El personero de Cali, Gerardo Mendoza, confirmó el asesinato de Antonio Cuadros, primo del padrastro de Lyan Hortúa, el niño que estuvo secuestrado por las disidencias de las Farc en Jamundí (Valle del Cauca). Según las autoridades, él habría sido el encargado de entregar la plata de la extorsión para liberar al menor en la tarde del 21 de mayo.
Según informó el funcionario a medios de comunicación, el ataque ocurrió en el barrio Bretaña, de la ciudad de Cali, en la mañana de este jueves 22 de mayo. Cuadros era primo del padrastro de Lyan Hortúa y, según dijo el personero, hizo parte de la negociación para lograr la liberación del niño.
“Se dice por parte de los familiares que fue él quien entregó el dinero por la liberación. Todo es un acto repudiable, la muerte no puede hacer carrera en el territorio, Cali necesita ser un corredor de paz. No podemos permitir que los violentos sigan interviniendo y comprometiendo la vida”, dijo el personero Mendoza.
Lea también: Mindefensa reaccionó a liberación de Lyan Hortúa, el niño secuestrado en Jamundí
A renglón seguido, el funcionario lamentó el asesinato y resaltó el rol que tuvo durante los 18 días que el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc tuvo en su poder al niño de 11 años. “Con Antonio caminé, levanté mi mano y voz exigiendo la liberación. Rechazo este tipo de actos”, agregó el personero.
Sobre los detalles del homicidio, se sabe hasta el momento que Cuadros estaba en un establecimiento comercial del barrio Bretaña, desayunando junto a una mujer de 52 años, cuando fue atacado por la espalda. La mujer también resultó herida y fue trasladada de inmediato a un centro aistencial. “Fue abordado por la espalda y comprometieron su vida con arma de fuego. Una situación por demás censurable y condenable”, señaló el personero.
Sobre el secuesro de Lyan Hortúa
El pequeño Lyan Hortúa, de 11 años, fue secuestrado por el frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en la noche del 3 de mayo. Hombres armados entraron a su vivienda, lo raptaron y durante 18 días lo tuvieron secuestrado en zona rural del municipio de Jamundí.
Una comisión humanitaria, encabezada por la Defensoría del Pueblo, estuvo al frente de la misión para lograr su liberación. Esta semana el general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional de Servicio de la Policía, señaló que la Iglesia Católica y Naciones Unidas también estaban mediando al respecto.
Sin embargo, hoy se conoció, por declaraciones de la familia del menor a medios de comunicación, que la familia sí tuvo que pagar una extorsión para que fuera liberado. “Al ver la poca eficiencia de la autoridad y con toda la zozobra de que le pudiera pasar algo, pagamos el rescate. El valor me lo reservo por seguridad del niño y de nosotros, pero nos vimos en la obligación de pagar un rescate. Nos dejaron endeudados”, dijo Sebastián Bonilla, familiar de Lyan Hortúa, en entrevista con La FM.
Autoridades como el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, y la defensora del Pueblo, Iris Marín, celebraron la noticia de su liberación. Esta última hizo también un llamado a los grupos al margen de la ley, en medio de la difícil situación de seguridad que ha vivido el Valle del Cauca durante las últimas semanas.
“Quiero aprovechar esta situación para hacer un llamado a todos los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, la vida y la libertad de todas las personas, especialmente de los niños y niñas que tienen que estar fuera de la guerra y de la violencia”, dijo la defensora Marín.
Más contenido: Autoridades denuncian amenazas de muerte al general Triana, director de la Policía
Violencia en los municipios del Valle del Cauca
El secuestro del pequeño Lyan puso bajo la lupa la situación de orden público que vive el Valle del Cauca. Especialmente en sitios como Cali, Jamundí, Bajo Calima, Bugalagrande y Andalucía. Ataques a la Fuerza Pública, atentados con explosivos, enfrentamientos entre grupos armados y constreñimientos a la población civil son de las acciones registradas durante las últimas semanas.
El subsecretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, dijo en un diálogo reciente con El Espectador que los grupos ilegales “están en una lucha frontal contra el Estado” en el departamento. Una situación que, aseguró, desborda las capacidades de las autoridades regionales y demanda mayor atención de parte del Gobierno Nacional. “El comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía es el presidente de la República, las amenazas que tiene el Valle del Cauca superan con creces las capacidades de la gobernación”, señaló el funcionario.
También la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha hecho fuertes llamados sobre la situación. “Necesitamos decisiones nacionales. Hay vías ilegales por donde transitan los delincuentes, estaciones de gasolina fuera de control, y corredores del narcotráfico que solo el Gobierno Nacional puede intervenir”, dijo recientemente a medios de comunicación.
Contenido relacionado: La guerra de las disidencias que tiene en jaque la seguridad del Valle del Cauca
A estas voces se suma la de la Defensoría del Pueblo, que emitió el 7 de mayo una alerta temprana de inminencia por disputas entre las bandas La Inmaculada y Los Rastrojos Nueva Generación, que libran la guerra del microtráfico en los municipios de Andalucía y Bugalagrande. “Pese a que hay en curso entre ellos conversaciones sobre posibles acuerdos de no agresión, estos podrían ser frágiles o de muy poca duración y proliferar profundas afectaciones a habitantes de sus zonas urbanas”, se lee en el documento.
Además, tras una visita con delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento de desplazados, de la Corte Constitucional, la defensora Marín, alertó que los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley están afectando a habitantes del Consejo Comunitario del Bajo Calima y miembros del pueblo indígena Wounaan, del Resguardo Santa Rosa de Guayacán.
Muchos de los afectados, señaló la funcionaria, estuvieron desplazados en albergues de Cali y Buenaventura y habían retornado al Bajo Calima en diciembre de 2023 y junio de 2024. Sin embargo, los enfrentamientos entre guerrilla y Clan del Golfo allí, en sus palabras, “han generado una alarmante crisis que ha afectado la vida, integridad y dignidad de más de 4.000 personas”.
Más contenido: Ministro de Defensa y alcalde Éder se reunieron tras ataque con explosivos en Cali
Los ataques a la Fuerza Pública, CAI y patrullas de Policía, también se han hecho comunes. El último, que ocurrió en la noche del domingo 18 de mayo, dejó a tres policías y cuatro civiles heridos, dos de ellos menores de edad. Tras el hecho, el ministro Sánchez Suárez se reunió con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y anunciaron aumento de pie de fuerza en la capital del Valle y su área metropolitana, para contener la situación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
