Por medio de la Alerta Temprana de Inminencia número ocho de 2026, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre el riesgo que enfrentan varios pueblos indígenas en el departamento de Guainía, debido a la disputa armada entre el Eln y disidencias de las antiguas Farc. La confrontación arriesga la vida de comunidades asentadas en zonas rurales del territorio.
La advertencia se centra en las comunidades indígenas Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave, que habitan en la zona rural de Inírida y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual. En estos territorios, la población civil se encuentra en medio de la confrontación entre el frente José Daniel Pérez Carrero, del Eln, y el frente Acacio Medina, perteneciente a la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.
Ante el nivel de riesgo que calificó como extremo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a una respuesta inmediata y coordinada del Estado para proteger a la población civil en los territorios afectados.
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De acuerdo con la Defensoría, el conflicto entre estos grupos armados ilegales está relacionado con el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas como la minería ilegal. Esta situación ha derivado en la imposición de normas de control social por parte de las organizaciones armadas, lo que estaría afectando la vida cotidiana de las comunidades indígenas.
La entidad también advirtió que los ríos, que constituyen los principales corredores de movilidad en esta zona selvática, han sido convertidos en rutas restringidas por los grupos armados. Esto ha limitado actividades básicas como la pesca y el transporte de alimentos, generando escenarios de confinamiento para miles de habitantes.
“Los ríos Atabapo, Inírida, Guainía y Negro, ubicados en el área limítrofe, constituyen corredores estratégicos de movilidad humana y canales comerciales de la zona oriental colombiana”, se lee en la alerta de la Defonsoría, y a agrega que en estos mismos cauces se “concentran recursos mineros que han sido explotados de manera sistemática”.
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Las métodos de minería ilegal de los grupos ha generado, señala de la Defensoría, “un riesgo creciente para la salud pública (de las comunidades), asociado a la exposición de la población a niveles de mercurio superiores a los considerados seguros para el ser humano por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
La Defensoría alertó, además, sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en estos territorios, especialmente por el peligro de reclutamiento forzado y por la interrupción de las actividades escolares debido a amenazas contra docentes en los resguardos indígenas. Asimsimo, se han denunciado casos de explotación sexual de menores de edad.
La entidad recordó que la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente al conflicto armado ha sido reconocida por la Corte Constitucional de Colombia desde hace más de una década. En el Auto 004 de 2009, el alto tribunal advirtió que el conflicto representa una amenaza directa para la supervivencia física y cultural de varias comunidades indígenas del país.
Entre las recomendaciones emitidas al Gobierno, la entidad pidió al Ministerio del Interior de Colombia activar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) para coordinar acciones entre las diferentes entidades del Gobierno y elaborar planes de respuesta frente a la crisis humanitaria.
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Asimismo, solicitó al Ministerio de Defensa de Colombia y a la fuerza pública reforzar la seguridad en los corredores fluviales fronterizos, mientras que a la Unidad para las Víctimas le pidió garantizar asistencia humanitaria para las comunidades que puedan quedar confinadas por la intensificación del conflicto armado.
El llamado de la Defensoría también fue dirigido a la Gobernación de Guainía y a la Alcaldía de Inírida para que adopten medidas que permitan atender el posible desabastecimiento y proteger a las comunidades indígenas.
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