Análisis: los errores que llevaron al fracaso a la Ley de Financiamiento

Esta iniciativa, que hace pocos días pasó su prueba de fuego en la Corte Constitucional sin buenos resultados, se quedó sin efectos a razón de los vicios de trámite que la antecedían. Para los seis magistrados que votaron acogiendo la ponencia de Linares Cantillo, los errores con los que se tramitó hicieron que no se ajustara a los postulados constitucionales, hundiéndose una de las leyes bandera del Presidente Iván Duque. Para muchos, el fracaso mayor de este Gobierno y del actual Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

(Vea: De nuevo la Ley de Financiamiento: CTRL+C y CTRL+V)

La razón, es que cuando la Cámara de Representantes emitió su voto sobre el texto presentado el pasado diciembre, éste había sido modificado en el Senado una noche antes. Así, a juicio de este Alto Tribunal, una ley que establece impuestos y que no cuente con un trámite ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, no será constitucional.

Antes de analizar las lecciones que quedan tras esta sentencia, es necesario comprender que la postura del Gobierno sigue siendo clara: de no entrar en vigencia una ley de financiamiento la economía colombiana sufrirá un duro revés. Su objetivo, era buscar nuevas fuentes de ingreso para alcanzar los $19 billones con el fin de cubrir el presupuesto general de 2020, al mismo tiempo realizar ajustes operativos para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) pueda cumplir con esta meta.

(Lea: la reacción del presidente Duque ante la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la Ley de Financiamiento)

Con todo, pese a que su objetivo es recaudar, esta ley también creaba exenciones tributarias a favor de algunos sectores como el de los derivados carburantes para procesar y elaborar gasolina, en su gran mayoría empresas multinacionales. Esto por supuesto había generado tensiones entre la sociedad colombiana, los gremios e incluso dentro del mismo Gobierno al mantenerse ciertas restricciones para los costos de funcionamiento de algunas entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría General o la Defensoría del Pueblo.

A juicio de los principales detractores de esta iniciativa, se trataba de una Ley que, pese a generar ingresos para el funcionamiento del Estado, vulneraba claramente la unidad de materia al no garantizar una distribución equitativa de los mismos, ante lo cual, la Corte Constitucional había ya solicitado el pasado conceptos técnicos de expertos para determinar los potenciales impactos económicos que se darían en el supuesto de su entrada en vigencia; a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 334 constitucional que establece el deber del Estado de salvaguardar su sostenibilidad fiscal.

Pero  más allá de sopesar los diversos intereses jurídicos tutelados que se involucraban en esta iniciativa legislativa, la Corte fue enfática en los errores de procedimiento que llevaron a su declaratoria de inconstitucionalidad, reprochables para un cuerpo colegiado cuyo abultado presupuesto asumimos los contribuyentes, quienes esperamos que al menos los congresistas, sus asesores y todo el equipo de las unidades de trabajo legislativo tramiten en debida forma las iniciativas, surtiendo todos los procedimientos de forma previa y posterior a su votación y publicación.

Pese a ello, hay que advertir que, no obstante el sentido de la decisión, es una ley que se mantiene durante todo este 2019, mientras el Gobierno logre impulsar una nueva propuesta de financiamiento que resuelva los vicios que hubo en el trámite. Y es que si no se aprueba la Ley de Financiamiento se estima que lo recaudado por la DIAN en 2020 estaría por debajo de los $1,6 billones respecto al presente año, y frente a lo que el Ministerio de Hacienda proyecta: un recaudo de $156,9 billones en vez de $158,5 billones.

Por lo demás, este fue un fallo que generó un precedente importante respecto al cumplimiento del debido proceso en materia parlamentaria. No es posible que se inicien debates con textos que son presentados de forma incompleta, sin ser sometidos a consideración de los congresistas y sin el cumplimiento del principio de la publicidad, necesario para que el consentimiento emitido por el legislador se valide.

En definitiva, el mensaje de la Honorable Corte Constitucional al Congreso de la República fue contundente: hagan bien su trabajo.

*Iván Vargas Chaves es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia.

Esta iniciativa, que hace pocos días pasó su prueba de fuego en la Corte Constitucional sin buenos resultados, se quedó sin efectos a razón de los vicios de trámite que la antecedían. Para los seis magistrados que votaron acogiendo la ponencia de Linares Cantillo, los errores con los que se tramitó hicieron que no se ajustara a los postulados constitucionales, hundiéndose una de las leyes bandera del Presidente Iván Duque. Para muchos, el fracaso mayor de este Gobierno y del actual Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

(Vea: De nuevo la Ley de Financiamiento: CTRL+C y CTRL+V)

La razón, es que cuando la Cámara de Representantes emitió su voto sobre el texto presentado el pasado diciembre, éste había sido modificado en el Senado una noche antes. Así, a juicio de este Alto Tribunal, una ley que establece impuestos y que no cuente con un trámite ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, no será constitucional.

Antes de analizar las lecciones que quedan tras esta sentencia, es necesario comprender que la postura del Gobierno sigue siendo clara: de no entrar en vigencia una ley de financiamiento la economía colombiana sufrirá un duro revés. Su objetivo, era buscar nuevas fuentes de ingreso para alcanzar los $19 billones con el fin de cubrir el presupuesto general de 2020, al mismo tiempo realizar ajustes operativos para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) pueda cumplir con esta meta.

(Lea: la reacción del presidente Duque ante la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la Ley de Financiamiento)

Con todo, pese a que su objetivo es recaudar, esta ley también creaba exenciones tributarias a favor de algunos sectores como el de los derivados carburantes para procesar y elaborar gasolina, en su gran mayoría empresas multinacionales. Esto por supuesto había generado tensiones entre la sociedad colombiana, los gremios e incluso dentro del mismo Gobierno al mantenerse ciertas restricciones para los costos de funcionamiento de algunas entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Procuraduría General o la Defensoría del Pueblo.

A juicio de los principales detractores de esta iniciativa, se trataba de una Ley que, pese a generar ingresos para el funcionamiento del Estado, vulneraba claramente la unidad de materia al no garantizar una distribución equitativa de los mismos, ante lo cual, la Corte Constitucional había ya solicitado el pasado conceptos técnicos de expertos para determinar los potenciales impactos económicos que se darían en el supuesto de su entrada en vigencia; a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 334 constitucional que establece el deber del Estado de salvaguardar su sostenibilidad fiscal.

Pero  más allá de sopesar los diversos intereses jurídicos tutelados que se involucraban en esta iniciativa legislativa, la Corte fue enfática en los errores de procedimiento que llevaron a su declaratoria de inconstitucionalidad, reprochables para un cuerpo colegiado cuyo abultado presupuesto asumimos los contribuyentes, quienes esperamos que al menos los congresistas, sus asesores y todo el equipo de las unidades de trabajo legislativo tramiten en debida forma las iniciativas, surtiendo todos los procedimientos de forma previa y posterior a su votación y publicación.

Pese a ello, hay que advertir que, no obstante el sentido de la decisión, es una ley que se mantiene durante todo este 2019, mientras el Gobierno logre impulsar una nueva propuesta de financiamiento que resuelva los vicios que hubo en el trámite. Y es que si no se aprueba la Ley de Financiamiento se estima que lo recaudado por la DIAN en 2020 estaría por debajo de los $1,6 billones respecto al presente año, y frente a lo que el Ministerio de Hacienda proyecta: un recaudo de $156,9 billones en vez de $158,5 billones.

Por lo demás, este fue un fallo que generó un precedente importante respecto al cumplimiento del debido proceso en materia parlamentaria. No es posible que se inicien debates con textos que son presentados de forma incompleta, sin ser sometidos a consideración de los congresistas y sin el cumplimiento del principio de la publicidad, necesario para que el consentimiento emitido por el legislador se valide.

En definitiva, el mensaje de la Honorable Corte Constitucional al Congreso de la República fue contundente: hagan bien su trabajo.

*Iván Vargas Chaves es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia.