Aprobado CONPES por $10 mil millones para combatir terrorismo y lavado de activos

$10.392 millones. Esa es la cifra con la cual el Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pretende aumentar las acciones del Estado en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos. Se pretende desmantelar las organizaciones criminales atacando sus fuentes de financiamiento, en un proyecto pensado para su ejecución entre 2021 y 2026.

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El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la inyección de recursos para “afianzar y extremar las acciones contra el crimen organizado”, según lo dijo el DNP, lo cual incluye hacerle seguimiento intensivo a la proliferación de armas de destrucción masiva -la entidad no distinguió cuales-. El Gobierno habla de nuevos “instrumentos de análisis” y un renovado seguimiento a las operaciones de las organizaciones criminales.

“Una de las estrategias va dirigida a mejorar la efectividad en ubicación y persecución de las armas de destrucción masiva en el país. se indica que es indispensable promover la gestión de información permanente entre los actores del ALA/CFT (Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) en Colombia, la cual incentivará la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este tipo de conductas”, explicó el DNP.

El Gobierno prometió una fuerte lucha contra el lavado de activos, en específico, pues esa sería la fuente de financiación de los principales grupos criminales del país. En la creación de la política, de la cual no se tienen muchos detalles, participó el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, entre otros.

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Según información de la Fiscalía, en lo que va corrido de 2021 se han presentado 828 denuncias por el delito de lavado de activos. Se sabe que es una de las estrategias de financiamiento de los grupos armados ilegales, grupos narcotraficantes o particulares que buscan ocultar algún tipo de financiamiento ilegal. Se tiene, por ejemplo, el caso imputado Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, quien según la Fiscalía habría lavado dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia a través de 46 bienes en Bogotá y Córdoba.

El pasado 28 de junio, Memo Fantasma, así como su madre Margoth de Jesús Giraldo y su abuela María Enriqueta Ramírez, de 87 años, fueron imputados por el delito de lavado de activos agravado. La Fiscalía tendría cómo probar que la familia se enriqueció con los dineros ilícitos del Bloque Central Bolívar de las Auc. Parte de los bienes están referenciados en el lujoso edificio Torres 85 de Bogotá, donde Memo Fantasma habría invertido en parqueaderos y oficinas para entorpecer el seguimiento de las autoridades a los dineros de los paramilitares.

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Por otro lado, la Fiscalía reúne durante 2021 un total de 1.254 denuncias por el delito de terrorismo. Una estadística que ha crecido en relación con 2020, pues en el mismo periodo de tiempo se registraron 840 casos. El terrorismo es una conducta cuya penalización está entre los 10 y 15 años de prisión, imputada a quien “provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas”.

$10.392 millones. Esa es la cifra con la cual el Gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), pretende aumentar las acciones del Estado en la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos. Se pretende desmantelar las organizaciones criminales atacando sus fuentes de financiamiento, en un proyecto pensado para su ejecución entre 2021 y 2026.

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El Gobierno prometió una fuerte lucha contra el lavado de activos, en específico, pues esa sería la fuente de financiación de los principales grupos criminales del país. En la creación de la política, de la cual no se tienen muchos detalles, participó el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, entre otros.

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El pasado 28 de junio, Memo Fantasma, así como su madre Margoth de Jesús Giraldo y su abuela María Enriqueta Ramírez, de 87 años, fueron imputados por el delito de lavado de activos agravado. La Fiscalía tendría cómo probar que la familia se enriqueció con los dineros ilícitos del Bloque Central Bolívar de las Auc. Parte de los bienes están referenciados en el lujoso edificio Torres 85 de Bogotá, donde Memo Fantasma habría invertido en parqueaderos y oficinas para entorpecer el seguimiento de las autoridades a los dineros de los paramilitares.

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