Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Suárez, departamento de Cauca. Adriana Agredo, contratista de la alcaldía de esa población que trabajaba como regulador de tránsito y hacía parte de la Defensa Civil Colombiana, fue asesinada en las últimas horas. El crimen fue confirmado por las autoridades de ese municipio, que rechazaron el hecho.
Según la información que se conoce hasta el momento, la socorrista Adriana Agredo estaba cerca de su vivienda, ubicada en ese municipio del norte del departamento del Cauca, cuando hombres armados llegaron hasta allí y le dispararon en repetidas ocasiones. La mujer, conocida por su liderazgo social, también había estado secuestrada a inicios de este año.
Lea también: Narcocasetes, Bojayá y petrovideos: las dramáticas segundas vueltas presidenciales
El 23 de enero de 2026, Adriana Agredo fue interceptada por hombres desconocidos que la privaron de la libertad de forma ilegal durante 19 días. La presión de la comunidad permitió que quienes la tenían en su poder la liberaran a mediados de febrero. Sin embargo, las amenazas en su contra continuaron. Se desconoce si la mujer había solicitado medidas de protección.
Por medio de un pronunciamiento público, la Alcaldía de Suárez reprochó el asesinato de la lideresa y contratista. “La Administración Municipal de Suárez rechaza de manera categórica y contundente los hechos de violencia que continúan arrebatando vidas, sembrando dolor y afectando la tranquilidad de nuestras comunidades”, señalaron las autoridades locales en su comunicado.
Le puede interesar: Asesinan a Cristian Herrera, conocido periodista de Cúcuta: llevaba varios años amenazado
“Este doloroso hecho enluta a nuestra Administración y a todo el municipio de Suárez. Una vez más, la violencia golpea nuestro territorio y nos recuerda la difícil realidad que enfrentan nuestras comunidades”, señaló la alcaldía en su pronunciamiento. Además, pidieron atención urgente y oportuna por parte del Gobierno Nacional para gestionar la situación de seguridad y orden público.
“Necesitamos una presencia efectiva, que garantice la protección de la vida, la tranquilidad de la población y la defensa de los derechos fundamentales de nuestros habitantes. No podemos normalizar el horror de la violencia”, señalaron. Las autoridades judiciales ya están avanzando en las investigaciones del caso para dar con los responsables de este crimen.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.