En investigación por enriquecimiento, Fiscalía ocupa apartamento de Benedetti
La Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación preliminar contra el senador. Benedetti denunció que secuestraron sus bienes y no tiene ninguna garantía procesal.
El senador de Colombia Humana, Armando Benedetti, denunció en redes sociales que la Fiscalía intervino uno de sus bienes, un apartamento ubicado en Altos del Retiro (Bogotá). Aunque el proceso de extinción de dominio no pesa sobre él, sino contra el anterior propietario del bien, se conoció que la Corte Suprema de Justicia sigue en curso con una investigación preliminar en su contra por, supuestamente, incremento patrimonial injustificado.
La Fiscalía, la cual estuvo a cargo del proceso de extinción, explicó que contra Benedetti hay en la Corte Suprema una investigación por el supuesto incremento injustificado de su patrimonio, hipótesis en la cual estaría relacionado el apartamento. El bien que fue secuestrado, hoy propiedad del senador, habría dado pie para el seguimiento investigativo, pues, según la Fiscalía, “información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017″.
Lea también: “Chuzadas”: Corte Suprema pide frenar traslado de testigo clave contra Benedetti
Por su parte, Benedetti aseguró que la extinción de dominio no es contra él, sino contra la antigua propietaria del apartamento. Adicionalmente manifestó que la mujer “no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento”. A su vez, sostuvo que con estas acciones del ente investigador, se declarará como víctima en el proceso.
Aún así, la Fiscalía dijo que “se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor”. Según el ente investigador, el apartamento, que fue adquirido por Benedetti en una subasta de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), habrían ocasionado detrimento a la administración pública.
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Ante la situación, el senador continuó con el revuelo en redes asegurando que adquirió el apartamento de buena fe, razón por la cual, según él, el pleito no sería en su contra sino contra la anterior propietaria. Asimismo, manifestó que el Estado estaba en la obligación de verificar la legalidad y origen de los recursos de los anteriores propietarios antes de poner en subasta el apartamento.
Según la Sala de instrucción del alto tribunal, el supuesto incremento patrimonial irregular del senador Benedetti ascendería a $2.919 millones. El 21 de marzo del presente año, la corporación llamó a indagatoria al senador por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, entre 2002 y 2018. En esa ocasión, Miguel Ángel del Río, abogado de Benedetti, acudió a una segunda opinión, un contador público con décadas de experiencia, el cual llegó a resultados distintos al de la Corte.
En esa ocasión, el contador Ochoa tuvo acceso a toda la información financiera del político y, según dijo en su informe, pudo constatar que Armando Benedetti no tiene acciones en empresas, como asegura también la Sala de Instrucción. Para el contador, los investigadores del alto tribunal habrían omitido restar la valorización nominal de su patrimonio libre de deudas.
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El senador Benedetti fue noticia a final de septiembre de este año, cuando, por orden de la Corte Suprema, la Fiscalía frenó el traslado de un testigo clave contra él: el ingeniero Juan Carlos Madero. Esa petición del alto tribunal es sobre el caso de “chuzadas”, por el que son procesados el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, el exfiscal Fabio Martínez Lugo y hasta el senador, a quien se le imputa haber utilizado la red de “chuzadas” para conseguir información privilegiada del abogado penalista Jaime Lombana y del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
Por otra parte, Armando Benedetti está siendo investigado junto con Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Antonio Zabaraín y Daira de Jesús Galvis Méndez, ambos de Cambio Radical; por el escándalo del contrato suscrito entre la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintic). En el caso la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y la Red de Veedurías de Colombia, denunciaron una presunta intervención de los congresistas para evitar que caducara el billonario contrato que otorgó Mintic a Centros Poblados y que tenía como objeto llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El senador de Colombia Humana, Armando Benedetti, denunció en redes sociales que la Fiscalía intervino uno de sus bienes, un apartamento ubicado en Altos del Retiro (Bogotá). Aunque el proceso de extinción de dominio no pesa sobre él, sino contra el anterior propietario del bien, se conoció que la Corte Suprema de Justicia sigue en curso con una investigación preliminar en su contra por, supuestamente, incremento patrimonial injustificado.
La Fiscalía, la cual estuvo a cargo del proceso de extinción, explicó que contra Benedetti hay en la Corte Suprema una investigación por el supuesto incremento injustificado de su patrimonio, hipótesis en la cual estaría relacionado el apartamento. El bien que fue secuestrado, hoy propiedad del senador, habría dado pie para el seguimiento investigativo, pues, según la Fiscalía, “información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017″.
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Por su parte, Benedetti aseguró que la extinción de dominio no es contra él, sino contra la antigua propietaria del apartamento. Adicionalmente manifestó que la mujer “no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento”. A su vez, sostuvo que con estas acciones del ente investigador, se declarará como víctima en el proceso.
Aún así, la Fiscalía dijo que “se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor”. Según el ente investigador, el apartamento, que fue adquirido por Benedetti en una subasta de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), habrían ocasionado detrimento a la administración pública.
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Ante la situación, el senador continuó con el revuelo en redes asegurando que adquirió el apartamento de buena fe, razón por la cual, según él, el pleito no sería en su contra sino contra la anterior propietaria. Asimismo, manifestó que el Estado estaba en la obligación de verificar la legalidad y origen de los recursos de los anteriores propietarios antes de poner en subasta el apartamento.
Según la Sala de instrucción del alto tribunal, el supuesto incremento patrimonial irregular del senador Benedetti ascendería a $2.919 millones. El 21 de marzo del presente año, la corporación llamó a indagatoria al senador por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, entre 2002 y 2018. En esa ocasión, Miguel Ángel del Río, abogado de Benedetti, acudió a una segunda opinión, un contador público con décadas de experiencia, el cual llegó a resultados distintos al de la Corte.
En esa ocasión, el contador Ochoa tuvo acceso a toda la información financiera del político y, según dijo en su informe, pudo constatar que Armando Benedetti no tiene acciones en empresas, como asegura también la Sala de Instrucción. Para el contador, los investigadores del alto tribunal habrían omitido restar la valorización nominal de su patrimonio libre de deudas.
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Por otra parte, Armando Benedetti está siendo investigado junto con Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal), Antonio Zabaraín y Daira de Jesús Galvis Méndez, ambos de Cambio Radical; por el escándalo del contrato suscrito entre la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintic). En el caso la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común y la Red de Veedurías de Colombia, denunciaron una presunta intervención de los congresistas para evitar que caducara el billonario contrato que otorgó Mintic a Centros Poblados y que tenía como objeto llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales del país.
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