A las 5:30 p.m. de ayer 16 de febrero llegó un sobre a la casa de Lenin Pardo y Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura de Santander. Contenía un mensaje de condolencias, en el que de manera sombría estaba anotado el nombre de quien es testigo de una presunta olla podrida dentro de la administración 2012-2015. Sumado a ello, un texto escrito a mano en el cual se amenaza con atacar a las hijas de la pareja. Pardo y Toledo aceptaron, hace años, haber sido parte de una red de corrupción en la Gobernación de Santander durante el periodo del acusado exsenador Richard Aguilar.
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En contexto: La investigación que tiene bajo la lupa a dos alfiles de la política de Santander
“De sapos está lleno el cementerio. Siga abriendo la boca”, se lee en el texto escrito a mano contra la familia. El sobre llegó a través de una reconocida empresa de mensajería y hasta tiene el nombre, dirección y número de teléfono de un remitente. Lenin Pardo y Claudia Toledo son voces clave en el juicio que se adelanta contra Richard Aguilar, pues han entregado chats, fotos, audios y declaraciones sobre cómo, al parecer, Aguilar entregaba contratos a dedo y presuntamente cobraba una coima de hasta el 10%. Obras como el Estadio Alfonso López, de Bucaramanga, tendrían una estela de corrupción.
“Lo más terrible es la nota a mano donde se meten con mis hijas. Son dos niñas que nada tienen que ver con esto. Yo había recibido llamadas telefónicas, pero lo tomábamos como que se veía venir. Pero ya que llegue una cosa así, donde se meten con las niñas, es muy difícil. Ellas no tienen que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Somos personas adultas que hemos aceptado siempre que cometimos un error, pero, así como nosotros los cometimos también es justo que las demás personas acepten que también los cometieron”, le dijo Toledo a El Espectador.
Antecedentes: Detalles de la investigación contra Richard Aguilar
Pardo y Toledo fueron imputados por delitos relacionados con corrupción y están en prisión domiciliaria desde 2018. El año pasado fueron beneficiados con un recurso judicial y se comprometieron a entregar cada detalle del entramado acusado contra Aguilar. Tal ha sido su colaboración, contra el exgobernador y el exrepresentante Edwin Ballesteros, así como otros funcionarios públicos, que están a punto de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y recibir rebajas en sus procesos penales. El abogado Jaime Lombana, le dijo a este diario que la familia no cuenta, a pesar de ser claves para las autoridades investigativas, con protección alguna.
“Las amenazas llevan cobrando intensidad estas dos últimas semanas. No tienen protección”, le dijo Lombana a este diario. Toledo, por su parte, dice que ella y su esposo afrontarán su condición de testigos, pero deben garantizar su seguridad. “En este momento no tenemos ningún tipo de protección a pesar de haberla solicitado desde 2019. La Fiscalía vino y nos hizo un estudio de seguridad, pero nos dijeron que no éramos población vulnerable y objetivo. Estamos solos, desprotegidos”, concluyó la testigo.
Lea: Exgobernador Richard Aguilar irá a juicio por “empresa criminal” con contratos
Aparte, menciona que, aunque está es la amenaza que más ha tocado sus fibras, no ha sido la única. En diciembre del año pasado, asegura haber recibido distintas llamadas en las cuales le decían que si quería pasar tiempo en familia, en la época especial, debía quedarse callada. Las intimidaciones tienen un patrón y es que les recriminan “hablar” o ser “sapos”. Incluso, denuncia púbicamente que a la portería de su casa han llegado hombres en moto a preguntar por sus hijas. Pide, con insistencia, protección urgente para ellas.
“De manera pública le decimos a la Fiscalía y a la Policía que a nosotros por nuestra condición de que estamos en detención domiciliaria, se les brinde protección a nuestras hijas. Nosotros cometimos un error y se tiene que asumir con las consecuencias que sean, pero es muy duro agregar algo más a eso: saber que en cualquier momento le pueden hacer daño a nuestras niñas”, concluye. Tanto Toledo como Pardo representan prueba testimonial ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
En video: Richard Aguilar fue acusado ante la Corte Suprema por presunta corrupción
Richard Aguilar, según la Fiscalía, habría conformado una “una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares” mientras fue gobernador de Santander, entre 2012 y 2015. Así lo explicó el ente investigador en octubre pasado, tras anunciar que radicó el escrito de acusación para llamar a juicio al exsenador por el Partido de La U. Mencionó los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Mientras fue gobernador de Santander, Richard Aguilar acudió a supuestas maniobras para asegurarse de que al menos seis contratos quedaran en mano de sus cercanos. Por ejemplo, dice la Fiscalía, creó un comité asesor para justificar sus decisiones. “Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura (Claudia Toledo) y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba”, dijo el ente investigador en un comunicado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Uno de los acuerdos públicos, documentó la Sala de Instrucción de la Corte, se trata de un contrato que buscaba el reforzamiento de una parte del estadio Alfonso López, en Bucaramanga, a finales de 2014. Lo que dice la investigación es que el entonces gobernador debía recibir una coima del 10% del negocio. El porcentaje, supuestamente, fue definido por Richard Aguilar luego de recomendar a la organización que sería la contratista para adelantar dicha obra. En este caso, el convenio empezó costando $24.000 millones de pesos. También se investiga el contrato de interventoría de esta obra.
