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No vienen meses fáciles para Duver Dicson Vargas y para Julio Alberto Rincón, los interventores de Sanitas y de Nueva EPS. Si las decisiones de la Superintendencia de Salud no sufren ningún tropiezo, en sus manos estará la gestión de más de 16,6 millones de pacientes. No solo tendrán la misión de garantizarles un buen servicio y de evitar que crezca el número de reclamos y de tutelas, sino de poner en orden las finanzas de las empresas que deben administrar. (Puede ver: ¿Qué está pasando con el sistema de salud?)
Más allá de la discusión sobre los motivos de la Supersalud para haber intervenido esas EPS para administrarlas, en el sistema de salud todos se hacen la misma pregunta: ¿Saldrá bien ese experimento? Algunos, como el profesor Mario Torres-Tovar, director del departamento de Salud Pública, de la Universidad Nacional, cree que sí y que los colombianos deberían tener paciencia antes de caer en la especulación. Otros, por el contrario, lo ven con mucha cautela. Entre ellos, varios exsuperintendentes de Salud.
Conrado Gómez, que estuvo a cargo de la entidad entre 2010 y 2012, dice que haber optado por ese camino tiene enormes retos por delante. Aunque advierte que no conoce en detalle la situación financiera de las EPS intervenidas, cree que, al ordenar esa medida, el Supersalud debe estar absolutamente convencido de que los interventores son capaces de hacer un mejor trabajo que el gerente y que la junta directiva. “Pero si usted me pregunta, yo no aceptaría ese trabajo. Lo que le espera a un interventor es una situación absolutamente compleja y no va a tener muchas herramientas para resolverla”, dice.
A lo que se refiere es que, usualmente, cuando se decide intervenir una EPS, el interventor no suele llegar con una buena chequera en el bolsillo para inyectar dinero a la empresa y darle otro rumbo. “En estos casos, no hay un fondo de garantías como sí ocurre con la Superintendencia Financiera que tiene a Fogafín. La Supersalud, realmente, no llega con muchas herramientas para mejorar la situación económica”, asegura.
Pero, suponiendo que un interventor logre corregir ese camino y saldar las deudas, hay otro obstáculo que debe superar y que no es menor: en palabras de Gómez, un ambiente “absolutamente hostil y conflictivo al interior de la compañía. Eso se convierte, casi, en una guerra porque en las empresas también hay grupos de poder”. (Puede ver: Las muertes evitables en Colombia han disminuido desde 1981 hasta el covid-19)
Otro superintendente de salud que ejerció en las últimas dos décadas, pero prefiere mantener su nombre en reserva, lo pone en estos términos: “Una persona que administra una empresa de esas magnitudes debe tener muchas más capacidades y competencias que trascienden lo técnico. Claro que es indispensable que conozca el sector de la salud, que tenga tanto conocimiento y tanta pericia que nadie extrañe a la gerencia anterior; pero, además, debe ser alguien capaz de construir equipo, de guiarlo hacia un propósito común; de generar liderazgo y entender y motivar las personas con las que debe trabajar. Eso es importantísimo, especialmente, si está parado en un terreno de incertidumbre. El liderazgo en estos casos es la diferencia entre la vida y la muerte”. (Puede ver: ‘No queremos que Compensar se retire’: ministro de Salud)
Para este exsupersalud, esa es una de las razones que ayuda a entender por qué varias de las intervenciones que se han hecho de EPS en Colombia no han prosperado y han terminado en liquidación. “Si me lo pregunta, yo soy enemigo de las intervenciones y por eso las evité mientras fui superintendente”.
El superintendente actual, Luis Carlos Leal, ha dicho, por su parte, que no hay razones para preocuparse. Para él, tanto la administración de Nueva EPS como de Sanitas, se llevarán por buen camino y no se despedirá a ningún empleado. Eso tampoco implica, reiteró, “que se vayan a liquidar o que se afecten los contratos con los prestadores”. Una de las maneras para garantizar que vaya por buen camino, dijo, será la creación de una junta que asesorará al interventor, y que estará “conformada por los cinco principales acreedores de cada una de las EPS”. (Puede ver: Las cifras para entender la crisis de la EPS Compensar, que pidió ser liquidada)
Pero idea no le cuadra mucho a la profesora de la U. de los Andes, Tatiana Andia, que lleva varios años haciendo investigación sobre el sistema de salud. “Eso significa un conflicto de interés tenaz. ¿Cómo van a poner a la gente que se beneficia de los pagos a definir a quién se le paga?”, se pregunta.
El otro conflicto de interés que suele haber en este tipo de procedimientos, según Gustavo Morales, superintendente de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y expresidente de Acemi (el gremio de las EPS), tiene que ver con el papel del interventor. “Con esa figura se rompen todos los pesos y contrapesos que debe haber en el gobierno corporativo, pues se suspenden todos los órganos de gobierno de la compañía: el representante legal, la junta directiva y el revisor fiscal. Además, el Supersalud es quien elige al interventor, pero, a su vez, lo supervisa y lo puede sancionar. Ese ejercicio nunca sale bien, incluso si nombran al mejor interventor y tiene la mejor de las intenciones”. (Puede ver: El reto histórico que le espera al sistema)
Fabio Aristizábal, quien fue superintendente de Salud en el gobierno de Iván Duque, tampoco cree que una intervención para administrar una EPS tenga éxito. “Para mí, eso es una utopía. A menos de que el interventor encuentre hallazgos por peculado o detecte que hay desvío de recursos, es una medida que no suele prosperar. Si encuentra algún delito es una situación que conduce a liquidar la EPS, porque en esas condiciones jamás se la devolvería al dueño. Pero es muy difícil que un interventor corrija el rumbo de la empresa si está en problemas. Esos experimentos no han salido bien”, señala.
¿Pero podría mejorar el flujo de recursos hacia las clínicas y los hospitales y aliviar las deudas que tienen con ellos Sanitas y Nueva EPS? En teoría debería ser así, pero parece que no siempre las buenas intenciones se traducen en realidad. Juan Carlos Giraldo, el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), sabe de memoria la historia de las últimas décadas del sistema de salud y reconoce que intervenir una EPS para administrarla no siempre ha dado los frutos esperados.
“Es una manera de apagar el incendio, de conseguir tiempo y reorientar la administración, pero la historia no ha acompañado con éxito la mayoría de intervenciones”, apunta. Para Giraldo, uno de los grandes desafíos está relacionado con las deudas pendientes que puede tener una EPS con los prestadores antes de que quede en manos de un interventor de la Supersalud, pues “a pesar de que hay flujo de dinero corriente, las deudas continúan siendo muy altas”. Su petición es que, al menos, se mantenga en un alto porcentaje el llamado “giro directo”, es decir, los montos que consigna directamente el Estado a los hospitales sin que pasen por las manos de las EPS. (Puede ver: ¿El ministro de Salud reconoció que hay que revisar la UPC?)
La pregunta que se hacen los cuatro exsuperindententes que consultamos para este artículo es por qué la Supersalud no echó mano, antes, de otras herramientas para corregir el camino que estaban tomando Sanitas y Nueva EPS, que sí incumplían con varios indicadores claves como el Régimen de Inversiones de la Reserva Técnicas, el de “patrimonio adecuado” y el de “capital mínimo”. Para Morales había una lista amplia como planes de mejoramiento o medidas de vigilancia especial.
“Si después de esas ‘advertencias’ una EPS no cumple con las condiciones y los indicadores de permanencia, pues es mejor entrar a liquidar”, añade Conrado Gómez. “Lo que yo creo”, complementa otro exsuperintendente de Salud, “es que se deben agotar todos los caminos antes, porque intervenir para administrar puede que sea un escenario en el que no haya marcha atrás. Pero ojalá nos equivoquemos y todo resulte bien en este proceso”. (Vea: Supersalud reacciona a la visita y requerimientos de la Procuraduría)
Por el momento, Julio Alberto Rincón, el interventor de Nueva EPS, un viejo conocedor del sistema de salud, ya salió a dar un parte de tranquilidad: “La operación sigue, no es una liquidación. Lo que buscamos generar las condiciones de continuidad del negocio y así cumplir con la responsabilidad que tenemos con todos los afiliados. Su salud es nuestro propósito y cuidarla es nuestra misión”. Para exviceministra de protección Social, Diana Cárdenas, algo, además, será vital en todo este proceso: absoluta transparencia. En un sistema que mueve miles de millones de pesos cada semana, es indispensable que la cuentas siempre estén claras.
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Por Sergio Silva Numa
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