La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a entregar versión a varios antiguos mandos del Batallón La Popa. Estos deberán aportar verdad sobre la desaparición, tortura y homicidio de tres Mamos, que son autoridades espirituales arahuacas, así como sobre la detención ilegal y tortura de dos indígenas del mismo pueblo, en 1990. En la diligencia, citada para este 19 de abril, estuvieron presentes víctimas, autoridades políticas y espirituales del pueblo.
Los comparecientes que fueron citados por la JEP son el excomandante del Batallón La Popa, coronel (r) Luis Fernando Duque Izquierdo, y el exjefe de inteligencia, capitán (r) Pedro Antonio Fernández Ocampo. Esta citación pertenece al caso 09, el cual investiga los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos que ocurrieron en el marco del conflicto armado.
La diligencia se llevó a cabo en un espacio sagrado para el pueblo Arhuaco. En ella, la magistrada Caterina Heyck ahondó sobre lo sucedido con los Mamos Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro. Según informó la jurisdicción, los hombres habrían sido detenidos en Curumaní (Cesar) por hombres armados, luego habrían sido torturados y finalmente asesinados. Por otro lado, está el caso los hermanos indígenas José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, que habrían sido detenidos y torturados en el Batallón “La Popa”.
De manera previa a esta audiencia, se adelantaron varias reuniones de diálogo y coordinación con el Pueblo Arhuaco. En ellas, la comunidad resaltó la gravedad de los daños que sufrieron en relación con su autonomía, gobierno y espiritualidad debido a estos crímenes. Así mismo, la Jurisdicción recordó que, aunque la justicia ordinaria abrió una investigación por estos hechos, no logró avanzar en ella debido a que posteriormente el proceso fue asignado a la Justicia Penal Militar. Esta determinó en 1993 que los dos militares no eran responsables.
Sin embargo, debido a la impunidad en el caso y a las solicitudes de las familias de las víctimas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU “concluyó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos”. Debido a esto, el ente internacional ordenó reabrir el proceso contra los militares y adelantar una “investigación seria”. Posteriormente, en 2019, la Fiscalía declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad.
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