Aplazan evento de excusas públicas por detención arbitraria a acusados por crimen de Galán

A última hora fue aplazado el evento de excusas públicas que se iba adelantar en la tarde de este lunes en el búnker de la Fiscalía General a los familiares de Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, acusados injustamente por las autoridades de haber hecho parte del plan para atentar en contra de la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento.

La cancelación se presentó puesto que no se pudieron contactar a todas las víctimas para que se hicieran presente en el evento que iban a presidir el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo y el director de la Dijín, general Jorge Enrique Rodríguez. Se espera que en los próximos días se fije una nueva fecha para adelantar el evento en el cual se solicitará perdón por las fallas que llevaron a vincularlos a esta investigación.

Por el magnicidio de Galán Sarmiento estas personas estuvieron cinco años privadas injustamente de su libertad. La Fiscalía General los acusó de haber planeado y ejecutado el atentando en la plaza central del municipio de Soacha el 18 de agosto de 1989. Sin embargo la justicia demostró que no había pruebas en su contra. Posteriormente se determinó que su captura y vinculación hizo parte de una especia de ‘cacería de brujas’ para desviar la atención sobre los verdaderos responsables.

Por estas falencias en la investigación y la detención arbitraria de estas cinco personas la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en la Policía Nacional y el DAS, al pago de una indemnización por los daños morales y materiales causados a sus familiares. El alto tribunal determinó que con el afán de presentar resultados ante la opinión pública fueron vinculados al crimen tres personas inocentes.

En esta actividad participaron activamente el entonces director del DAS, general Miguel Maza Márquez y el director de la Dijín, general Óscar Eduardo Peláez. En este sentido se consideró que actuaron de manera ligera para vincular a personas con el crimen del dirigente político, ya que su actividad fue clave para la detención arbitraria de estas personas que tuvieron que ser dejadas en libertad.

Para el Consejo de Estado, tanto la investigación, como el proceso en general, estuvieron plagados de múltiples irregularidades que tuvieron que ser reconocidas por la Fiscalía General cuando ordenó la libertad de los ciudadanos tras cerrar la investigación. (Ver Condenan a la Nación por detención arbitraria de presuntos homicidas de Galán)

“Se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional que el propio Estado… sometiera a tales personas al escarnio público y se empecinara en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas”, señala la sentencia.

La Sala señala que los hombres fueron víctimas de la irracionalidad del poder que les arrebató injustamente la libertad y afectó su honra y dignidad al estigmatizarlos y hacerlos pasar como los homicidas del dirigente político y de las dos personas que lo acompañaban.

“Fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los asesinos del doctor Luis Caros Galán, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito”, explica el fallo.