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Así avanzan las órdenes judiciales sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro

Deicy Jiménez denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar servicios sexuales a través de contratos públicos y reveló recientemente un video en el que se le vería junto al exmandatario, el cual asegura que es una prueba de sus acusaciones. Estas son las órdenes judiciales que se han conocido hasta ahora sobre el caso.

El expresidente Gustavo Petro niega haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales.
Foto: Ovidio Gonzalez
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Las entidades judiciales están trabajando a la par sobre las denuncias de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar encuentros sexuales a través de contratos públicos. A estos señalamientos que dio a conocer a Semana, el pasado 25 de octubre, la mujer hizo público un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación, el cual sostiene que es una prueba de sus acusaciones.

En contexto: “Un fragmento sin fecha”: defensa de Petro tras video publicado por Deicy Jiménez

Entre las últimas actuaciones conocidas sobre este caso, El Espectador confirmó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Congreso. El trámite se realizará en la secretaría general del Senado, aunque hasta ahora no se conoce fecha de cuándo se llevará a cabo.

Ante medios, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, se refirió al caso y al video que publicó recientemente Jiménez. “Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir, en materia de si hubo contratos con dinero del Estado”.

No obstante, el magistrado sostuvo que “los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en privado, y en eso creo que tenemos responsabilidades muy grandes”. Agregó que desde el punto de vista de las investigaciones, “esperamos que lleguen contextos de realidad y la Corte en su momento se tendrá que pronunciar”.

En el marco de la investigación que lleva la Fiscalía por este mismo caso, este 5 de noviembre se adelanta en el búnker de la entidad, en Bogotá, una diligencia para la inspección forense del celular de Deicy Jiménez, en donde se hallarían pruebas de sus acusaciones contra el exmandatario Petro.

Por su parte, la declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía sigue en suspenso desde que su abogado, Felipe Caballero, renunció a la defensa alegando motivos de seguridad. En su lugar asumió la abogada Dina Malo, pero todavía no hay fecha para que Jiménez rinda su testimonio ante el ente acusador.

Desde el pasado 23 de octubre, la entidad abrió una noticia criminal por las posibles irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades públicas durante el gobierno anterior. “Aquí entra lo que ha sido divulgado públicamente como la presunta contratación irregular de mujeres, lo manifestado por Angie Rodríguez y otros hechos”, explicaron fuentes de la Fiscalía. El caso está en manos de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, con el apoyo de un equipo especializado.

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Además, la Fiscalía precisó cómo se reparten las competencias. Los hechos que involucran a Gustavo Petro como presidente solo pueden ser investigados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le correspondería examinar las denuncias por hechos ocurridos cuando era senador.

Dentro de este proceso, el vicefiscal Gilberto Guerrero indicó que Jiménez será citada por la Fiscalía como testigo. “Esto ocurre con personas que hacen manifestaciones públicas en las que incluso se están incriminando a sí mismas. En ese caso, no debemos llamarlas a entrevistas juradas, sino que tenemos que citarlas a un interrogatorio de indiciado, que es una cosa distinta, porque tienen derecho a guardar silencio”, explicó el vicefiscal.

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En paralelo, el pasado 26 de octubre la Procuraduría abrió una indagación previa contra servidores aún por identificar del Congreso, el Dapre, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. Se investigan posibles casos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género relacionados con contratos y órdenes de prestación de servicios.

Con esta actuación, el ente de control pretende señalar a los posibles responsables disciplinarios y delimitar con precisión los comportamientos bajo revisión. Con ese fin, solicitó a las entidades los datos de las mujeres que han estado vinculadas por contratos de prestación de servicios entre 2019 y el presente.

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¿Cuáles son las denuncias de Deicy Jiménez?

Jiménez aseguró en una entrevista con la revista Semana, el pasado 25 de octubre, que durante el gobierno del exmandatario, funcionó una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante contratos con el Estado, con los que presuntamente se pagaban encuentros sexuales. También afirmó que, cuando Gustavo Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga.

Tras conocerse las declaraciones, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría que priorizaran las investigaciones.

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“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó la defensora Marín. Agregó que “las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”.

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El mismo día que se conoció la denuncia, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron una ruta de protección para Jiménez. “La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada”, señaló el comunicado del gobierno.

El relato de Jiménez se conecta con los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. Rodríguez ha denunciado en varios medios presuntas irregularidades del gobierno anterior, entre ellas, fiestas y consumo de sustancias en la Casa de Nariño.

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A estas denuncias se agregó que el pasado 4 de noviembre Jiménez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se les vería a ella y al exmandatario Petro en una habitación. En la publicación, agregó: “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”. Además, dijo que, si algo le llegaba a suceder a ella o a su familia, “hago responsable a Petro”.

Frente al video, el equipo jurídico de Gustavo Petro, liderado por el abogado Alejandro Carranza, respondió con un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”.

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El pronunciamiento no desmintió de manera expresa que quien aparece en las imágenes sea Petro. Sin embargo, reiteró la posición que ha defendido el exmandatario: negar “haber condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales”.

Carranza agregó que Petro “responderá a ese señalamiento ante la autoridad judicial competente, con respeto por su independencia y por la reserva de la actuación, como lo dispuso el magistrado. No convertirá este asunto en un debate de redes ni dará validez, con su palabra, a lo que solo la justicia puede valorar”.

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Según la defensa, el expresidente no discutirá “en público lo que corresponde resolver a los jueces”. Además, en alusión a las acusaciones de Jiménez, sostuvo que “aun si se estableciera todo eso, en esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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