigaciones de los funcionarios del búnker señaló que el empresario habría usado esa compañía del sector textil para lavar más de COP 25.000 millones a través de importaciones y exportaciones falsas. El caso se destapó en agosto de 2017, cuando en una cumbre de fiscales de América Latina la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, lo señaló de ser una de las personas beneficiadas por la corrupción que ya rodeaba al régimen venezolano.
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En 2018, El Espectador reveló que la Fiscalía colombiana también le estaba sigiendo la pista a Saab porque estaría evadiendo obligaciones tributarias y aduaneras relacionadas con sus negocios de textiles. En junio de 2020, el ente investigador lo llamó a juicio por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia y estafa agravada. También fue acusado Devis José Mendoza Lapeira, contador de la empresa de Saab. Entre las pruebas en su contra se supo que existía un informe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que mostraba que los rendimientos financieros de la firma Shatex no cuadraban.
Ese documento, que la Fiscalía tenía en su poder desde 2018, era la prueba clave para demostrar las presuntas movidas fiscales y aduaneras ilegales de Alex Saab. Señalaba que él y su hermano, Amir Saab Morán, habrían creado “empresas de papel” para lavar dinero por medio de exportaciones que habrían inflado los rendimientos de Shatex. Entre 2007 y 2009, según ese informe y la acusación de la Fiscalía, el crecimiento de la empresa habría sido del 923 %. El Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex) fue reconocido como víctima en el caso porque en 2009 Saab le cobró a esa entidad más de COP 410 millones como “descuento a una factura” por una exportación de jeans a un cliente en Australia, que nunca ocurrió.
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El 17 de mayo de 2024, el juez primero penal de Barranquilla absolvió a Alex Saab y a su contador, Devis Mendoza. Según el togado, los informes y pruebas presentadas por la defensa del empresario barranquillero y señalado aliado de Maduro, liderada en ese momento por el abogado Camilo Bocanegra, demostraban que Shatex había cumplido con todos los requisitos de ley a la hora de reportar exportaciones e importaciones de textiles. La decisión fue apelada por la Fiscalía y por Bancoldex, y el expediente llegó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla. En agosto de 2025, esa instancia confirmó la absolución de Saab con relación a cuatro de los cinco delitos por los que había sido procesado.
Solo sobre el delito de estafa agravada, relacionado directamente con el cobro ilegal a Bancóldex, el Tribunal señaló que la acción penal en contra de Saab quedaba extinta porque pagó una indemnización de COP 452 millones a favor de la entidad, por el engaño relacionado con la falsa exportación de textiles a Australia. El Tribunal calificó ese fallo como “una decisión histórica” en materia de justicia restaurativa porque Saab “reparó integralmente el daño ocasionado”. Pero la Fiscalía, que tenía desde 2017 pruebas, en su concepto, suficientes para llevar a la cárcel al empresario, llevó el caso a la cúpula de la justicia y en octubre del año pasado el ente investigador presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que revise el caso y tumbe la absolución, porque, dice se valoraron mal las pruebas.
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Mientras que el proceso en Colombia contra el empresario avanzaba entre absoluciones y apelaciones, él se convirtió en uno de los hombres más cercanos al régimen de Maduro. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de cargos relacionados con el lavado de al menos USD 350 millones provenientes de Venezuela. En junio de 2020, mientras hacía una parada en Cabo Verde (África) para tanquer su avión de regreso de un viaje desde Teherán (Irán), fue capturado. El régimen de Maduro intentó librarlo de esa detención nombrándolo embajador de Venezuela ante la Unión Africana en diciembre de 2020 y justificando que estaba en una misión diplomática. Pero en octubre de 2021 fue extraditado a Estados Unidos, donde estuvo hasta quedar libre en diciembre de 2023, indultado por el gobierno de Joe Biden. De allí regresó a Venezuela, donde estuvo hasta hace una semana.
Pese a que el camino del expediente contra Saab avanza despacio en la Corte Suprema de Justicia, sus cuentas pendientes relacionadas con el caso de la empresa Shatex aún no tienen punto final. Distinto ocurrió con la investigación que adelantaba el alto tribunal contra la excongresista Piedad Córdoba, que fue archivada tras su muerte en enero de 2024. Esa instancia indagaba sobre un presunto aumento injustificado en el patrimonio de la senadora cercana al régimen venezolano y en la que fue mencionado el empresario. Como lo contó en su momento este diario, Córdoba y Saab se habrían conocido en una reunión política en Venezuela, cuando la empresa Shatex tenía negocios de importaciones y exportaciones con ese país.
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Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando la relación entre Bogotá y Caracas estaba fracturada y el régimen de Hugo Chávez suspendió pagos a proveedores colombianos como Alex Saab, Córdoba habría mediado para destrabar los pagos pendientes. Años después, el empresario barranquillero terminó siendo uno de los contratistas más poderosos del chavismo, con asignaciones en proyectos para la construcción de viviendas de bajo costo y exportaciones de alimentos hacia Venezuela para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Tras el deceso de Córdoba, el proceso en su contra se cerró y tampoco avanzaron las indagaciones relacionadas con la mención a Saab en ese expediente.
De regreso a Venezuela, Saab volvió a la cúspide del poder e, incluso, fue nombrado como ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, sus cuentas con la justicia siguieron vigentes. Además del expediente en la Corte Suprema, en Colombia también está por resolverse qué pasará con sus propiedades en Colombia, entre ellas una mansión en Barranquilla, avaluada en COP 28.000 millones.
Las autoridades habían decomisado con fines de extinción de dominio siete propiedades, pero en enero de 2025 un juez de Barranquilla le ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) devolvérselas a Saab. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión y el caso ahora está en el Tribunal Superior de Medellín. Mientras que allí se resuelve qué pasará con las lujosas propiedades, y la Corte Suprema revisa el expediente, Saab espera, detenido en una prisión de Miami, para comparecer ante la justicia estadounidense.
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Por Gustavo Montes Arias
