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14 Mar 2022 - 10:44 p. m.

Álvaro Ashton, por ahora, seguirá compareciendo ante la JEP

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió un recurso de reposición que presentó la Procuraduría que solicitaba mantener al político conservador como compareciente de la justicia transicional. En la decisión, aunque momentáneamente lo deja dentro de la de JEP, le abre un incidente de incumplimiento.
Alvaro Ashton Giraldo
Alvaro Ashton Giraldo
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Álvaro Ashton aún se encuentra en la cuerda floja en cuanto a su comparecencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En octubre del año pasado fue expulsado por la Sala de Definiciones Jurídicas porque consideró que su aporte a la verdad fue “insuficiente, vago y sin fundamento”. La Procuraduría, así como la defensa del político, apelaron la decisión, y este lunes se conoció que le dieron la razón de forma parcial. Si bien dejaron sin efecto el auto que lo sacaba de la JEP, la decisión trae consigo un incidente de cumplimiento.

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Álvaro Ashton estaba a punto de quedar por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, un recurso que llegó a la Sección de Apelación de la justicia transicional reversó la determinación que lo tenía en vilo. La JEP lo había excluido en octubre de 2021 por considerar que los aportes de verdad fueron “insuficientes, vagos y sin fundamento”. Este lunes, el mismo tribunal le vuelve a dar el espaldarazo y deberá seguir compareciendo por actos de corrupción que se suscitaron en el denominado Cartel de la Toga.

La Sección de Apelación consideró que, si bien Ashton no ha cumplido con lo que se esperaba tras su sometimiento, antes de la expulsión existe un trámite sancionatorio: el incidente de incumplimiento. Tal cual lo había solicitado el Ministerio Público, es una medida preventiva antes de revocar definitivamente el sometimiento de un político que aseguró conocer, y mucho, de la parapolítica y de la Ley de Justicia y Paz. Esta última es la norma que permitió la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Ashton se comprometió a aportar relatos veraces en siete puntos concretos. Uno de ellos es su papel en los debates legislativos para la aprobación de la Ley 975 de 2005, que permitió la puesta en marcha de Justicia y Paz. Dijo que hablaría sobre la votación en Magdalena que le permitió llegar al Senado en 2006. Y, además, la relación de empresarios y políticos con las Auc para el periodo 2002 y 2006, en los departamentos de Atlántico y Magdalena. Todos estos puntos que, según la JEP, no han sido esclarecidos del todo.

Ashton se convirtió en el primer político en aterrizar en la JEP por hechos de corrupción. En su momento, él mismo aceptó haber entregado dineros para salir bien librado de un proceso que le seguía la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. La Sala de Apelación acogió los argumentos de la defensa y la iniciativa de la Procuraduría de mantenerlo en el tribunal porque, a su juicio, entregó aportes de verdad relacionados con los temas por los que fue aceptado.

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En las diligencias a las que compareció dijo que él sabía “que tenía su pecado” refiriéndose a la reunión que tuvo con Carlos Mario García, comandante del frente José Pablo Díaz de las extintas Auc. Mientras Ashton estuvo investigado por la Corte Suprema negó todo vínculo con el grupo paramilitar. Resaltó que no tuvo acuerdos políticos ni en el Atlántico ni en el Magdalena y que su llegada al Congreso fue independiente. Cuando aterrizó en la JEP su versión cambió. Allí afirmó que sí tuvo encuentros con García, e incluso, en su momento, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas destacó que Ashton admitiera el apoyo dado por los paramilitares en su candidatura al Congreso para 2006.

En las diligencias también explicó cómo terminó haciendo negocios con el cartel de la toga. Reveló la forma en la que conoció a Luis Gustavo Moreno, destacando que había una relación “fluida, cercana y directa”. Los magistrados de la JEP le pidieron detalles y él señaló que no conocía a quién se le entregó parte de los $800 millones que pagó por su encargo de engavetar la investigación. Sin embargo, tenía como referencia del entramado a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, este último condenado por los mismos hechos y sobre quien reposa una de las más altas condenas. Sobre el proceso de parapolítica resaltó reuniones con García y con Mario Marenco, también miembro del grupo paramilitar.

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En su momento, la Sala de Definiciones Jurídicas resaltó la entrega de verdad de Ashton. No obstante, en octubre de 2021 le reprochó que la información “no es significativa y no conduce a la construcción de una verdad colectiva”. “La Sala advierte que no se suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada, y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las Auc como una forma de control territorial”. Ese señalamiento no lo compartieron su abogado Yefferson Dueñas ni el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, quienes pidieron que se revocara la decisión que dejó por fuera de la justicia especial a Álvaro Ashton.

El defensor, por su parte, resaltó que las entregas de verdad se realizaron bajo todos los requerimientos de la JEP e incluso sacó a la luz que no había aceptado ante la justicia ordinaria. En el documento de apelación, Dueñas resaltó que lo que contó Ashton en la justicia especial “le traerá gravosas consecuencias en la justicia ordinaria (la condena) en el caso de que sus procesos sean devueltos a ella. Y aunque existe un debate sobre el valor probatorio de las declaraciones ante la JEP, en el marco de diligencias de aporte temprano de verdad, lo cierto es que en la práctica resulta materialmente imposible que el juez ordinario de conocimiento se abstenga de hallarlo culpable a partir de la asunción de responsabilidad que ya ha realizado ante esta Jurisdicción”.

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