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Poco se ha dimensionado la decisión tomada por la JEP hace unos días, de imputar a un oficial del Ejército, de un lado, y acusar a otros siete, del otro, por los crímenes de guerra relacionados con el secuestro, tortura, desaparición y homicidio de tres Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, máximos líderes indígena. En primer lugar, ¿es cierto que este triple asesinato equivale, para el pueblo arhuaco, a lo que significaría, para los católicos, un ataque mortal contra el Papa?
Así es. Para todos los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo), el asesinato de los Mamos Luis Napoleón Torres, Ángel María Torres y Antonio Hugues Chaparro, en 1990, fue y sigue siendo devastador. Eran los máximos líderes políticos y espirituales del pueblo Arhuaco. Ellos se dirigían a Bogotá para asistir a la Asamblea Constituyente en la que se estaba debatiendo el texto de nuestra nueva Constitución, que se firmó en 1991. Los Mamos iban a asistir a la Asamblea para abogar por la autonomía de su pueblo y por el respeto de su territorio, cuando fueron secuestrados por hombres armados. Después de 36 años en espera de justicia, la Sala de Reconocimiento que apoyé hasta la semana pasada (puesto que pertenezco a la Sección de Revisión del Tribunal), adoptó esta decisión histórica. Este caso se incluyó en el Informe Final de la Comisión de la Verdad como uno de los más graves cometidos contra los pueblos étnicos.
¿Por qué militares y paramilitares perseguían a los Mamos que después asesinaron? Y, ¿por qué, en ese mismo contexto histórico, también fueron torturados otros arhuacos? ¿Qué sucedía, en ese momento, en la zona, con relación al conflicto armado?
Las FARC habían secuestrado a un empresario y lo tenían oculto en la Sierra Nevada. Pedían millones de pesos por su libertad. Su familia había ofrecido altas sumas de dinero a cambio de conseguir su liberación, lo que movió al Ejército a buscar resultados. En ese contexto, dos indígenas fueron retenidos y torturados durante varios días pretendiendo, de ellos, información. Al final, ellos lograron salir con vida. En la investigación pudimos establecer la relación existente entre el asesinato de los Mamos y la tortura de los dos indígenas dentro del batallón La Popa: se determinó que hubo una alianza de militares, grupos paramilitares, empresarios y hacendados de la zona, en un marco de estigmatización contra los indígenas de la Sierra cuyo territorio sagrado había sido profanado y utilizado por la guerrilla.
¿Quién era el secuestrado y por qué los militares culparon a los indígenas de ese delito?
El secuestrado era el señor José Eduardo Mattos y su secuestro se le atribuyó a las FARC. Se sabía que lo habían llevado a la Sierra. El señor Mattos padeció un largo cautiverio: estuvo 21 meses en poder de la guerrilla. Al parecer, se pagó una millonaria suma de dinero por su libertad. Las FARC habrían cometido ese execrable crimen de guerra y, además, habían profanado el territorio sagrado de la Sierra cuando lo ocuparon como escondite suyo y de armas y secuestrados. Estos hechos desencadenaron toda la espiral de violencia que documentamos en la investigación.
¿Por esos mismos hechos fueron retenidos los dos arhuacos?
Sí, pero no solo los retuvieron; también los torturaron puesto que creían que ellos tenían información sobre el lugar en que estaba la persona secuestrada. Incluso, a uno de los dos indígenas lo subieron a un helicóptero, lo trasladaron a la Sierra y la sobrevolaron tras la pista del señor Mattos. Los dos arhuacos torturados regresaron con vida porque había testigos que podían declarar que los habían visto.
En la investigación adelantada por usted, ¿cómo se probó que los militares hicieron alianzas con los paramilitares de esa región? Los militares involucrados en esos crímenes, ¿a cuáles unidades del Ejército pertenecían?
La investigación arrojó que habría existido una alianza entre miembros del Ejército y paramilitares, alianza que involucraría a unos civiles hacendados del Cesar. Los militares retirados que estarían involucrados son: el comandante de la Segunda Brigada, general Salcedo Lora; el comandante del batallón La Popa de esa época, coronel Luis Fernando Duque Izquierdo; el jefe de inteligencia del mismo batallón, capitán Pedro Antonio Fernández; el jefe de Operaciones de esa unidad, coronel Rafael Mejía Roa; el comandante del batallón Guajiros, coronel Álvaro Matallana, el mayor Hernán Carrera Sanabria y el sargento Cosme García (ambos del mismo batallón); y el coronel Luis Fernando Urrego, de la Brigada Móvil No. 1. Los paramilitares que participaron en esa alianza, estaban al mando de un teniente retirado del Ejército de nombre Wilson Ramírez (alias John Ramírez), el jefe de seguridad privada del hacendado Alfonso Macías.
¿Quién era – o es – el hacendado Macías?
En el expediente existe información sobre él, en el sentido de que era propietario de un molino y que era terrateniente, además de que sería el presunto fundador-financiador del paramilitarismo en el Cesar. Recuerde que la JEP no investiga terceros involucrados en el conflicto armado a no ser que ellos mismos lo soliciten ante esta Jurisdicción. Por eso, no avanzamos en esa línea.
Uno de los oficiales comparecientes confesó aspectos de este caso, pero los demás no dijeron la verdad que fue revelada por las investigaciones de la JEP. ¿Cuáles hechos aceptó el primero y cómo serán sancionados los siete que le mintieron a la Jurisdicción?
En el trámite, se llamó a versión a todos los mencionados en audiencias públicas que pueden ser vistas en Youtube. Varios de ellos dieron información importante. Por ejemplo, el que fuera comandante del batallón La Popa, coronel Luis Fernando Duque, aseguró que vio a los Mamos amarrados en el patio de una casa de la familia Mattos en Valledupar, custodiados por hombres armados. El jefe de inteligencia de esa unidad, capitán Fernández, dio nombres de otros involucrados y delató el papel de su superior, el comandante Duque. El coronel Urrego, de la Brigada Móvil # 1, contó que, por órdenes del general Hugo Tovar (fallecido), se trasladó a la zona; y que allí estuvo acompañado por el exmilitar jefe de seguridad privada de Alfonso Macías. Además, dijo que se hospedó en la hacienda de Macías, en otra hacienda llamada Bethania, y en un apartamento, en Valledupar, de Carlos Mattos. También relató que asistió a reuniones de seguridad con hombres armados y empresarios de la región, en el Hotel Sicarare y en oficinas privadas.
Si los militares revelaron esos detalles, entonces, ¿por qué las víctimas y sus abogados consideran que no cumplieron con la verdad exigida?
Porque la verdad debe ser plena y completa. Ellos incurrieron en muchas contradicciones y no aportaron información realmente importante y concluyente sobre su propio papel y sobre el papel de los terceros. Solo el mayor Carrera reconoció su responsabilidad en las torturas que ocurrieron en el batallón. Por esto se le imputó, y continuará en el régimen restaurativo. Su sanción será la de diseñar un plan de recuperación del cerro Inarwa, un lugar sagrado para los pueblos indígenas que lleva muchos años ocupado por entidades oficiales y privadas, de manera abusiva e inconsulta. Los demás militares ® fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) y pueden ser llevados a juicio adversarial ante el Tribunal. En esta ruta las sanciones son más severas (hasta 20 años en prisión) y distintas a la restaurativa que solo aplica para quienes sí hayan aceptado su responsabilidad.

Reitero, entonces, ¿por qué, dadas esas circunstancias, ellos permanecen en la JEP en lugar de haber sido excluidos de esa jurisdicción y de su régimen especial?
Debido a que la postura mayoritaria de la Sala no fue la de excluirlos de la JEP, sino la de remitirlos a la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, en una valoración menos estricta del umbral de verdad exigible a los comparecientes, tal como ha sucedido en otros macrocasos, en donde, incluso, ha habido condenados penalmente a quienes se les ha aceptado que desconozcan su responsabilidad que ya había sido judicializada. Los cinco comparecientes (fuera de Duque y Fernández) fueron remitidos, entonces, al régimen adversarial. Dos de ellos invocaron razones médicas para excusar sus problemas de memoria, pero fueron desestimadas. Todos deseaban y desean continuar en la JEP.
Si estoy comprendiendo bien, usted parece estar en desacuerdo, entre líneas, con la “postura mayoritaria” de sus colegas que permitieron la permanencia de quienes no aportaron la verdad plena sobre estos crímenes. ¿Es así?
Sí, así es.
En los hechos en que se enmarca su investigación, es notoria la supuesta participación, en el crimen de guerra consistente en el secuestro, desaparición y asesinato de los Mamos, de una poderosa familia Mattos, de Valledupar, además de la de dos terratenientes de la zona. ¿A qué se debe la compulsa de copias – o remisión de pruebas – de esos casos, a la Fiscalía General de la Nación?
Como, a menos que voluntariamente lo pidan, la JEP no es competente para investigar a “terceros”, o sea, a las personas que pudieron estar involucradas en hechos del conflicto armado pero que no pertenecieron a las FARC ni a la Fuerza Pública, se compulsaron copias a la Fiscalía, dada la posible participación, en los crímenes cometidos contra los tres Mamos, de Luis Alberto Restrepo, Alfonso Macías, Carlos Mattos, José Mattos y Wilson Ramírez.
En el auto de la JEP en que se refieren estos sucesos, se dice, tal como usted lo relató, que: “(entre) los lugares donde habrían estado secuestrados los Mamos antes de su asesinato, (había) una casa en la Plaza Alfonso López de Valledupar, propiedad de la familia de José y Carlos Mattos…”. Carlos Mattos corresponde al nombre y apellido del tristemente conocido empresario que fue condenado por “comprar” a un juez y otros hechos delictivos en un litigio por la marca de vehículos Hyundai ¿Se trata de la misma persona?
En el auto de compulsa de copias a la Fiscalía, del 16 de junio de 2025, se precisa que será esa entidad la que identifique a los responsables, pues hay varios miembros de la familia Mattos con el mismo nombre y apellido. El compareciente Urrego (de la Brigada Móvil #1) habló de un “Carlos Mattos” que, según afirmó, era propietario de un apartamento frente al río Guatapurí, en Valledupar, en donde él pernoctaba con paramilitares pero no dio el número de cédula de esa persona. Urrego también dijo que le pagaron los tiquetes aéreos para que regresara a Bogotá, inmediatamente después de presenciar el homicidio de los Mamos. Otro compareciente, Duque Izquierdo, contó que, por órdenes del general Salcedo Lora, un miembro de la familia Mattos ingresó al batallón la Popa para interrogar a los indígenas arhuacos (torturados) Villafañe. Además de que señaló la casa de los Mattos, de la plaza Alfonso López, en donde estuvieron los Mamos y en donde habrían sido interrogados por un primo.
Por los hechos notorios narrados allí, se deduce que se trataría de hermanos o primos del condenado Carlos Mattos. ¿Por qué no se pudieron establecer, con exactitud, esas identidades si, en Valledupar, esa familia es conocida y se sabe en dónde se ubican sus bienes inmuebles?
Dadas las competencias de la JEP frente a los terceros civiles, como ya lo he iterado, nosotros no pudimos avanzar en la identificación plena sobre a cuáles Mattos se refieren los comparecientes. Según la víctima del secuestro, señor José Eduardo Mattos, hay varios miembros de su familia que tienen nombres iguales. Debido a esta circunstancia compulsamos copias a la Fiscalía, entidad competente para establecer la identidad plena de los mencionados.
Otra derivación importante del crimen contra el pueblo Arhuaco y las demás comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada, es la compulsa de copias en contra de dos hacendados del Cesar. ¿Quiénes son y cuál es su relación con estos delitos de guerra y lesa humanidad?
Se compulsaron copias frente a los hacendados Alfonso Macías y Luis Alberto Restrepo por su presunta participación en los hechos y por la conformación de grupos paramilitares en el Cesar. En el auto se indica que la Fiscalía deberá determinar si el primero ya falleció. En cuanto al segundo, valga decir que el señor Restrepo ha asistido, puntualmente, a dar su declaración como testigo. También se compulsaron copias para la extinción de dominio -como acción independiente -, sobre las distintas propiedades que tuvieron relación con los crímenes. Desconozco los resultados de esta denuncia.
También es notoria la ubicación – como el lugar en que ocurrieron los ilícitos – de la hacienda ganadera Bethania, propiedad de Luis Alberto Restrepo en El Copey, Cesar, en la decisión de la JEP. ¿Cómo se estableció que esa finca, de gran envergadura económica, fue utilizada como lugar en que permanecían acantonados tanto los agentes del Estado como los grupos del paramilitarismo?
Se estableció por las declaraciones de paramilitares que participaron en los hechos. También, por la versión del coronel Urrego, además de información del expediente: se sabe que en la hacienda ganadera Bethania (de propiedad de Restrepo) estuvieron secuestrados y fueron torturados los Mamos, antes de ser asesinados en una carretera, y de que sus cuerpos fueran hallados. En esos predios acantonaban tropas del Ejército y los paramilitares. Su propietario declaró, ante la JEP, que tenían un contrato de comodato o préstamo de uso con el Ejército.
Pero, ¿cómo explicó la permanencia de paramilitares en sus predios?
No lo reconoció.
¿Es cierto que usted ordenó medidas cautelares sobre los terrenos de esa hacienda y que su propietario Restrepo intentó impedir el ingreso de los técnicos forenses? También, ¿es verdad que cuando pudieron entrar y explorar el sitio, se encontraron restos humanos?
Ciertamente, a finales del 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) solicitó una medida cautelar en la hacienda Bethania porque su dueño se había negado a permitir la intervención forense. Se decretó entonces la medida y nos articulamos con el equipo de la UIA. Luego de tres jornadas, a mediados de 2025, se encontraron restos óseos de seres humanos. Su identificación es competencia de la UBPD. Por eso, se compulsaron copias a la Fiscalía. También, por la posible alteración de la escena, pues había enterradas agujas quirúrgicas y un brazalete del GAULA, entre otros elementos extraños para esa ubicación, fuera del traslado de un árbol (nativo) de guásimo, que era la clave para la ubicación del punto referido por el informante. Esto evidencia la complejidad de la búsqueda de desaparecidos.
¿A qué se refiere cuando dice que había en el terreno en que se encontraron restos humanos, “elementos de extraña ubicación”?
A que no se explica cómo en terrenos de una hacienda ganadera, aparecen ese tipo de elementos, precisamente en la zona en donde un informante de la UBPD había indicado que en ese sitio habían sido enterrados restos humanos.
¿Qué significa para los pueblos indígenas habitantes de la Sierra Nevada, este avance de la JEP – aun cuando incompleto – después de 36 años de que la justicia colombiana no haya llegado a conclusiones investigativas?
No puedo hablar por ellos. Fui testigo de su perseverancia en procura de justicia, y de que tuvieron que acudir a instancias nacionales e internacionales para lograrla. Pienso que esta decisión es muy importante. Sin embargo, sus abogados pidieron que los comparecientes fueran excluidos de la JEP por su estrategia negacionista; y que fueran remitidos a la justicia ordinaria en donde se exponen a penas mayores a 40 años. En contraste, los militares comparecientes pidieron continuar en la JEP. Este caso pone el foco en muchas verdades: la estigmatización contra los pueblos étnicos, el racismo, la profanación del territorio sagrado y la cadena de violencias. Y, especialmente, cómo a los militares implicados les conviene continuar en la Jurisdicción Especial de Paz, contrario a lo que muchos afirman. Como dije al inicio, los Mamos iban camino a la Constituyente para reclamar el respeto a sus pueblos, a la naturaleza y al derecho a vivir en paz. Ojalá su clamor sea atendido.