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29 Oct 2021 - 1:02 p. m.

Alias “Lucas”, exjefe de finanzas de las Auc, vinculado a expediente por masacre

La Fiscalía impuso una nueva medida de aseguramiento contra Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, por la masacre de Coredó (Chocó) en la que fueron acribilladas ocho personas en 1996. El procesado fue feje de finanzas de la Casa Castaño y conoce los secretos poco explorados del Parqueadero Padilla.
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Cortesía Fiscalía
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Foto: Cortesía Fiscalía

Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, antiguo jefe de finanzas de la casa de los Castaño, fue recapturado el pasado 16 de abril y desde entonces la Fiscalía lo procesa por su presunta responsabilidad en varios crímenes atribuidos al paramilitarismo. El primero, el asesinato de tres investigadores del CTI del mismo ente investigador entre 1997 y 1998. Y, ahora, la masacre de ocho personas en el corregimiento de Coredó, en Juradó (Chocó), llevaba a cabo por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá el 11 de mayo de 1996.

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La Fiscalía acaba de imponer una nueva medida de aseguramiento contra alias Lucas, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio. Según dio a conocer el ente investigador, contra alias Lucas testificaron los postulados a Justicia y Paz (proceso transicional a favor de las autodefensas desmovilizadas) Hebert Veloza García, alias HH, y Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín.

“En tales declaraciones, se sindica a alias Lucas como coordinador del desplazamiento de ellos sicarios desde el municipio de Santa de Antioquia (Antioquia) hasta Juradó (Chocó), donde se cometió la masacre, al parecer ordenado por los hermanos Castaño Gil”, señaló la Fiscalía. Alias Lucas fue escuchado en indagatoria en mayo y septiembre de este año, fechas en las cuales negó toda participación en la masacre.

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De acuerdo con los registros de El Tiempo, la masacre se perpetró en presencia de un grupo de mujeres, quienes aseguraron que los asesinos llamaron por sus nombres a las víctimas, las hicieron tender en el suelo y allí los fusilaron. Le dijeron a la presa que dos hombres, mientras sus cómplices usaban las armas, esperaron en la playa del corregimiento con el motor encendido de una lancha.

Fueron masacrados el maestro Guido León Hidrobo, quien trabajaba en una escuela del sector, Cedilio Urrutia, Óscar Rivera, los hermanos Víctor y Herminio Bermúdez, un joven de 15 años familiar de ambos, y tres hombres conocidos como Feiner, Raigoza y Marín Córdoba. Uno de los acribillados era esposo de la presidenta del Concejo de Juradó, Doris Orobio. Un joven de 16 años resultó herido con tres impactos de bala.

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La Fiscalía, a principio de año, anunció la captura de alias Lucas en el marco de tres investigaciones que datan de 1997 y 1998, periodos en los que los investigadores del CTI Manuel Guillermo López Umaña, John Jairo Ruiz y Luis Fernando Gonzales fueron asesinados, al parecer por sus averiguaciones sobre el paramilitarismo y el narcotráfico en Antioquia. Entonces, Lucas era jefe financiero de la Casa Castaño.

Ya había sido capturado en 1998, cuando las autoridades de Medellín descubrieron el famoso Parqueadero Padilla, el cual contaba con centenares de documentos físicos y digitales que representaban el vínculo irrefutable entre empresas reconocidas y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, fundadas por los hermanos Castaño en los ochenta. Había extractos bancarios, facturas de compra de medicamentos, comunicaciones sobre operativos militares, computadores, 70 disquetes, cheques y dinero en efectivo.

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Lo que se halló en ese lugar, que se ubicaba justo al frente de la sede de la justicia en Medellín, es algo que las investigaciones judiciales no han terminado de aclarar. En 2015, por ejemplo, el Tribunal Superior del Distrito de Medellín recordó que en ese lugar se encontró información de 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, “entre las cuales aparecen Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y Cia, Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las Autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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