El Consejo de Estado ya es el escenario clave en donde se resolverán varios recursos judiciales que tiene un elemento en común: las intervenciones que hizo el gobierno Petro a la Nueva EPS y a Sanitas. Al alto tribunal ya llegaron dos demandas que buscan ponerle freno de mano a algunas decisiones que tomó la Superintendencia de Salud la semana pasada mediante las que tomó control de ambas EPS, en medio de una intensa pelea política por la fallida reforma al sistema de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro.
El primer recurso es del exministro de justicia del gobierno de Iván Duquez, Wilson Ruiz. Junto al abogado William Iván Mejía Torres, el exfuncionario presentó una demanda de nulidad en contra de la resolución del pasado 2 de abril que permitió la intervención de la EPS Sanitas. En concreto, lo que los demandantes le pidieron al Consejo de Estado es que tumbe esa decisión y que le ordene a la Superintendencia a que cese cualquier otra actividad relacionada con esta y otras intervenciones al sistema de salud actual.
Además, Ruiz y Mejía le expusieron al alto tribunal que la persona designada para realizar esa intervención, Duver Dicson Vargas, no tendría la experiencia suficiente para hacerse cargo de la administración de una EPS tan grande como Sanitas. Según cuentas oficiales, esta entidad es la segunda más grande del país, con más de cinco millones de usuarios registrados. La demanda sostiene que la experiencia de Vargas se limita a dos trabajos: uno en la gestión de una IPS de segundo nivel de complejidad, otro en la administración de cuatro hospitales, con mucha menos capacidad que la EPS Sanitas.
“El perfil del interventor sugiere una amenaza a la gestión del riesgo financiero y de salud. Aspectos que inciden directamente en la prestación de los servicios de salud en mejores condiciones a las actuales”, dice la demanda. Luego de presentar el recurso, el exministro Ruiz escribió en su cuenta de X: “Estamos decididos a detener la intervención de la SuperSalud en Sanitas. He presentado una demanda ante el Consejo de Estado para frenar esta expropiación. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y tomar medidas para defender nuestra salud”.
Por su parte, el partido Cambio Radical también se metió en lo que ya se perfila como una batalla en los estrados judiciales para frenar las decisiones del gobierno frente al sistema de salud. En un documento de 36 páginas la colectiva le presentó al Consejo de Estado otra demanda de nulidad en contra de la misma resolución con la que la Supersalud intervino la EPS Sanitas. Para el partido, la decisión del gobierno Petro tiene efectos nocivos que “afectan en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico”.
Además de pedir tumbar la resolución, Cambio Radical le solicitó al alto tribunal que suspenda de manera preventiva la decisión de intervenir la EPS Sanitas, mediante una medida cautelar. Según la demanda, como la resolución de la Supersalud es contraria a la ley y “viola varios principios y preceptos legales como: el debido proceso, el principio de proporcionalidad, la debida motivación, entre otras”, es necesario que, de manera preventiva, la justicia frene las decisiones de la entidad.
En la demanda, el partido político agregó que, al anunciar la intervención de Sanitas, la Supersalud no le dio espacio a la entidad a que se defendiera ni tuvo en cuenta pruebas lo suficientemente sólidas como para tomar una decisión tan drástica como la intervención. Asimismo, el recurso sostiene que la entidad tampoco presentó motivos válidos para intervenir y que, incluso, existió una desviación de poder.
Para Cambio Radical, el presidente Gustavo Petro “en su ejercicio constitucional, a través del Superintendente Nacional de Salud expidió el acto administrativo (para intervenir la EPS), no en el marco de una actividad de intervención como aparenta serlo, sino bajo un interés político ante el hundimiento de la reforma a la salud”. Para sustentar el argumento, la demanda señala que el primer mandatario escribió mensajes en redes sociales en lo que, según el recurso, mostrarían que el presidente pidió la intervención por motivos diferentes a los legalmente permitidos.
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