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13 Sep 2022 - 1:07 p. m.

Asesinato Álvaro Gómez: Fiscalía vincula como persona ausente a “Iván Márquez”

La Fiscalía aseguró que se agotaron todos los mecanismos para dar con la captura del líder disidente, por lo cual, a pesar de ello, será investigado y podría ser juzgado por el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado.
ALVARO GOMEZ HURTADO
ALVARO GOMEZ HURTADO
Álvaro Gómez Hurtado era hijo del expresidente conservador Laureano Gómez.
Álvaro Gómez Hurtado era hijo del expresidente conservador Laureano Gómez.

Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, fue formalmente vinculado como persona ausente a la investigación por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. La Fiscalía aseguró que se agotaron todos los medios para dar con su paradero, por lo cual el expediente por esa muerte seguirá su curso, aunque Iván Márquez permanezca prófugo de las autoridades.

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“Se cumplieron los términos legales para garantizar la vinculación formal del investigado. Adicionalmente, se obtuvieron análisis e informes de inteligencia que dan cuenta de que alias Iván Márquez estaría en Venezuela y sería uno de los principales cabecillas de la estructura disidente de las Farc conocida como ‘Segunda Marquetalia’. En ese sentido, no está garantizada su comparecencia a las diligencias judiciales”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía agregó que contra Iván Márquez se abrió una investigación y se emitió orden de captura en febrero de 2021. Para entonces, el exsecretariado de las Farc, firmante de la paz y procesado en la JEP, ya había asumido la responsabilidad del crimen de Gómez Hurtado, quien en 1995 era el rostro visible de los conservadores. El 2 de noviembre de ese año, el político fue baleado en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda, así como su escolta, el señor José Cristo Huertas.

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En 1995, Iván Márquez era miembro de la máxima dirigencia de las Farc. Por tanto, la Fiscalía tiene la hipótesis de que podría conocer detalles del crimen y podría ser juzgado. No obstante, el ente investigador sostiene que, 27 años después, sigue trabajando en otras teorías del caso para “esclarecer en su totalidad el hecho criminal”. Así las cosas, el disidente podría ser imputado, acusado y condenado por el homicidio de Gómez Hurtado, sin siquiera presentarse a una audiencia o presentar alegatos de defensa.

El pasado 12 de mayo, la familia de Gómez Hurtado solicitó a la JEP cesar la investigación por el crimen de lesa humanidad. A través de un informe de 173 páginas, la Fundación Álvaro Gómez Hurtado y la Asociación Únete por Colombia desplegaron una serie de presuntas evidencias con las cuales esperan que el caso vuelva a la Fiscalía. Señalan al expresidente Ernesto Samper, aun cuando líderes exFarc reconocieron su responsabilidad en octubre de 2020.

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En el informe, ambas organizaciones describen decenas de hechos representativos antes, durante y luego del crimen. Por ejemplo, se reseñan las conversaciones entregadas por el expresidente Andrés Pastrana, en las cuales se escucharían a Alberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del Cartel de Cali, hablando de inyectar dinero en la campaña presidencial de Ernesto Samper. El denominado “proceso 8000″, del cual el expresidente Samper ha resultado libre. Álvaro Gómez, desde entonces, inició una campaña de denuncia.

Para 1995, se lee en el informe, Gómez Hurtado fue el primer líder político en pedir expresamente la renuncia de Samper. Para sostener su discurso, se amparó en una agenda “anti-samperista” en el Noticiero 24 Horas o en el periódico El Nuevo Siglo. Las organizaciones denuncian que, hasta el momento, la Fiscalía no tiene evidencia de que el entonces presidente Samper hubiese creado un grupo elite para investigar la muerte, lo cual prometió ante la opinión pública.

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Según se lee en el escrito, las evidencias recuperadas el día del asesinato se encuentra desaparecidas. La Fiscalía y el Juzgado 2° Penal de Circuito de Bogotá, denuncian las organizaciones, no dan razón de los elementos. Incluso, aseguran que tendrían cómo probar que el ministro de Defensa de Samper hasta julio de 1995, Fernando Botero Zea, había reconocido que desde meses previos al crimen, Gómez Hurtado representaría una “preocupación” para el alto gobierno. Desde entonces, la JEP estudia el informe de la familia Gómez y decide si mantiene su competencia sobre la investigación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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