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La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 11 de febrero que archivó una investigación en contra de los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron su voto para formular cargos administrativos a la campaña de Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022.
El ente investigador les puso la lupa a los togados tras una denuncia interpuesta por cerca de 40 ciudadanos por el presunto delito de prevaricato, es decir, cuando un servidor público emite una resolución contraria a la ley. La fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia anunció que no se encontraron elementos para probar que los magistrados hayan cometido el delito señalado.
La decisión de la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema, Marcela Abadía, favorece a los magistrados autores dese fallo: Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal). También beneficia a los magistrados Alfonso Ocampo, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el expresidente del CNE, César Lorduy, quienes respaldaron la investigación, pero aclararon sus votos.
Respecto a la denuncia, que también fue radicada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en octubre del año pasado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, señaló en su momento que “la denuncia fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte, donde además cursan algunas investigaciones también por temas de financiación de campaña a la Presidencia de la República, entre ellas, por asignación especial, la de quien fuera gerente de la campaña del hoy presidente, doctor Gustavo Petro”, es decir, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
La decisión se generó por atipicidad de la conducta, pues, según el ente investigador, no se presentó ningún delito y los magistrados tomaron la determinación de formular cargos contra la campaña del actual primer mandatario en función de su trabajo. Para el ente de control, las acusaciones contra los funcionarios fueron infundadas al no encontrar evidencia suficiente para mantener pesquisas abiertas en contra de los togados.
De acuerdo con la fiscal encargada del expediente, esa denuncia, inicialmente, se presentó básicamente porque, en palabras de los autores del recurso, los magistrados no tenían competencia para tomas dicha determinación y porque, además, habrían extralimitado sus funciones.
Ante ese argumento, la Fiscalía concluyó que el archivo “ocurre por atipicidad de la conducta. En términos generales, es porque el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral estuvo precedido de todo un trámite investigativo preliminar, debidamente soportado en el ordenamiento legal vigente y porque en términos penales esta decisión no fue ni arbitraria, ni caprichosa ni contraria a la ley”.
La decisión fue notificada a los magistrados de la autoridad electoral, quienes podrán continuar las pesquisas contra la campaña del actual presidente y mantener su decisión de formular cargos administrativos a Petro en calidad de candidato a la Casa de Nariño.
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